Las dos noticias trascendieron el martes pasado. Por una parte, Bertrand Ndongo, español de origen camerunés que se autodenomina jacarandosamente 'el negro de Vox', criticó a su partido por unos comentarios de evidente trasfondo racista que hizo contra Serigné Mbayé, portavoz del Sindicato de Manteros, a quien Pablo Iglesias ha incluido en su lista a la Asamblea de Madrid para las elecciones del 4 de mayo. Por la otra, siete concejales extremeños de Vox y un excandidato a la Junta abandonaron el partido acusándolo de “antidemocrático”, “dictatorial” y “sin principios”.
Ambos hechos fueron destacados con cierto regodeo en medios progresistas, que presentaron a Ndongo y a los ediles extremeños como unos rebeldes frente al extremismo de la organización liderada por Santiago Abascal. Sin embargo, la cosa tiene sus matices. En realidad, lo que ambos acontecimientos han puesto de manifiesto no son unos brotes de valentía personal ante una poderosa maquinaria política, sino las tensiones internas y la confusión en que vive un partido que, como en el famoso test del pato, piensa como ultra, actúa como ultra, grazna como ultra, se identifica con ultras de otros países, pero pretende que lo llamen demócrata.
Vamos por partes.
A Bertrand Ndongo, asesor en temas migratorios de Rocío Monasterio, lo tienen convencido –y al parecer él se quiere seguir convenciendo– de que Vox no es un partido racista y xenófobo. Por lo visto, no estuvo al tanto de la campaña para las recientes elecciones catalanas, en que la formación de Abascal identificaba perversamente a toda la inmigración magrebí con la delincuencia pese a que el 97% de ese colectivo carece de antecedentes penales. Tampoco han parecido importarle los vínculos estrechos de Vox con los partidos extremistas de Hungría o Polonia, cuyas posiciones xenófobas, racistas y antisemitas los han hecho merecedores de repudio entre los demócratas europeos. Ndongo solo se percató el martes de que algo chirriaba cuando Vox, tras conocerse la inclusión de Mbayé en la lista de Unidas Podemos, puso en su cuenta de Instagram el siguiente comentario: “Nosotros le deportaremos”. En un video que difundió por redes sociales, Ndongo manifestó: “No sé cómo se supone que lo van a deportar. Es español y tiene todos los derechos como cualquier otro ciudadano con nacionalidad española”, tras lo cual advirtió de que, con comentarios como ese, “damos la razón a quienes sí piensan que Vox es un partido racista”.
Ndongo, quien en más de una ocasión ha defendido públicamente la herramienta de la deportación, ponía el énfasis en los derechos de Mbayé en su condición de ciudadano español, sin entrar en reflexiones sobre la posibilidad de que el destinatario de la amenaza de deportación hubiese sido un inmigrante sin papeles. ¿En este caso merecería el comentario? Es cierto que la deportación, por odiosa que pueda resultar para muchos, constituye un instrumento legal: en España la han aplicado por igual gobiernos conservadores y socialistas, a veces en medio de fuertes polémicas. Pero utilizarla como arma de propaganda política para agitar las fibras emocionales de los votantes, como hace Vox, es a todas luces repugnante. “Yo creo que los que escribieron el comentario deberían salir a dar respuestas a quienes no han entendido de qué iba ese tipo de comentario”, concluía Ndongo, como si el problema fuese de comprensión de texto por parte del público y no de sustrato ideológico de su partido. Al cierre de esta columna, nadie había atendido su llamado.
Vamos ahora a Extremadura, donde Vox ha saltado en pedazos. Ocho de sus líderes han descubierto de repente que el partido funciona como una dictadura, y han dado portazo. Se quejan de que la dirección nacional es una apisonadora que impone arbitrariamente sus reglas, que contrata seguimientos ilegales contra los sospechosos de indisciplina y que favorece al “chiringuito” de Madrid. Acusan al partido de “antidemocrático”, pero no por su ideario político, sino por el menosprecio con que, a su juicio, los ha tratado el aparato. Y le achacan “falta de principios” por “engañar a los españoles apropiándose del franquismo cuando les interesa electoralmente, para más tarde renegar de él”. Sostienen que la dirección nacional les ha aplicado la “infame” ley de Memoria Histórica y los ha expedientado por “exaltación al franquismo” por elogiar el Plan Badajoz, un ambicioso proyecto de desarrollo regional puesto en marcha por la dictadura. Es decir, consideran que el partido no es sinceramente franquista.
Ni Bertrand Ndongo ni los ocho dirigentes extremeños son unos héroes. Son simplemente la consecuencia de un partido aquejado de serios conflictos de personalidad. Que le ha apostado con vigor al extremismo de derechas, pero quiere al mismo tiempo que se le reconozca como un avezado demócrata. Que criminaliza a colectivos de inmigrantes, pero niega ser xenófobo. Que pretende ir por la vida tirando la piedra y escondiendo la mano sin que se le rompan las costuras y salgan a flote sus miserias. Y mientras la formación de Abascal consume sus energías intentando conciliar la estrategia del ser con la táctica del parecer, avanza sin pausa el proceso de reunificación de la derecha comandado por Isabel la Madrileña, que supone hoy la gran amenaza para la supervivencia del proyecto de Vox.