Por una única escuela pública

En el acuerdo 'España avanza', por 'una nueva coalición de gobierno progresista PSOE-Sumar', se contiene, detrás de la Economía, el Empleo, la Agenda Verde, Agricultura, Nuevos Derechos Sociales, Pensiones y Sanidad Pública… Y por fin aparece un apartado sobre 'Educación pública y de calidad para garantizar la igualdad de oportunidades', con objetivos como la apuesta por reforzar decididamente la educación pública, avanzando en la financiación del sistema público, hasta lograr el 5% del PIB, según lo previsto en la Ley Orgánica de Educación; la universalización de la educación de 0 a 3 años, promoviendo su inclusión plena en el sistema educativo, así como el aumento progresivo de la oferta de escuelas infantiles públicas, de modo que, al final de la legislatura, el acceso a la educación pública para niñas y niños de 2 años será universal; el desarrollo de una red pública suficiente de centros de formación profesional que garantice la cobertura de estos estudios; el combate contra la segregación escolar, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos; la promoción de una educación basada en la tolerancia y el laicismo; lucha contra el acoso… 

Pero no se habla en ningún momento de la supresión –siquiera paulatina, se entiende– de la educación privada “concertada” de cualquier tipo. 

O sea, que lo de la Educación pública, sí, ma non troppo. No sea que alguien – muchas personas, familias…– pierda sus privilegios.

Coincide que en la Comunidad Autónoma del País Vasco se está tramitando el proyecto de una nueva Ley de Educación –la “joya de la legislatura”, se dijo de ella–. Una ley en la que se crea un Servicio Vasco de Educación. Un proyecto que, lejos de contribuir a generar un servicio “público” que permita destinar los fondos “públicos” únicamente a centros “públicos” de gestión “pública”, va a consolidar y perpetuar –hasta que haya nuevas mayorías políticas, aunque visto el percal no cabe mucha esperanza al respecto– un sistema según el cual se proporcionará el servicio educativo mediante esa fórmula en la que se incluirán centros de titularidad pública y privada –cuando estos cumplan determinados requisitos–. O sea, más de lo mismo: mantenimiento de las redes pública y privada –ikastolas y concertada de iniciativa social, en el caso–, en una iniciativa legislativa promovida por un Gobierno del PNV y del PSE-EE, equiparando dichas redes e incluyéndolas en ese Servicio Vasco único.

Más de lo mismo, sí, pero peor, asimilando ahora legalmente centros públicos y privados como prestadores del servicio. Pues aquí van algunos datos que revelan la gravedad de la situación: en España, el 32% del alumnado estudia en centros privados –en Euskadi la cifra asciende al 46%–. En España, el gasto de la educación privada concertada supuso el pasado año una transferencia del 15% de los fondos públicos destinados a la educación. Para que se hagan una idea: en Euskadi esta cifra llegó al 25,5%, en tanto que en Madrid lo fue del 19%. 

Lo cierto es que se está viviendo en Euskadi un debate y unas movilizaciones sin precedentes sobre el pilar de lo “público” en la Educación –también sobre los modelos lingüísticos–. Un debate al que que conviene aportar determinadas ideas, además de datos, algunos de los cuales ya he plasmado.

Entiendo que es imposible tender a una sociedad de personas libres e iguales sin una educación en igualdad. Y no es posible una educación en igualdad manteniendo sine die redes privadas sostenidas con fondos públicos, siempre en detrimento de la escuela pública.

Porque, ciertamente, se puede afirmar que todas las prestaciones educativas y sociales que proporcionan los centros privados de cualquier naturaleza son, de hecho, brindadas más eficazmente y de un modo socialmente más eficiente y más sostenible por los centros públicos. Porque se ofrecen para todo el alumnado, sin distinción, y con pleno sometimiento a las directrices de gestión pública y de calidad, en todos los ámbitos.

Y, desde luego, no hay duda de que ello sería aún más eficaz si todos los fondos públicos se destinaran a una única y exclusiva red pública de centros de titularidad y de gestión públicas.

Porque, por definición, la escuela pública, siendo única y gestionada por los poderes públicos, impide la segregación por cualquier razón y prepara a todas las niñas y niños para una vida social en convivencia plena con otras personas y grupos humanos distintos. 

La escuela pública no segrega ni por raza, ni por sexo, ni por religión, ni por lengua, ni por estatus, ni por ninguna otra circunstancia personal o social. 

Y, siendo esto así, ¿cuáles son hoy las razones para defender el mantenimiento de redes educativas privadas sostenidas con fondos públicos? Pues, se mire como se mire, no existe ninguna razón legítima, desde el punto de vista de los derechos constitucionales, que permita tal defensa. La educación es un derecho plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en la Constitución española y, como tal, en los países en que existen fondos públicos suficientes para ello, como es el caso, ha de ser brindada en igualdad de condiciones para una auténtica igualdad de oportunidades.

Pero, naturalmente, sí existen otras razones no legítimas para sostener y afianzar este modelo de coexistencia de redes educativas pública y privada. Son las razones de siempre, aunque no se expliciten: satisfacer intereses particulares: intereses ideológicos y partidistas y de mantenimiento de élites sociales, económicas y políticas. O sea, lo contrario a un auténtico Pacto social por la educación, para avanzar con firmeza hacia la igualdad real y efectiva de todas las personas y grupos.

¿Quién tiene algo que perder?. ¿Qué tienen que perder? Si quien va a perder es quien sigue sosteniendo un sistema social elitista, si lo que se va a perder son las prebendas contrarias a la igualdad y la libertad de todas las personas, yo elijo que pierdan. Que pierdan todos los privilegios que se forjan desde la escuela y que pagamos entre todas. 

Y, porque de esto va la igualdad, es de exigir una infinitamente mayor ambición a nuestros Gobiernos, máxime si son “progresistas”, porque solo así se cambia la sociedad desde la raíz. ¡Es el momento!