Francisco Gil Ortega dimitió “por razones personales”. Sin embargo, todo apunta a que la dimisión del presidente de Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos en España, es más bien forzada por el Ministerio de Industria y por la vicepresidenta del Gobierno.
Francisco Gil Ortega, ex alcalde de Ciudad Real, fue nombrado por María Dolores de Cospedal presidente de Enresa con el fin de impulsar y controlar políticamente el proyecto más importante que afrontará dicha empresa en los próximos lustros, solo comparable al desmantelamiento de una central nuclear: la construcción del Almacén Transitorio Centralizado (ATC), un depósito donde se guardarán todos los residuos de alta actividad producidos en las centrales nucleares españolas. El ATC costará unos 1.000 millones de euros.
El emplazamiento elegido fue Villar de Cañas, un pueblecito de Cuenca, pasando por delante de otros tres candidatos mejor situados en la lista elaborada por una Comisión Interministerial que estudió los posibles emplazamientos. Esto muestra claramente que los motivos para esta elección son meramente políticos: Cospedal quería tener el control de este gran proyecto, por lo que eligió su comunidad autónoma y puso a un hombre de confianza al frente de Enresa. El nombramiento de Gil Ortega fue, por cierto, muy contestado entre los técnicos de la empresa, dada su nula experiencia en el sector nuclear y su nula capacitación técnica en el campo de la gestión de los residuos. La conflictividad llegó al extremo del cese de Eugenio Alejandre, su director de administración, y de su máximo responsable jurídico, Jesús Moreno Vivas.
El proyecto del ATC en Villar de Cañas ha podido finalmente con Francisco Gil Ortega. Los problemas del emplazamiento, las prisas del sector nuclear por llevar a cabo un proyecto insensato y los enfrentamientos dentro del Partido Popular han sido demasiado para él.
Los terrenos de Villar de Cañas presentan enormes inconvenientes técnicos. De hecho, la consultora URS, a la que requirió el propio Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) consideró el emplazamiento como “inadecuado” para una obra como el ATC, por no contarse con las garantías necesarias para una cimentación segura. En efecto, existe un acuífero muy superficial que a menudo aflora a la superficie y la zona es propicia para que se produzcan grandes oquedades, características que harían imposible una cimentación segura del ATC. Además, en el terreno existen arcillas expansivas, cuya evolución podría dar lugar a la aparición de grietas en el almacén y habría que añadir el riesgo no despreciable de contaminación del acuífero en caso de fuga.
La industria nuclear y el propio gobierno han presionado para que el ATC estuviera construido antes de 2020, lo que resulta imposible dadas las grandes dificultades de este proyecto. Para acelerar el proceso, Gil Ortega intentó nada menos que licitar el proyecto de la obra principal sin contar con las garantías técnicas y los permisos del CSN necesarios. Las exigencias técnicas del CSN son claves a la hora de diseñar el ATC y, por tanto, también lo son para fijar su presupuesto. Por tanto, no se comprende que una empresa pueda presentar un proyecto técnico solvente sin conocer esas exigencias, ni tampoco un presupuesto de ejecución.
Todo indica que nos exponíamos a un proceso donde la empresa seleccionada se enfrentaría a posibles modificaciones de las exigencias técnicas, lo que implicaría un aumento del presupuesto, algo demasiado común en estos grandes proyectos. Podría darse incluso un segundo caso Castor, en que nos viéramos obligados a compensar a la empresa concesionaria por no poder llevar a cabo el ATC.
Elecciones a la vista
Pero además, las prisas de Enresa y Gil Ortega se deben a que se enfrentan a un año con varias citas electorales, que podrían dar al traste con el proyecto si triunfa alguna opción política que se oponga a él. Ya en mayo hay elecciones autonómicas y locales, que podrían cambiar el color de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Y en noviembre, las elecciones generales podrían marcar un cambio de rumbo decisivo en el proyecto. Esto obligaba a Gil Ortega a tener el proyecto licitado y con todos los permisos antes, al menos, de las elecciones generales.
La imposibilidad del presidente de Enresa para conciliar todos estos elementos, le han llevado a una debilidad política que le ha conducido a su dimisión forzada. Ya el Ministerio de Industria anunció el día 6 de febrero que necesitaba más garantías para adjudicar la obra principal del proyecto. Los enfrentamientos políticos dentro del PP han dejado a Francisco Gil Ortega sin sus apoyos y se ha visto obligado a dimitir.
Esto es una clara demostración de las dificultades que entraña la gestión de los residuos nucleares de alta actividad. Tenemos ahora una ocasión de oro para replantearse todo el proyecto de gestión de los residuos radiactivos en España. Desde luego, lo más sensato sería olvidarse de Villar de Cañas como candidato a albergar el ATC. Pero aún se debe ir más allá.
En estos momentos no existe técnica satisfactoria para la gestión de los residuos de alta actividad, sustancias que son peligrosas durante cientos de miles de años. Es imposible, por tanto, encontrar una solución para la gestión de los residuos nucleares sin una amplio consenso social y técnico. Y ambos pasan por el cierre escalonado de las centrales nucleares, tras el que habría de producirse un debate para encontrar la forma de gestión de los residuos menos mala. Por el contrario, el actual Gobierno y la industria nuclear presionan para prolongar la vida del parque nuclear español, pasando por alto que no tenemos una solución consensuada y las enormes dificultades técnicas, políticas y sociales que esto ocasiona.