Una treta para dilatar el proceso

@15MpaRato

Es gracias a nuestro trabajo de hormiguitas que el escandalo de las preferentes ha llegado a la Audiencia Nacional. Pero a nosotros no se nos ha ocurrido pedir la inclusión en #QuerellaPaRato de la #EstafaPreferentes, porque sabemos que es la clásica treta para dilatar el proceso y que este juicio nunca termine. Por eso una vez que sabemos y confirmamos que las preferentes son un delito hacemos lo sensato, lo que pensamos que es responsable.

Tras conocer la noticia llegada a @15MpaRato por cauces periodísticos, puesto que aún no se nos ha dado traslado formalmente del Auto, que ha dictado la sección tercera de la Sala de lo Penal, que reconoce de las apelaciones contra las resoluciones que se dictan en esta causa, es ahora cuando lo planteado por #15MpaRato cobra una relevancia no ya extraordinaria, sino crucial.

Según especifica el Auto, el magistrado Andreu está obligado a admitir en esta causa la querella presentada por Bochner España, que adquirió 100.000€ en preferentes de Bancaja e imputar por tanto a la caja y a un director de sucursal. Esta decisión obligaría por extensión a admitir a trámite todas aquellas querellas de particulares afectados por la compra de este producto bancarios (cientos de miles) con el consiguiente riesgo de convertir la investigación en un macroproceso y empantanarla, cosa que en @15MpaRato estamos tratando de evitar.

Esto contradice lo que planteábamos al juzgado hace días: la posibilidad de dividir la causa en piezas separadas. Y este Auto de la sección tercera de la Sala de lo Penal supone una anomalía jurídico procesal de primer orden.

Una cosa es que efectivamente todo lo acaecido pueda ser delito, y otra que ese conjunto de delitos pueda instruirse y enjuiciarse como dispone la Sala en estas diligencias previas del caso Bankia. Que una misma gente cometa varios delitos no quiere decir que tenga que haber un solo juicio.

En la causa se investiga fundamentalmente un hecho que nuestra querella recogía de manera clara, que no recoge la querella de UPyD y que sepamos ninguna otra (aunque todas las partes personadas pueden desde luego seguirnos y estaremos encantados de que así lo hagan), y que determina el núcleo de la instrucción, sin perjuicio de que, para cometer ese hecho, sea necesario perpetrar otros que posiblemente sean también delito.

El hecho concreto por el que inicialmente interponemos la demanda es:

La salida a bolsa mediante la venta masiva en oferta pública de acciones de la imputada, Bankia S.A., que supuso para ella captar capital de terceros, amparándose en la creación de una apariencia falsa sobre su situación patrimonial y sobre su solvencia.

La Sala que ordena incluir la #estafapreferentes en esta fase de la #querellaPaRato da por hecho que las preferentes simplemente eran un timo, no valían nada y nunca valieron nada. Bien por la Sala.

Ahora bien. La Sala parece olvidar algo elemental.

Nuestra denuncia contra Rodrigo Rato y los #33deBankia es, básicamente por:

1º) “Falsear la información económico-financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros”,

o bien,

2º) “Falsear las informaciones que la sociedad debe publicar y difundir conforme a la legislación del mercado de valores sobre sus recursos, actividades y negocios presentes y futuros, con el propósito de captar inversores o depositantes, colocar cualquier tipo de activo financiero, u obtener financiación por cualquier medio” (esto se refiere a los Hechos Relevantes que suelen comunicarse por las empresas cotizadas).

Con lo que plantea la sala:

Habría que imputar a los directivos (consejeros) de Bancaja también y no solo eso sino, en su caso, a los directores de todas las sucursales de las Cajas. A todos aquellos que las “vendieron”. Pero por un delito específico y concreto. Y esos directores de sucursal no pueden cometer los tipos, no pueden ser sujetos activos, puesto que no son ellos los que falsean las cuentas ni los folletos de emisión, ni comunican los Hechos Relevantes. Ni tampoco pueden manipular los precios desde su sucursal de un Mercado que no crearon ellos y en el que por si solos no tienen capacidad de incidir. Pudieran haber estafado a sus clientes, pero eso debería juzgarlo el juzgado que le corresponda en su pueblo, no la Audiencia Nacional.

Si entendemos que las Cajas y Bankia actuaron como organización criminal, lo han hecho a la luz del día y en colaboración directa con las autoridades de la Administración, tanto estatal como autonómica. Y entonces habría que imputar inevitablemente a la mitad o más de los altos componentes del Banco de España, de la CNMV y del Ministerio de Economía, incluyendo a algún que otro ex ministro y ex ministra.

Eso sin contar con que la Sala da por correcta la tesis de que las preferentes son en si mismas una figura dentro de una trama delictiva que viene de hace tiempo. En si mismas son un delito, sin reparar siquiera en su forma de comercialización. No tienen valor financiero, son un timo, dice la Sala. La pregunta entonces es … ¿a qué esperamos para pasar a juicio oral?

Ahora nuestra solicitud de diligencia de separación en piezas distintas cobra toda su relevancia. El instructor tiene que cumplir la resolución de la Sala. Pero ambos, instructor y esta acusación sabemos que hacer lo que dice la Sala en realidad impediría el proceso. Luego, la solución al problema creado está en la propuesta. Sepárense la causa en diversas piezas, bajo el número de diligencias previas que corresponda.

Si los procesos de capitalización de las Cajas se consideran indiciariamente delictivos, abrase una pieza para cada entidad y por sus títulos valores fraudulentos.

De lo contrario, la única fórmula jurídica es hacer pasar por este Juzgado a centenares de trabajadores de las entidades encausadas y poder acusarles de delitos que sí sean competencia de la Audiencia Nacional. Y eso no es viable. Aunque por ahora el Auto de la Sala lo único que dice es que a estos señores se les deje personarse y que el director de su sucursal debe pringar también. Trabajaremos para que esto no sea utilizado como una treta para paralizar la justicia y que Rodrigo Rato y sus cómplices acaben en la cárcel cuanto antes.