La querella argentina contra el franquismo está llamando a las puertas de la justicia española con puños y nudillos. Al otro lado de la pared, la maquinaria institucional va apalancando muebles y armarios para que nadie abra, para que nada cambie, para que no se corte el pastel ni se horaden boquetes por los que entre el aire de la memoria histórica.
La Fiscalía General del Estado, que es el órgano acusador que nos debe representar a todos, se pone la capa y espada colonial –“a mí Argentina no me manda”– y ha enviado una circular en la que dice a los fiscales acusadores que no acusen en el caso del franquismo que lleva la jueza Servini desde el país austral. Se están bloqueando las comparecencias de víctimas y de 19 altos cargos franquistas. Por si a alguno le entra un cosquilleo de llevar la contraria, la nota enviada se permite recordar cómo acabó la causa española y el propio juez Baltasar Garzón. Desmenuzados por el sistema.
Franco manda mucho para llevar 40 años muerto, esta vez sin necesidad de amenazar, hacer propaganda, decretar o fusilar. Manda porque cuatro décadas después sigue habiendo defensores de lo suyo. Desde su tumba ilegal en el Valle de Caídos –el derecho canónico dice que solo se puede enterrar allí a pontífices, cardenales u obispos– sonríe y disfruta de su premio. Nadie le tose porque, así como a los musulmanes les esperan 72 vírgenes en el cielo, a Franco le esperaban centenares de guardianes en la tierra para proteger su pasado y su futuro.
Cuando se dieron cuenta de que había una decena de demandas para exhumar cuerpos en el Valle de los Caídos, el Gobierno derogó, en julio de 2015, los 9 artículos que habrían permitido recuperar cuerpos. Rajoy fusiló así el principio de “perpetua memoria” en la cara de los familiares. A ver quién aguanta más sin reírse.
Cuando, por un milagro jurídico, el caso de los hermanos Lapeña se escabulló de esa masacre y un juzgado ordenó exhumar sus cuerpos, el sistema se sorprendió de su descuido. Se cortaron unas cabezas y Patrimonio Nacional salió a anunciar lo siguiente: cumpliremos la sentencia, pero antes la retrasaremos. Y se pusieron a pedir informes “imprescindibles” mientras el hijo de Manuel Lapeña, de 92 años, sigue a la espera. Cuando la Interpol pidió detener a altos cargos franquistas, Rajoy preguntó quién era ese tal Interpol. Cuando se pidió extraditarlos a Argentina, la maquinaria negó el Atlántico y el océano Pacífico.
Los guardianes han puesto sus esfuerzos en parchear la querella argentina: que se estampe, que se hunda, que se extinga. Son listos. Saben que hay ganas de saber y si dejan un hilo del que tirar se les va a deshacer el vestido.
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