Se trata de un país donde acaba de dimitir de la jefatura del Estado un rey dejando a un sucesor caído del cielo, quien carga con los poderes del Estado pero sin otra autoridad moral que ser hijo y sin que la ciudadanía lo haya reconocido de modo alguno.
Un país con un presidente de Gobierno que mintió en sede parlamentaria acerca de las finanzas de su partido y las propias, dejando así al Congreso anulado para el resto de la legislatura: no se puede reconocer, negociar ni pactar con un Gobierno sostenido sobre la mentira. Un Gobierno sobre esas bases degrada a la sociedad. Un país en el que el jefe de gabinete del presidente, siendo conocedor de posibles delitos de la familia Pujol, en lugar de informar a la justicia lo utilizó en beneficio político propio, instigando y maniobrando para que fuese conocido en el momento que le era más útil al Gobierno. Los SMS publicados en este diario prueban esa perversa y probablemente delictiva conducta política, se trata del “alguacil alguacilado”. Es una conducta política realmente inconcebible en países democráticos, haría caer a un Gobierno, sin embargo se trata de un país donde la oposición no reclama responsabilidades por esas actuaciones.
Un país donde tanto la presidenta como el secretario general de un partido, el PSOE, no se han enfrentado a las urnas y carecen por ahora del aval de la sociedad. Se trata de un partido que fue realmente el constructor de los consensos sobre los que ha descansado el sistema político español, y que ahora reacciona agobiado por conservar un lugar, ser el principal partido de la oposición.
En ese país el anterior monarca vaga en su desprestigio y cuanto más se sabe de él más perjudica al reinante y los anteriores presidentes del Gobierno vivos “quemados”, por distintos motivos, para la sociedad. Un país así es, en suma, una sociedad descabezada, sin referencias morales ni políticas. En ese país alrededor de un millón de ciudadanos, la mayor concentración política de Europa, ocupa organizada y pacíficamente las calles de una ciudad por tercera vez para reclamar un referéndum que el Gobierno les niega. Y es entonces cuando en un mismo día fallece el primer banquero del Reino, ingresa en el hospital otro por caída de caballo y también es hospitalizado el presidente de los grandes almacenes símbolo del consumo español, quien fallece cuatro días después. Parece que se acumulan los ingredientes para una “tormenta perfecta”.
Tras años de políticas antisociales y divisoras nacionalmente, con capas sociales destruidas y sin esperanza, lo que preocupaba al banquero fallecido, verdadero tutor intelectual de la política económica, eran dos temas: los catalanes y Podemos. Tiene lógica política; desde su punto de vista, claro. Pues eso supone que no importa toda esa basura, corrupción, incapacidad y destrucción social mientras la máquina siga rodando, mientras el Estado no sea cuestionado. La corrupción, el secuestro de la política por parte de los poderes financieros, es la base de este sistema político económico, lo único que lamentan los poderes que se benefician de este sistema es que eso que estaba oculto ahora se muestra al público. Pues eso está creando el rechazo de muchas personas al sistema político.
Tenía toda la razón el banquero: el sistema es cuestionado por dos disensos, por un lado un partido que se nutre de denunciar el sistema político y económico y, por otro lado, la voluntad a la que fueron llegando los catalanes de decidir su destino. Ni el Estado ni el sistema político tienen en este momento autoridad moral para afrontar los retos políticos que los cuestionan democráticamente. Se trata de una verdadera crisis de Estado.
Quienes se reían de la “España plural” y oponían todo tipo de objecciones, ahora la invocan, cuando el daño ya está hecho. Y ante la gravedad de la situación aparecen reacciones nerviosas por parte de quienes temen cargar las culpas por haber conducido las cosas hasta aquí, procuran trasladar sus culpas al contrario o a un chivo expiatorio. Como la aparición en el diario El País de José Bono señalando a Pasqual Maragall como el culpable de un “engaño” separatista. No fue Aznar quien azuzó el españolismo contra el catalanismo, no fue el PP de Rajoy quien recogió firmas contra Catalunya y su pretensión de un nuevo estatuto, no fueron quienes llevaron el Estatut al Constitucional, no fueron quienes le “pasaron el cepillo”, no fue el Constitucional… El culpable fue Maragall. Fue el Parlamento catalán, fue la ciudadanía que los votó… Fueron los catalanes. Y si no fue Maragall, fue Pujol como demostraron los “investigadores privados” Moragas, Rajoy y Alicia.
El Ministerio de Margallo ha demostrado ante Holanda y las sociedades democráticas lo que son capaces de hacer, si directamente censuran un libro, y en un país extranjero, porque están en desacuerdo con el relato histórico los españoles deberían preguntarse qué clase de información les llega de este Gobierno y los medios de comunicación que lo sostienen. Pero más grave aún que censurar un libro es lo que demostró ese incidente: la administración del Estado español actúa contra la administración de la Generalitat catalana, un enfrentamiento nacional interno expuesto a los ojos del mundo. Son dos administraciones con intereses contrarios y en conflicto abierto, es natural que Margallo reitere amenazas anteriores de su partido y su Gobierno de emplear la fuerza del Estado contra el Parlamento catalán.
La pretensión de suspender la autonomía catalana plantearía una situación de dimensión histórica nuevamente. La Generalitat tiene un sustento en sí misma y una continuidad no sólo política sino administrativa, no nace de la Constitución que se limitó a reconocerla, sino del Govern en el exilio. Tarradellas ya era presidente antes de volver del exilio. Si el Gobierno suspendiese la autonomía se podría repetir la situación de que un Govern se exiliase. La irresponsabilidad y la incapacidad de resolver las cuestiones democráticamente han conducido a una situación impensable hace diez años.
Una situación donde tiene más responsabilidad quien más fuerza tiene, quien tiene el Estado. A esto ha conducido el nacionalismo español encastillado en las instituciones del Estado, conducido por la derecha oligárquica pero acompañada por sectores del PSOE y nuevos elementos políticos surgidos en los últimos tiempos. El día a día de los grandes medios de comunicación madrileños, absolutamente parciales.
El Estado español y España como proyecto colectivo posible han llegado a un punto de no retorno, de un modo u otro se desencadenará una crisis en los próximos meses. Con Rajoy, Margallo, Wert, Gallardón, Mato, etc, es imposible que esa grave crisis se conduzca en términos democráticos que abran diálogo, así pues prepárense porque habrá turbulencias.