Sí, íbamos a salir mejores, o eso se suponía. Como en otras ocasiones, fue demasiado suponer. Pensábamos, o queríamos pensar, que, tras la experiencia de la pandemia de la COVID-19 y todo lo que la rodeó, las personas saldríamos más fuertes, más conscientes de nuestra propia vulnerabilidad y de la necesidad de trabajar juntas por un mundo más justo en el que la salud fuera un derecho cierto en todo el planeta.
No era, ciertamente, esa mejoría social una consecuencia lógica del modo en que se desarrollaron los acontecimientos. Era realmente difícil salir siendo mejores cuando no se estaba siendo mejor cuando aquello ocurría, hace solamente tres y cuatro años. Ya se desplegó entonces también el argumento de que “No estaremos a salvo hasta que todos estén a salvo” - en varias versiones distintas -, en referencia a la necesidad de garantizar un acceso justo, equitativo y universal a las vacunas y terapias. Y era un argumento cierto, aunque evidentemente egoísta, pues nadie puede estar a salvo si hay personas que pueden seguir contagiándose y contagiando al resto.
Entonces la OMS impulsó la iniciativa COVAX, con fondos públicos, privados y de la filantropía, mediante la que, entre otros objetivos, se trataba de garantizar ese acceso a vacunas y tratamientos contra aquel virus en todos los países del planeta. Una iniciativa para la que costó mucho reunir fondos suficientes y que, por supuesto, fue por detrás de la carrera de los países desarrollados, entre ellos España, para acaparar y asegurar millones de dosis de vacunas para su población. Y tres años después de iniciarse las vacunaciones, nadie cuestiona que las vacunas llegaron tarde y mal a algunos lugares, principalmente a África. Tan tarde que comenzaron a enviarse las que “sobraban” aquí, cuando ya había un nivel muy alto de cobertura en este mundo nuestro y cuando la gente ya no las veía necesarias; tan tarde y tan mal que muchas de estas vacunas fueron devueltas por algunos países subsaharianos porque no iban a poder ser administradas antes de su caducidad o porque se recibieron ya caducadas.
Tampoco hubo avances sobre suspensiones de patentes y otros mecanismos de propiedad intelectual en relación con las vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías sobre la COVID-19, pese a las varias iniciativas solicitando medidas en ese sentido a la Organización Mundial del Comercio – OMC – y, concretamente, a su Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – APDIC -.
En aquel contexto, la OMS comenzó, a finales de 2021, un proceso mundial para la negociación de un instrumento internacional para “fortalecer la prevención, preparación y respuesta frente a las pandemias”. Pues bien, el pasado 1 de junio se ha comunicado el logro de un acuerdo inicial y la necesidad de seguir trabajando para cerrar todos sus elementos, instando a finalizarlo lo antes posible y, a más tardar, para su presentación en la 78ª Asamblea Mundial de la Salud, a celebrar en mayo de 2025 – claro que también se había pretendido presentarlo para la Asamblea de mayo de este año 2024, sin éxito -.
Entre los muchos elementos de este acuerdo, cabe destacar que parte de que las enseñanzas derivadas de la pandemia de la COVID-19 pueden aprovecharse para mejorar y que uno de sus objetivos es el de “garantizar un acceso equitativo a las medidas contra las pandemias”, dado que “la equidad es uno de los principios fundamentales que se están debatiendo”. Veremos, pues, cuándo y cómo termina este proceso y cuál es el contenido y el alcance real y efectivo del futuro acuerdo.
Entretanto, también los países africanos han adoptado, con el apoyo de entidades varias, un compromiso para producir en ese ámbito geopolítico el 60% de las vacunas para el año 2040, teniendo en cuenta que en este momento solamente una muy mínima parte – el 1% - se genera internamente, extendiéndose también ese compromiso a la formación de la población y la garantía real de suministro mediante la dotación de las infraestructuras precisas.
Y en éstas estábamos cuando se han reactivado los contagios de la mpox – la antes llamada “viruela del mono” -, con especial incidencia en África, hasta el punto de haberse decretado este mismo mes de agosto la alerta en dicho continente por parte de los Centros Africanos para el Control y Prevención de Enfermedades y la “emergencia de salud pública de importancia internacional” por parte de la OMS.
Hay que hacer notar que, según informa la propia OMS, el Presidente del Comité de Emergencias ha sostenido, entre otras afirmaciones, que “la mpox no recibió la atención que se merecía en África, donde se originó, y más tarde provocó un brote mundial en 2022. Es hora de actuar con decisión para evitar que la historia se repita”. Bueno, pues está claro que se repite, dado que, tras controlar la emergencia de 2022, se vuelve a producir una nueva propagación y, sobre todo, una idéntica situación de vulnerabilidad y de inexistencia de infraestructuras adecuadas para garantizar el acceso equitativo a vacunas, tratamientos, pruebas diagnósticas y otras medidas.
Sin duda se donarán vacunas: lo hará la UE, lo harán otros países y, probablemente, en este caso, también sus fabricantes, tal como la OMS está impulsando. Pero seguirá siendo una “donación”, un parche “ad hoc”, una solución de emergencia para el momento, sobre todo para evitar que este virus se extienda y nos alcance. Ya hay iniciativas al respecto, como la que coordinaría la Comisión Europea, apelando al “espíritu de solidaridad global y cooperación”, para lo que ha solicitado a los Estados miembros que informen, antes de final de agosto, sobre su intención de donación de vacunas y terapias contra la mpox. O sea, que aún faltan unos días para que, al menos, se conozcan las reales posibilidades de tales donaciones y su alcance cuantitativo.
Y esto, ante una “emergencia”. Pero siguen pendientes, naturalmente, los gravísimos problemas de salud pública en el continente africano, la persistencia de enfermedades aquí ya superadas, la inexistencia de vacunas para enfermedades endémicas de graves consecuencias y para enfermedades todavía olvidadas y desatendidas. Es de hacer notar el calificado por la OMS de “retroceso histórico” de los niveles de vacunación infantil esencial – como el sarampión, entre otras enfermedades - en los tres años de pandemia, niveles que siguen lejos de los de 2019 y es, según el Fondo de la ONU para la Infancia, la situación más grave en 30 años.
Estamos ante una enorme paradoja, desde luego: mientras que el desarrollo de vacunas contra la COVID-19 supuso un hito sin precedentes por el escaso tiempo en que se lograron, por su alta eficacia y su rápida y extensa administración – de lo que, como he dicho, nos hemos beneficiado principalmente las poblaciones de los países desarrollados -, paralelamente se ha producido ese descenso tan significativo en los niveles de vacunación “ordinaria” en África.
Nos corresponde, a la ciudadanía de cada Estado, reclamar, como lo hacen las iniciativas mencionadas, de nuestros Gobiernos, Parlamentos, organismos… posiciones cabales y decididas para hacer efectivo, de una vez por todas, el derecho a la salud de todas las personas en todos los lugares del planeta. Esto y solo esto es lo que verdaderamente nos hará mejores.