El pasado 6 de mayo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba su apoyo a la propuesta que varios países habían presentado ante la Organización Mundial del Comercio –OMC– para suspender temporalmente las patentes de las vacunas contra la COVID-19. Propuesta planteada ya el 2 de octubre de 2020 por India y Sudáfrica, a la que se han ido sumando posteriormente otros países y personalidades, así como la ONU, la OMS y la Unión Africana, a fin de lograr una inmunidad de grupo a nivel mundial en el menor tiempo posible. Propuesta que, como ya sabemos, ha ido siendo examinada en varias reuniones de la OMC, pero que aún no ha tenido respuesta positiva, habiéndose ido posponiendo la toma de una decisión al respecto, con la posición contraria de la UE, incluyendo España.
Después de todos estos meses, según informa la OMC, esta solicitud de exención de los derechos de propiedad intelectual se incluirá en la reunión del Consejo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –APDIC– de los próximos 8 y 9 de junio, aunque lo mismo ha pasado en otras reuniones anteriores, sin éxito. De modo que, por ahora, queda un mes para ir trabajando en serio la iniciativa.
Ha llovido mucho y malo desde octubre. La COVID-19 sigue su avance y golpea, como era de esperar, a las personas más vulnerables de los países más vulnerables –véase la dramática situación de la India en estos momentos–, sin que se haya producido un ejercicio claro de solidaridad internacional de los Estados, más allá de la que siguen desplegando muchas organizaciones y personas.
Escribí ya a este respecto en este mismo diario el 23 de noviembre pasado, preocupada por la cuestión y, créanme, no esperaba que las cosas evolucionaran como lo han hecho. Confiaba en una reacción de la UE –y del Gobierno de España–, pero no de los Estados Unidos. Y ya ven, parece que ocurre al contrario.
La decisión de Biden ha sorprendido, desde luego, y ha interpelado directamente al resto de países, particularmente a la UE, que aún se muestra muy reticente pero abierta al debate.
Pero, entretanto, se vierten argumentos contra esta exención temporal de las patentes, tales como que puede suponer una amenaza para la investigación al perderse parte del incentivo económico; que no serviría de gran cosa y no será una solución mágica a corto plazo porque los países en vías de desarrollo no tienen capacidad técnica para la producción de estas vacunas; que hay que tomar otras medidas, como levantar las restricciones a las exportaciones; que los Estados Unidos y Gran Bretaña están reservando toda su producción para vacunar a su población, en tanto que la UE sería la única región democrática del mundo que exporta vacunas masivamente.
Pero lo cierto es que parece claro que, también en esta ocasión, como ha ocurrido en el pasado con la producción de otros medicamentos –como los destinados al tratamiento del VIH/SIDA–, la liberación de patentes puede contribuir de manera muy relevante a la vacunación mundial.
Y ello porque, de un lado, es muy duro escuchar que las grandes farmacéuticas solo se mueven por el interés económico –ya lo sabemos o creemos saberlo–, pero hay que recordar que si estas concretas vacunas se han logrado en tan breve tiempo ha sido, en gran parte, por la gran inversión pública realizada –14.000 millones de dólares en los Estados Unidos, por ejemplo, o los 2.700 millones de euros invertidos en estas investigaciones por la UE–, lo que supone el esfuerzo de toda la ciudadanía y nos da el derecho a pedir la exención de las patentes.
De otro lado, porque es evidente que se liberaría la posibilidad de producir estas vacunas en cualquier laboratorio con capacidad técnica para ello –India, Bangladesh y Sudáfrica dicen poder hacerlo en breve tiempo, a lo que han de unirse un buen número de laboratorios de otros países del planeta–.
Cierto es que, como dice la UE, hacen falta también otras medidas, como la facilitación de las exportaciones. Y cierto también que la UE lo está haciendo. Como España, aunque tarde y siguiendo el desgraciado lema de Trump, adaptado, de “UE first” y “España first”. Lo que tiene fácil comprobación, pues el pasado 21 de abril el presidente Sánchez anunciaba que se enviarán a países de América Latina 7,5 millones de vacunas –esto es, entre el 5% y el 10% de las recibidas– a medida que avance la campaña de vacunación nacional, campaña que no se verá afectada por ello. Lo que les decía, “España primero”.
Y ahora, el mismo 6 de mayo, nos dice Sánchez que lo de Biden es insuficiente, que no basta con liberar las patentes, que hay que ir más allá, y presenta a la UE un plan para agilizar la distribución de las vacunas en todo el mundo con tres puntos: la suspensión temporal de algunas obligaciones de las patentes y trabajar en la OMC para adaptar las reglas sobre los derechos de propiedad intelectual para luchar contra las pandemias; el aumento de la producción de vacunas, levantando los obstáculos al comercio y eliminando las prohibiciones a las exportaciones y los aranceles a las importaciones; acelerar la distribución de las vacunas, mediante alianzas público-privadas, incluyendo a compañías aéreas…
Pues sí, será estupendo que todo esto se logre. Es más, habría sido fantástico –y, sobre todo, justo– que todo esto se hubiera hecho ya hace meses, que la OMC ya hubiera tomado la decisión de la suspensión temporal de las patentes y que estas propuestas del Gobierno de España se hubieran planteado sin poder ser interpretadas como reacción a la decisión de Biden que deja en evidencia a la democrática UE.
Abórdense todos estos y otros puntos. Y con el lema de Trump, hagamos justicia y digamos “todas las personas primero”. Lo demás son cuentos, no chinos, sino “europeos” o “españoles” o lo que quieran.