En España hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Unas son reconocidas, como debe ser en cualquier sociedad democrática. Otras son invisibles y silenciadas, no solo se les niega verdad, justicia y reparación, sino también protección. Son las víctimas de la Guerra Civil, la dictadura, de la transición y del terrorismo de Estado. La impunidad del franquismo sigue viva a día de hoy hasta tal punto que no hay una verdad oficial dispuesta a asumir los crímenes de guerra y de lesa humanidad que llegan hasta nuestros días, porque no han sido ni reconocidos ni investigados.
La apología del terrorismo es castigada en España para proteger la dignidad de sus víctimas, pero en su informe de este lunes el Consejo General del Poder Judicial cree conveniente mirar hacia otro lado frente a la apología del franquismo, a pesar del daño que esta provoca, puesto que legitima asesinatos por razones ideológicas, desapariciones, torturas, humillaciones, purgas, décadas de represión. De este modo avala la existencia de fundaciones franquistas y censura uno de los puntos contemplados en el anteproyecto de la Ley de Memoria que el Gobierno anunció el pasado mes de septiembre pero que aún no ha llegado al Congreso, pues estaba a la espera de dicho informe.
El CGPJ también señala el riesgo de que la futura ley establezca una “tutela asimétrica” de la dignidad de las víctimas, ignorando que desde hace 80 años unas víctimas han sido reparadas y otras, en cambio, silenciadas y abandonadas, y que en muchos lugares de España no hubo ni siquiera guerra porque el golpe triunfó de inmediato. Eso, sin embargo, no evitó persecución, cárcel o asesinatos de decenas de miles de personas por el simple hecho de pensar diferente y no apoyar el golpe.
Además el órgano judicial condena del anteproyecto la creación de una Fiscalía de Sala para investigar los crímenes del franquismo, porque considera que los crímenes han prescrito y están cubiertos por la Ley de Amnistía. Esto demuestra, de nuevo, la necesidad de derogar dicha ley, como han solicitado diversas organizaciones de derechos humanos y de memoria.
Dicho informe no es vinculante y, teniendo en cuenta que han pasado ya ocho meses -y que las víctimas más directas no tienen tiempo que perder, porque son muy mayores- es hora de que el Gobierno impulse la deliberación en el Parlamento, donde varias agrupaciones políticas presentarán enmiendas con el objeto de introducir demandas de las familias de las víctimas actualmente no incluidas en el proyecto de ley.
Pero el hecho de que el CGPJ y otros sectores conservadores, de ultraderecha o franquistas critiquen el borrador de la ley no significa que esta esté a la altura de los planteamientos establecidos por Naciones Unidas y propios de una democracia europea. Hay aspectos mejorables que serán abordados -según indican varios representantes políticos, que presentarán enmiendas- en un debate parlamentario que podrá resultar interesante e instructivo en materia de derechos humanos.
Como han establecido organizaciones como Amnistía Internacional o CEAQUA -entidad que aglutina varias asociaciones personadas en la querella argentina contra los crímenes del franquismo- el anteproyecto de la Ley de Memoria no incluye aspectos importantes en materia de verdad, justicia y reparación. Sigue negando justicia a las víctimas y no contempla alcanzar una verdad oficial.
Además, evita que sea el Estado el que se encargue de la búsqueda, localización y exhumación de las personas desaparecidas. Prefiere continuar delegando esa actividad a asociaciones privadas, a través de subvenciones, y a ayuntamientos. De ese modo, se perpetúa un modelo en el que el Estado no está presente para oficializar la verdad, ni para garantizar que todas las fosas accesibles sean exhumadas, puesto que todo dependerá de los proyectos que presenten asociaciones privadas.
Así se mantiene un proceso que obliga a las familias a reclamar, buscar, empujar, investigar, recorrer cientos o miles de kilómetros para buscar archivos, contrastar información con otros familiares o insistir a asociaciones privadas para que se localice y exhume. Es un peregrinaje que revictimiza a las víctimas. Quienes tengan el privilegio de poder acceder a buenos contactos tendrán más posibilidades de obtener algún tipo de reparación.
Por eso asociaciones de memoria y de derechos humanos insisten en que el Estado asuma la tarea de garantizar los derechos de las víctimas del franquismo y sus familias. Es deseable que la búsqueda y exhumación de las personas desaparecidas deje de estar privatizada. Esa es la razón por la que solicitan la apertura de una oficina institucional que las atienda, que las guíe, que las ayude, como ocurre en países como Argentina, un ejemplo en materia de reparación.
“No puede ser que no haya una oficina para las víctimas de esas características en España, tiene que ser el Estado el que se encargue de ello, con fortaleza, con todos los recursos. Si depende de cada ayuntamiento o comunidad será insuficiente y habrá desigualdades en el trato”, me decía en una entrevista hace tres meses Luis Fondebrider, que ha sido durante 36 años director del Equipo de Antropólogos de Argentina, una institución que trabaja en cincuenta y cinco países del mundo con un enfoque multidisciplinar y científico para la búsqueda y recuperación de personas desaparecidas.
El Equipo de Antropólogos se ha ocupado de casos de violencia política, étnica y religiosa, de casos de feminicidio y de atentados contra personas migrantes. Recibe solicitudes de organismos de derechos humanos que quieren investigar ese tipo de violencias, acompañan los procesos de búsqueda y las exhumaciones, y realizan los exámenes genéticos.
“La nueva ley española es poco clara con la justicia”, indica Fondebrider, “el Estado no acompaña a las familias de las víctimas como corresponde. No estamos hablando de Burundi ni de Bangladesh, estamos hablando de España, un país con recursos, que forma parte de la Unión Europea y que sin embargo parece que sigue sin tratar la memoria como materia de Estado, esta ley se considera una ley más”.
Su opinión es compartida por varias asociaciones memorialistas, organizaciones de derechos humanos y la propia Naciones Unidas, que ha insistido a España en varias ocasiones para que investigue judicialmente los crímenes del franquismo y garantice reparación a las víctimas.
Han pasado ocho meses desde que Carmen Calvo presentó el anteproyecto de ley, diciendo que no se podía perder ni un segundo para que la ley se hiciese realidad. Esos ocho meses han estado llenos de segundos y el anteproyecto no ha llegado aún al Congreso, debido a la espera del informe no vinculante del Consejo General del Poder Judicial.
Mientras, las víctimas en primera persona y sus hijos e hijas siguen muriéndose sin el reconocimiento necesario. Llevan más de cuarenta años esperando la acción de un Estado que hasta ahora no ha garantizado sus derechos ni ha ofrecido a la sociedad la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que cualquier democracia del siglo XXI merece.
Si lo hubiera hecho, probablemente tendríamos ahora un Poder Judicial más acorde con los parámetros internacionales de derechos humanos. Si se hubiera apostado por dar a conocer de forma oficial los crímenes de lesa humanidad del franquismo, por dar visibilidad a las víctimas, por concederles categoría de víctimas de terrorismo estatal, nadie cuestionaría ahora sus demandas. Por ello conviene que el borrador final de la ley mejore. Para que la sociedad se impregne de cultura de derechos humanos, para no permitir otros cuarenta años más de impunidad, enemiga de la democracia.