No es habitual que alguien que modera una mesa de debate rompa a llorar ante los testimonios de los ponentes. Pero es lo que estuvo a punto de sucederme. Tuve el honor de ser invitada a moderar la mesa ‘Conversatorio Centroamericano’, dentro de la programación de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos ‘Summit World Pride 2017’. Y cuando Donny Reyes, activista gay de Honduras, contó su experiencia personal, se hizo un nudo en el estómago colectivo de aquella sala de la Universidad Autónoma de Madrid, y quedó patente de nuevo la razón última de la lucha LGTBI: una cuestión de derechos humanos que compromete la existencia, desde la relación con la familia hasta la propia integridad física, hasta la vida misma. En su caso, como en el de todas las personas que por su orientación sexual o por su identidad de género difieren de la norma, una vida vulnerada desde la infancia.
Donny Reyes, procedente de una zona rural hondureña, contó el rechazo que siempre sufrió en el que debía ser su hogar, cómo sus numerosos hermanos le reprochaban que los pusiera en evidencia ante los demás, cómo se sintió culpable por no querer salir a jugar al fútbol y a levantarle las faldas a las niñas, cómo se fue aislando de todos hasta huir de allí, muy joven, sin dejar rastro. “Solo quería vivir. Mejor que mi familia creyera que me morí”. Ahora es coordinador general de la Asociación Arcoiris de Honduras, miembro del Consejo Nacional de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, miembro de la plataforma Regional Centroamericana Orgullo Centroamérica y miembro activista del comité de la Diversidad Sexual de Honduras. Ha recibido numerosos premios internacionales por su activismo, aunque el camino tras verse obligado a abandonar su casa y su pueblo ha sido duro: “Ser migrante es un delito, y el 30% de los migrantes en Honduras son personas LGTBI”.
Su relato de terror coincide con el del resto de las personas LGTBI que componían la mesa del Summit: un camino hecho de exclusión, violencia física, asesinatos, abusos sexuales, prisión. Galilea Bracho, fundadora y directora Ejecutiva de la Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala (REDMMUTRANS), se refirió a los crímenes sistematizados en su país contra las personas LGTBI, que se llevan a cabo en un contexto de racismo y de un fundamentalismo religioso que, a pesar de ser el guatemalteco un Estado laico, impulsa los influyentes lobbies católico y evangelista en Guatemala.
“Yo soy portavoz de aquellos que han perdido su vida”. De manera tan escalofriante comenzó Bianka Rodríguez, de El Salvador, a relatar la situación de violencia y discriminación que sufren en su país las personas transgénero, como ella, los gais y las lesbianas. Torturas, amenazas y persecución son el pan nuestro de cada día en un Estado podrido por la corrupción y organizado en torno a la extorsión, donde la discriminación a las personas LGTBI las condena aún más a una pobreza sistémica. Construir desde ahí políticas públicas inclusivas no es tarea fácil, pero Bianka Rodríguez, alentada por todas aquellas vidas que fueron cercenadas y pondrían haber sido la suya propia, decidió entregarse a visibilizar la realidad de las personas LGBTI en su país y a defender sus derechos, siendo en la actualidad responsable del área de comunicación de Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS), asociación que también reclama al Estado salvadoreño el cumplimiento del respeto a los derechos humanos de las personas con VIH y privadas de libertad por su orientación sexual o su identidad o expresión de género. “Trabajo en pos de la democracia, los derechos humanos y la paz”.
A pesar de que en Nicaragua la ley ya no penaliza a las personas LGTBI, los cambios legislativos han sido tan recientes que la sociedad nicaragüense sigue discriminándolas. Las estadísticas que Chester Cortez aportó al respecto resultaron desoladoras: alrededor del 80% de los jóvenes de aquella “república cristiana, socialista y solidaria” (como Cortez contó que la definía el Gobierno de la nación) sigue considerando la homosexualidad y la transexualidad como una enfermedad. Desde la Red Juvenil del MRS (Movimiento Renovador Sandinista), la sub-coordinación nacional de la Red PREVIOS (Red de Prevención de Violencias Sociales) y el Club Metamorfosis, Chester Cortez trabaja por la incidencia política y la no violencia desde un enfoque de nuevas masculinidades, derechos sexuales y reproductivos y diversidad sexual.
Caso aparte es el de Costa Rica. Tres personas vinieron al Summit Wold Pride desde aquel país. Una de ellas era Ana Helena Chacón, vicepresidenta de la República. Casi un milagro político en una región, Centroamérica, donde la situación es de violencia extrema. Si bien se trata de un país que no tiene ejército y cuyas universidades se han declarado por decreto libres de discriminación (es decir, un sistema que apuesta de raíz por la paz social), se da la circunstancia de que mantiene como oficial una religión católica que, unida a la cada vez más vigente iglesia evangelista, colapsa y bloquea en el Congreso los avances legislativos relativos a la población LGTBI. La vicepresidenta Chacón, no obstante, vino en representación de un Gobierno desde el que ha firmado y defendido la Consulta que el Estado de Costa Rica realizó a la Corte Internacional de Derechos Humanos sobre los derechos de las parejas del mismo sexo y las personas trans, con la intención de crear mayor seguridad jurídica en la región. Ha impulsado políticas públicas para la inclusión y la no discriminación hacia las personas LGBTI, declarando también al Poder Ejecutivo libre de toda discriminación hacia las personas LGBTI y permitiendo que el Ministerio de Educación Pública y el Instituto Nacional de Aprendizaje reconociese su identidad de género a estudiantes trans. La vicepresidenta de la República de Costa Rica contó que tomó conciencia de lo que supone la discriminación cuando tuvo un hijo con diversidad funcional.
Con ella, desde Costa Rica, estuvo Javier Umaña Rivera, presidente del Pride Costa Rica, que trabaja por una alianza de organizaciones de los distintos países de la región para la organización de un Pride Centroamericano, y la activista e investigadora Emma Chacón, coordinadora de la construcción de la Memoria Histórica del Movimiento Lésbico en Costa Rica, sobre la que ha escrito un libro que se publicó en 2015, que denunció la invisibilidad de las lesbianas en su país.
Cuando desde el público tomó la palabra la activista española Desirée Chacón, abogada que durante años ha coordinado la celebración del Orgullo en Madrid como secretaria general de la FELGTB, recordó el enorme instrumento político que esas citas suponen, al hacer las veces de una gran ventana desde la que mostrar al mundo la realidad de la comunidad LGTBI. Desde luego, el mundo tiene que abrir todas las ventanas posibles para ver lo que pasa en las casas LGTBI de Centroamérica. Al otro lado, el mundo verá violencia extrema, fundamentalismo religioso, pobreza y desigualdad sistémicas, patriarcado y misoginia que se transforman en la más brutal de las homofobias. De llorar. De luchar.