Hace un tiempo en este mismo medio publiqué un artículo sobre las agresiones a personas LGTBI (lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales). Insistía en algo muy sencillo: la denuncia de la violencia que sufren nuestros vulnerables cuerpos debe ser articulada con una impugnación de los asesinatos de mujeres por violencia de género. Como feminista, me veo en la responsabilidad ética de insistir en ese imperativo cuando nos encontramos con una situación de alarma social por ese incesante número de asesinatos machistas y que parece importarle bien poco a unas élites que no gobiernan precisamente para garantizar el bienestar de las mayorías sociales.
Ahora mismo, no recuerdo ni un solo día en las últimas semanas en el que hayamos obviado la lacra de la violencia machista. Nuestra sociedad sigue en su empeño por mantener una jerarquía entre los géneros, entre hombres y mujeres, como efectos performativos de un orden social concreto. En otras palabras, se trata de papeles sociales, aparentemente “naturales”, que sostienen representaciones para una obra de teatro que funciona como si de una dinámica divina se tratase. Con cada agresión y cada asesinato, se renueva este orden que afianza el terror para más de la mitad de la población, recordando a todas las mujeres que ninguna está a salvo de ser agredida por el mero hecho de ser mujer.
En efecto, afirmo la existencia de importantes conexiones entre la violencia de género y las agresiones a gays, lesbianas, trans, bisexuales e intersex (en adelante LGTBi-fobia). Antes bien, soy consciente de las diferencias entre unas y otras, pues como marica aún no vivo con el miedo a la violencia sexual en la madrugada aunque sí con ser apaleada por un grupo de varones que termina su fiesta demostrando lo “machos que son”. Ambas amenazas son entendidas como una llamada al orden para que todo siga igual, sin resistencias a la subordinación. Conceptualizar el heteropatriarcado como un entramado de relaciones de poder, implica admitir que los mayores índices de violencia sobrevendrán si se suscita una mayor insubordinación. Si la resistencia a la subordinación es menor, la necesidad de la coerción se esfuma. Aquí entra en juego la famosa hegemonía que, cuando es cuestionada, siempre deja paso a la fuerza. Esta última puede expresarse, por ejemplo, con la violación como práctica performativa que inscribe en los cuerpos la sumisión aceptable para el varón, pero igualmente con aquellas agresiones que resultan de la obsesión masculina por protegerse de lo homosexual, ya que en el fondo es bien sabido que no hay nada que también le impida serlo. Luego, ¿qué se supone que ocurre con aquellas personas trans que desestabilizan tanto las normas de género como las sexuales, aunque no sea de forma consciente? ¿El odio hacia las personas trans –la transfobia- podría ser entendido como el efecto de una práctica en la que interviene tanto el sexismo como la homofobia?
La semana pasada, en el barrio madrileño de Tetuán, una mujer trans de 26 años fue brutalmente golpeada cuando se dirigía a un bar sobre las seis de la mañana. Según la prensa, su cuerpo se convirtió en un “campo de guerra”, en un espacio donde se ejerció la más brutal violencia. Lo corporal volvió a constituirse como un territorio apropiado para portar mensajes cifrados para otros hombres. Tras conocer que recibió insultos tales como “puta” y “maricón” no parece descabellado interpretar este cometido como si de una advertencia para el resto de varones se tratase, al señalar el precio a pagar por ocupar esa feminidad tan repudiada -como deseada-.Confirma que la identidad masculina, al decir de Elisabeth Badinter, se hace posible negando lo femenino, lo infantil y, por supuesto, lo marica. ¿No parece innegable la conexión entre la sexualidad y el género, entre la heterosexualidad como norma social hegemónica y las coercitivas normas de género? Las violencias mencionadas no parecen prácticas aisladas y radicalmente autónomas, pese a las particularidades de cada una, máxime cuando la heterosexualidad, como norma sexual que se presenta como “natural”, parece depender del equilibrio de esas posiciones sociales que ocupan hombres y mujeres.
Del mismo modo, la hora del suceso nos sugiere la posibilidad de especular con algunas de las motivaciones de esta agresión, extensible a tantas otras. Si hasta el momento la consigna “la noche y las calles también son nuestras” no ha podido ser archivada por las feministas en el fondo de un cajón, es debido a que el espacio público es uno de los terrenos donde los varones aún demuestran su virilidad de diversas formas. Ya sea agrediendo a un marica que vuelve solo a su casa, ya sea apaleando a una trans mientras dos colegas les contemplan, como ocurrió en el caso que nos ataña según la prensa. Tristemente, esos espectadores suelen ser necesarios para que la virilidad manifestada sea reconocida. Aunque no se haya recalcado en el espacio mediático, huelga decir que siempre se trató de un caso de “violencia de género”.
Una semana más tarde, esta mujer superviviente declaraba sentir miedo de salir a calle ante la posibilidad de toparse con aquellos que pretenden autodesignarse como sus “dueños”. Este hecho refrenda la lógica patriarcal del reparto de esferas, donde el espacio público aparece como terreno de dominio masculino y heterosexual. Sin duda, todo un éxito patriarcal al lograrse el reclutamiento de sí en el espacio privado, allí donde no puede visible, mucho menos a una hora que no habrán razonado demasiado digna para una “señorita”- por especular a través del “no-pensamiento” misógino de los agresores-.
Afortunadamente, estas violencias son contestadas desde la lucha política feminista, como exitosamente ha ocurrido con la violencia legal del proyecto de Gallardón que pretendía negar el derecho de las mujeres a su autonomía corporal. La patologización de los cuerpos trans insiste en la negación de esta misma potestad, siendo igualmente repudiada desde la acción política democrática en los feminismos y colectivos LGTBI. La importancia de estas hazañas reside en su capacidad para desbaratar la nociva tentación de encasillar a las mujeres en una rígida posición de víctimas, incapaces de hacer frente a las múltiples violencias que reproducen un orden social incompatible con los valores democráticos.
De las luchas contra la LGTBI-fobia y la violencia de género puede vislumbrarse una posible lógica de equivalencias –según la política de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe- entre demandas disparejas susceptibles de ser articuladas en torno a esos “puntos nodales” que nos permiten hablar de “hegemonía”. Hablamos de una operación política que aglutina a diferentes demandas en equivalencia en torno identidades viables a partir de su relación de oposición con un tercero que amenaza su existencia, como es el caso de la famosa “casta” y su mafioso modus operandi, o el de una jerarquía eclesiástica cuyo “pensamiento” homófobo y misógino es difícilmente digerido por unas maduras mayorías sociales.
Durante la celebración de la primera Universidad de verano de Podemos, Clara Serra, querida amiga y diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, en su brillante intervención remarcó el carácter contingente de toda práctica política feminista comprometida con la hegemonía. Desde ahí, parecía simpatizar con una posible articulación entre las luchas contra la violencia de género y aquellas que se alzan contra la violencia hacia personas LGTBI. Compartimos la propuesta, máxime cuando ella misma resalta las equivalencias existentes entre sí y que se cristalizan en relaciones de antagonismo con una “casta” que solo ofrece parches para esta lacra. Esta proposición supone todo un reto para diferentes agentes sociales y de ninguna manera puede ser imaginado exento de conflictos políticamente productivos.
En la disputa por los “los significados”, por la hegemonía, no puede faltar un combate por la apropiación de la universalidad de conceptos políticos que resultan clave para la transformación, como la noción “democracia”. Conocidas feministas como Judith Butler suelen insistir en el potencial de las prácticas de resignificación, recalcando la importancia que posee el pleito por los significados al no obviar lo que se juega en ello: tanto posible resulta reforzar un sentido común que naturalice la violencia como, en un sentido distinto, se le podría tachar como incompatible con los valores democráticos. Parafraseando otra vez a la colega Clara, el feminismo ganador, aquel en el que me incluyo, insiste en la imposibilidad de la democracia si el actual poder político desprecia las vidas de más de la mitad de la población. Lo anterior se corrobora cuando se omite la urgente prevención de la homofobia y el sexismo, se prescinde de la ampliación de derechos o se favorece la dependencia económica de las mujeres. La democracia nunca será tal si cada día hay una menos. Solo aquel sistema político que priorice la financiación de una educación pública sensible con la igualdad y la diversidad frente a la tiranía de una troika, que ahonda en las miserias de las mujeres en particular y de la sociedad en general, podrá ser digno de abanderarse como democrático. Por todo lo dicho, es obvio que tenemos el deber de apostar por una nueva hegemonía para que esa vieja, aunque aggiornada, violencia machista no tenga razón de ser en una democracia cuyo significado estará en conflicto permanente con aquellos que siempre han declinado, por ejemplo, el presupuesto de las normativas contra la violencia, renovando de paso un misógino orden social que, con toda seguridad, no amenaza ni sus vidas ni tampoco sus bolsillos.