Quienes defendemos los derechos humanos, y creemos que es su lógica la que debe prevalecer en las políticas públicas, solemos encontrar en los partidos de izquierda los programas electorales con los que sentimos mayor sintonía. Sin embargo, es un error presuponer que los valores y principios de estos partidos, por el solo hecho de ser “progresistas”, vayan a tener per sé una mayor sensibilidad y respeto a los derechos de aquellas personas que pertenecen a los grupos sociales especialmente castigados por la desigualdad, la intolerancia y el patriotismo mal entendido. Porque es el respeto a la dignidad de estas vidas, más allá de camisetas, lonas y eslóganes, lo que demuestra la integridad de quienes se dedican a la política, es donde se juega el voto de quienes defendemos los derechos humanos y no permitimos que el poder se aleje de nuestros votos.
Por eso, más allá del sesgo de afinidad que puede ser una ideología progresista, a quienes nos preocupan las violaciones y vulneraciones de derechos como las que se cometen cada día hacia las personas racializadas en barrios humildes como el de Lavapiés o las que sufren las personas migrantes en el acceso a la sanidad universal en muchas comunidades autónomas o las que viven día tras día miles de personas que dependen de ayudas y prestaciones para sobrevivir ellas y sus familias y son angustiadas por una burocracia incomprensible e innecesaria o... La perspectiva feminista, de infancia y sobre todo interseccional es clave a la hora de votar, aunque el partido sea de izquierdas no puede olvidarse en el siglo XXI de cómo la clase, la raza (y no me refiero a la española) y el género son los ejes principales sobre los que se levantan las mayores injusticias que problematizan las vidas de la gente hasta llevarlas al cansancio vital, la extenuación emocional y el empobrecimiento.
Un factor relevante para tomar la decisión es tener muy presente lo que se vota este 28 de mayo. Lo que se elige, es decir, a los gobiernos y gobernantes que tendrán un gran poder de decisión en competencias municipales y autonómicas claves para garantizar el acceso a los derechos humanos. A pesar del ruido, es importante que este domingo no se vota para echar o mantener a Pedro Sánchez ni tampoco se hace ningún plebiscito al gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. De hecho, ese solo planteamiento político, además de ser centralista y evocar a otros regímenes políticos pasados, pasa por alto la importancia que tiene el reparto de competencias territoriales que recoge la Constitución del 78. Un reparto que es determinante e influye de forma directa en las condiciones de vida de todas y todos los que vivimos en España, votemos o no. Lo que está en juego con cada voto este domingo es la gestión de materias especialmente relevantes para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Derechos que no son solo para los homosexuales, los migrantes, las mujeres o los mudos (por poner algunos ejemplos de los disparates que han salido en esta campaña), sino que también son para ellos porque de lo contrario serían privilegios.
El voto, e incluso el activismo político, de alguien que defiende los derechos humanos como máxima en la forma de hacer política y en el diseño de las políticas no es un cheque en blanco a ningún partido. Y es la experiencia la que nos dice que también algunos representantes de la izquierda reproducen patrones de trato desigual que invisibilizan, en el alcance de las políticas públicas, a colectivos oprimidos como la población migrante, a las disidencias sexuales no hegemónicas, a las mujeres y hombres empobrecidos e invisibilizados por el capacitismo blanco neoliberal o a las infancias que no son “de anuncio” y no sirven para las campañas institucionales. Sin embargo, votar hay que votar porque es parte del compromiso con esos derechos humanos que decimos defender. Es la decisión, es la elección la que hay que someter a escrutinio, no se trata de poner en duda el hecho de ir a votar o no. Votar, hay que votar. La pregunta ahora a hacer es cuál de los programas electorales defiende un modelo de sociedad en la que quepamos todos y todas las vidas tengan valor, un modelo de ciudad y sociedad que no polarice en 'si no estás conmigo entonces es que estás contra mí', un modelo de ciudad y sociedad que no se base en lealtades ni enemistades políticas, sino que ayude a comprender el valor de la justicia social, la importancia de la resolución de conflictos desde el no punitivismo y el potencial de transformación que tiene la universalidad de los derechos desde lo público. Reinterpretando las palabras de Bauman cuando recogió el premio Príncipe de Asturias en 2010, mi voto indeciso será por quien entienda su responsabilidad pública en un ayuntamiento o gobernando una comunidad “como una disciplina de las humanidades, cuyo único, noble y magnífico propósito es el de posibilitar y facilitar el conocimiento humano y el diálogo constante entre humanos”. Entre todos los humanos, en eso consiste la universalidad y el respeto a la diversidad.