He de reconocerles que asisto estupefacto al debate entre el PSOE y UP sobre la Ley de Vivienda. No porque considere que el debate no esté justificado. Defienden propuestas distintas y el conflicto tiene toda su lógica política. Mi estupefacción nace de los términos teológicos en los que se está produciendo el debate.
La imposibilidad de acceder a una vivienda es uno de los conflictos sociales más sangrantes que viven millones de personas, especialmente jóvenes.
Muchos llevamos años advirtiendo de los riesgos sociales que comporta que la vivienda, un bien dirigido a satisfacer un derecho fundamental, se haya convertido en un producto financiero refugio que ofrece elevadas rentabilidades.
Hoy pagamos las consecuencias de que durante décadas se haya ignorado el alquiler o la promoción de parques públicos de vivienda. Los pocos recursos públicos invertidos se destinaron a facilitar la compra mediante endeudamiento hipotecario. Ello se justificó por la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda de las familias. Nada más lejos de la realidad. Las políticas de promoción de la protección oficial tuvieron como verdadero objetivo atenuar el impacto de los ciclos económicos en la construcción. Se trata de un sector del que dependen muchos empleos. Y sobre todo una potente fábrica de plusvalías especulativas privadas y también públicas con las que muchos ayuntamientos han compensado la insuficiencia de sus ingresos tributarios. Eso sin olvidar el gran negocio financiero que ha supuesto el mercado hipotecario.
Con las subvenciones a la compra de protección oficial ha sucedido lo mismo que con los viajes de los pensionistas del IMSERSO. Se presentan en favor del ocio de la gente mayor, cuando su principal objetivo siempre ha sido mantener abiertos los hoteles en temporada baja.
De aquellos polvos, estos lodos. La gran recesión y las políticas del PP, de precariedad laboral y depreciación salarial, han agravado aún más el problema. Según un informe de CCOO, el 40% de los inquilinos soportan alquileres excesivos para el nivel de sus ingresos -salarios, prestaciones o pensiones. Y dos de cada tres personas con alquileres excesivos están en situación de pobreza o riesgo de exclusión.
No parece que sea fácil ni rápido recuperar ahora las décadas pérdidas y articular políticas eficientes que consigan hacer bajar a corto plazo los precios del alquiler, especialmente en algunos territorios.
Pero que sea complejo no justifica la obstinación del PSOE en limitar sus propuestas al establecimiento de beneficios fiscales en favor de los tenedores de vivienda. Argumentan que limitar los precios por ley puede tener el efecto contrario, desincentivar el alquiler y sustraer muchas viviendas del mercado. No me atrevo a desmentir esta hipótesis. No soy un beato del BOE y de su capacidad de modificar la realidad cuando pugna contra las poderosas leyes del mercado -que se pueden combatir, pero no ignorar. Aunque me resisto a que esta y otras afirmaciones se hagan sin datos en un debate que tiene más de teológico que de ideológico.
Porque lo mismo podría decirse de los beneficios fiscales a los propietarios de viviendas. Pueden acabar funcionando como si intentáramos llenar de agua un cesto de esparto. Lo hemos comprobado con las ayudas fiscales al acceso a la vivienda de protección oficial. Crearon un mercado paralelo, pero no consiguieron bajar los precios del mercado “libre”. También tenemos ejemplos de ineficiencia en muchos de los beneficios fiscales de la política tributaria española. Reducen significativamente los ingresos tributarios, pero no consiguen su objetivo -es el caso de algunos de los beneficios fiscales en el impuesto de sociedades o en el de sucesiones.
Mi estupefacción no es menor ante los argumentos utilizados en contra de estos beneficios fiscales a los tenedores de vivienda. Se afirma -también sin datos- que solo van a beneficiar a los propietarios y no conseguirán reducir los precios del alquiler. Incluso se llega a impugnar el papel de la política tributaria y su capacidad para incidir en las actuaciones de los agentes económicos -penalizando unas y promoviendo otras. Con esta lógica quedarían desautorizadas muchas medidas de fiscalidad medioambiental para apoyar la transición energética, que tanto defiende, justamente, Unidas Podemos.
Sinceramente, me resultan cada vez más insoportables los debates teológicos, que se practican a babor y estribor, aunque me duelen mucho más cuando se dan en el seno de las izquierdas. No son debates ideologizados, como algunas voces interesadas denuncian. La ideología es imprescindible para orientar las políticas públicas en favor de la sociedad a la que se aspira. Pero la ideología -cualquiera- sin datos es teología. Y el debate sobre el alquiler está resultando ser un debate teológico.
Además, ha puesto de manifiesto uno de los puntos más críticos de nuestro país. No disponemos de datos estadísticos fiables ni de una cultura e instrumentos de evaluación de las políticas públicas. Carecer de estos mecanismos es garantía segura de malbaratamiento de los recursos públicos. Sin datos ni evaluación no se puede hacer políticas de calidad. Porque lo importante no son los grandes titulares sino cómo se concretan los principios generales en políticas micro, concretas. En algunas ocasiones me dan ganas de ponerme a gritar aquello de “no es el gobierno, es la gestión, estúpidos”
La naturaleza teológica del debate no hace más que complicar la aproximación de posiciones y el acuerdo entre los socios de gobierno, aunque sea para pactar el desacuerdo. Personalmente me parece razonable el planteamiento que hacen organizaciones sociales, sindicatos y muchos expertos, apuntando a la necesidad de un mix de medidas. Unas a largo plazo, como la promoción de parques de viviendas públicas en alquiler o la creación de mesas de negociación colectiva entre propietarios e inquilinos como existe en algunos países nórdicos. Otras, medidas a corto plazo como la regulación legal de los alquileres y los incentivos fiscales a los propietarios de viviendas.
Pero, sinceramente, no tengo ninguna seguridad teológica de que funcionen. Nada garantiza que las medidas teóricamente apropiadas obtengan los resultados esperados y que sirvan para situaciones muy distintas entre sí. Esa es siempre la dificultad de las leyes, regulan con vocación universal realidades muy diversas.
Por eso y como no disponemos de datos ni de experiencias previas, no me parecería mal que estas políticas se pusieran a prueba en algunos territorios acotados y se sometieran a la evaluación de resultados, antes de consagrarlas definitivamente. Aunque para eso necesitamos datos de un mercado, el del alquiler, que es todo menos homogéneo.
Por último y no menos importante. En cualquier negociación, es imprescindible entender la lógica del otro interlocutor, incluso cuando se trata de socios de gobierno que, a priori, comparten objetivos, aunque discrepan de la manera de alcanzarlos. En este caso parece que las diferencias apuntan a la legítima defensa de los intereses de diferentes sectores sociales y sus efectos electorales.
Estos días escucho acusar al PSOE de haberse sometido a las presiones de los grandes fondos inmobiliarios. No seré yo el que niegue una realidad que conoce cualquiera que haya tenido responsabilidades en política de vivienda, sobre todo a nivel municipal.
Aunque me temo que esta explicación fácil ignora otro factor que me parece más potente en términos políticos. Es cierto que en los últimos años los flujos de nuevas viviendas en alquiler provienen de fondos inmobiliarios que han adquirido la cartera de viviendas de las entidades financieras afectadas por la gran recesión. Pero el stock acumulado de viviendas en alquiler continúa de manera muy mayoritaria (más del 90%) en manos de tenedores particulares.
No parece descartable que las razones del PSOE para negarse a limitar por ley los precios del alquiler sean que por el retrovisor está viendo a estos propietarios privados y teme la deserción de su voto en futuras elecciones. No deberíamos menospreciar el arrastre que tiene en sectores de clases medias la cruzada de las derechas españolas en favor de la libertad. De esa libertad que no nos reconocen para garantizar un final digno a la vida y que se convierte en la libertad absoluta del mercado para fijar el precio del alquiler. De la misma manera, Unidos Podemos se ha hecho portavoz de los millones de personas, especialmente jóvenes, que hoy no pueden acceder a una vivienda.
Quizás esa lógica política sea la que hace que tanto el PSOE como Unidas Podemos parezcan sentirse cómodos en la batalla política pública, especialmente a las puertas de las elecciones autonómicas en Madrid.
Aunque el terreno electoral que pisan sea muy distinto. Mientras los propietarios de vivienda forman parte de esos sectores sociales que suelen votar, muchas de las personas que no tienen acceso a vivienda nutren las filas del abstencionismo. Este es el drama de las izquierdas, quienes más necesitan de la política más se desentienden de ella, quizás porque no se sienten atendidos por las políticas. Se trata de un bucle perverso.
Arbitrar políticas públicas eficientes a corto plazo en favor de las personas que no pueden acceder al alquiler no es fácil, hacerlo sin datos lo complica y situar el debate en el terreno de la teología nos puede conducir al desastre.
Ojalá este conflicto se canalice, después del 4 de mayo, con un acuerdo de los socios de gobierno –hay margen para ello- y de paso sirva para entender de una vez por todas la urgencia de disponer de datos estadísticos y de mecanismos de evaluación de las políticas públicas. Así el próximo debate podrá ser en el terreno de la ideología y las políticas con datos y no en el de la teología.