¿A dónde vas si te violan?

¿A dónde irías si te violan? La respuesta tiene ya un claro sesgo de género: las mujeres son el 88% de las víctimas de los delitos sexuales, según datos de Ministerio del Interior, y una de cada tres en Europa (62 millones) ha sufrido violencia física o sexual, como recogió la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE en 2014. Así que, ¿a dónde van las mujeres cuando sufren violencia sexual? ¿Quién les ofrece la atención y el apoyo de emergencia? ¿Dónde acudir para recibir asistencia psicológica? ¿Quiénes se encargan de su atención y reparación a medio y largo plazo?

La respuesta no está en los servicios públicos, o no plenamente. A pesar de la realidad abrumadora que muestran las cifras y de la experiencia compartida en voz alta por millones de mujeres en todo el mundo, nuestros servicios públicos no están pensados ni dotados para garantizar la prevención, atención y reparación integral y adecuada de todas las mujeres que sufran violencia sexual. Más allá de la asistencia policial y de la posibilidad de acudir a un juzgado, en muchas ocasiones son asociaciones feministas quienes se hacen cargo de la atención de las mujeres que sufren violencia sexual, tanto de su acompañamiento durante el proceso de denuncia como de su apoyo psicológico y curación. 

Amnistía Internacional (AI) señalaba en 2018 que ocho comunidades autónomas no contaban con centros especializados para atender a las víctimas de violencia sexual. La ausencia de normativas públicas estatales sobre la prevención, atención y reparación a las víctimas, señalaba AI, deja un vacío que cada comunidad llena –o no– de manera dispar. En 2018 todavía ninguna administración disponía de centros de crisis, que atienden las emergencias y están abiertos las 24 horas, unos recursos habituales en otros países. En estos dos últimos años, la ciudad de Madrid ha sido la única en inaugurar un centro de este tipo, concebido durante el mandato de la alcaldesa Manuel Carmena. “El Estado español está incumpliendo su deber de diligencia debida en el marco de la asistencia y prestación de servicios a las víctimas y supervivientes”, decía AI en el informe de 2018, llamado Ya es hora de que me creas. Un sistema que cuestiona y desprotege a las víctimas. 

Sería ingenuo pensar que esta desasistencia no tiene consecuencias, no solo para las víctimas, sino también para las mujeres y para toda la sociedad. Funciona como un símbolo: considerar la Sanidad, la Educación o la dependencia dentro de lo que entendemos que deben ser los servicios públicos, pero no incluir en la conversación (ni en las políticas ni en el presupuesto) la prevención, atención y reparación de quienes sufren violencia sexual es una forma de construir “lo público” que ignora la experiencia y las necesidades de las mujeres, que se desentiende de las consecuencias del machismo estructural y que deja en manos de las supervivientes su reparación. La ley del “solo sí es sí” contemplaba, más allá de cambiar el paradigma penal, subsanar esta carencia de servicios públicos y crear una red de centros de atención integral y de recursos para la recuperación de las víctimas. La pandemia la dejó congelada. 

Aplicar la perspectiva de género es precisamente defender y construir servicios públicos que atiendan las necesidades básicas, que combatan las desigualdades, que se hagan cargo de los agujeros del sistema y traten de prevenirlos y compensarlos pensando en toda la ciudadanía, y no solo en una parte. Unos servicios públicos que nos cuiden, también del machismo.