“No podemos dejar de desesperarnos cuando vemos que se abusa de la Justicia”
Jakob Wassermann. El caso Maurizius
Es probablemente uno de los asuntos de actualidad que más insultos, invectivas y descalificaciones me ha costado en los últimos tiempos. Abascal me llamó “rata televisiva” por mis opiniones sobre este caso. Sólo los amigos de terroristas, la chusma, los infectos, los comunistas y los malos españoles podíamos denunciar la barrabasada, la injusticia, el tremendo atentado al Estado de Derecho que se consagró con el tema de la agresión de Altsasu. Sólo los malos. Sólo los que en noviembre de 2016 ya les contamos que esto era una agresión, pero no terrorismo y que había sido espuriamente arrebatada a sus jueces naturales para traerla a la Audiencia Nacional y convertirla en un caso que políticamente daría réditos. Vean con los ojos de hoy “Lo de Alsasua”. ¡Y vaya si los dio! Su instructora, Carmen Lamela, una mala instructora, una mujer que tuvo internos como preventivos en FIES a estos jóvenes, se pasea hoy por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Con toda su calidad. Con esa que le hace ser tan ajustada con la determinación de los delitos y con las medidas que toma. Esa jueza que, estoy segura, hasta duerme por las noches con toda tranquilidad.
Ayer supimos, no ya que no era terrorismo, eso se lo tiraron sus propios compañeros de la Audiencia Nacional (AN), sino incluso que las agravantes que se habían introducido para mantener unas penas elevadísimas –a lo mejor tampoco era plan de haberlos tenido preventivos y acusados de terrorismo, en el peor régimen penitenciario– y que luego quedara muy claro que se había ido de caña. Así que este miércoles esas penas fueron rebajadas del rango de entre los 13 y 2 años, según cada reo, que fijó la AN al de 9 a 1 año que fija ahora el Supremo al suprimir las agravantes de discriminación y en dos casos la de lesiones. Lean lo que yo escribía hace tres años: “Yo creo en la Justicia, por eso sospecho que aunque sea en el Tribunal Supremo, al final sabremos que lo de estos energúmenos no era terrorismo. Entonces a lo mejor la pugna política por la pérdida del poder en Navarra ya está en otro punto y da igual. La cárcel se la habrán comido ellos”. Tengo que recordarlo porque aquí te acosan a dentelladas, te insultan, te agravia mucho comentarista y analista de pacotilla, mucho experto de argumentario, porque también saben que en tres años nadie irá a pedirles explicaciones. Al menos que les quede claro que yo les serví la información y el análisis que era debido.
Pero es que, ¿recuerdan?, el presidente del Gobierno puso un tuit y lo firmó: MR. Lo puso en persona. “No habrá impunidad”. Y no había duda de hacia dónde había que remar para que te dieran la palmada en la espalda o la toga laureada. No había duda. Y así fue. Quiero reivindicar aquí el papel de la jueza predeterminada por la ley, la del territorio, que tuvo claro lo que se traía entre manos, como la Fiscalía de Navarra o la Audiencia Provincial... Todo ello hasta que alguien, yo creo que poco espontáneamente, presentó una querella en la Audiencia Nacional y permitió que la Fiscalía de este órgano entrara como elefante en cacharrería para llevarse el procedimiento y poder tildar de terroristas a los jóvenes delincuentes, sí, pero agresores de una autoridad, no otra cosa. Algo que debería de haberse sustanciado en Navarra y que podía haberlos mantenido en libertad provisional, como de hecho estaban, hasta que hubiera llegado su juicio y su condena. Pero no, los de Altsasu eran un trofeo que algunos tenían que poner a los pies de los que mandan y que ha merecido sus buenas palmadas mientras fue útil políticamente.
Una puerca vergüenza. Es una vergüenza que se forzara la interpretación del terrorismo para dar gusto al poder político, al que en aquel momento le venía muy pero que muy bien. Una vergüenza. No tengo, sin embargo, esperanza de que el fantasma de los ahora condenados a penas mucho más bajas vaya a perturbar la paz de aquellos que los tildaron de terroristas en papel timbrado. Unos falsos terroristas que fueron a prisión con un auto en el que se copiaban textualmente frases del atestado de la Guardia Civil, sí, esa Guardia Civil a la que se encargó la investigación de los hechos a pesar de que las víctimas pertenecían a ese cuerpo.
Eso ha pasado en la Audiencia Nacional. Eso pasó también con los titiriteros. A nadie le van a devolver la experiencia de haber estado en prisión en el régimen previsto para los terroristas. Hay cosas que la vida no te devuelve. Tampoco vale el argumento de que hay diferencias jurídicas o de que la prueba en juicio ha demostrado luego otra cosa. La juez de Altsasu, juez de pueblo, lo vio desde el principio. Ahora la magistrada que no sabe distinguir el terrorismo juzga en la misma Sala que acaba de decir que ni siquiera los agravantes que mantenían las penas al nivel del terrorismo valen para los delitos de atentado, lesiones y desórdenes públicos.
La lucha legal de las familias continúa porque creen que la injusticia no se ha reparado del todo e injusticia hubo a todas luces. No ha sido la única. El poder de los jueces instructores de la Audiencia Nacional es desmesurado y cuando camina de la mano de una Fiscalía que se precia de sus halcones, la cosa aún es peor. No, no era terrorismo. Aunque haya premios para los que ven el Código Penal con los ojos del poder.