Pasó desapercibida una Proposición de Ley Orgánica de Vox sobre “regulación parcial de la verificación de noticias falsas en redes sociales, blogs, sitios web en general y medios de comunicación impresos, digitales y audiovisuales”.
Presentada por Iván Espinosa de los Monteros y de Simón el pasado 18 de julio, la propuesta es, sencillamente, crear una legislación que, en lugar de perseguir bulos, persiga a quienes los desmientan. Así, como lo oyen, no les basta con mentir con impunidad, quieren que la ley prohíba que los periodistas destapen su bulos.
Como es sabido, diversos periodistas han creado recientemente colectivos y portales destinados a verificar noticias y bulos, tanto los que aparecen en medios de comunicación como los que circulan en redes sociales o por WhatsApp.
La tesis de Vox es que “tal verificación se ha confiado por las redes sociales a personas y entidades, privadas y/o públicas, con sedicente pretensión de neutralidad ideológica, pero en verdad, directa o indirectamente, dependientes de gobiernos y/o autoridades, y/o solapada y materialmente partidistas y/o partidarias (partisan en lengua inglesa), es decir, que profesan una ideología política determinada y apoyan a ciertos partidos políticos y gobiernos y son hostiles con otros”. Según Vox, los que “ejecutan la verificación de noticias falsas propia de dichas redes, blogs y sitios web en general”, ocultan “la condición dependiente y/o partidista y/o partidaria de las personas y entidades, privadas o públicas”.
Es decir, los verificadores no es que lo hagan bien o mal es que son sus enemigos políticos, son de los otros partidos.
Como no podía ser de otra manera, y al igual que hace la derecha históricamente, su bandera es la libertad, siempre la libertad. En este caso libertad para mentir. Así se explica en la proposición: “La 'opinión pública libre' está, por tanto, indisolublemente unida a la libertad (…). Las redes sociales, blogs y sitios web en general son, con su alcance cuasi universal, además de medio de comunicación entre sus usuarios, medio de formación de la opinión, de suerte que deben reunir las condiciones necesarias para que dicha opinión se forme libremente, es decir, para que sea 'opinión pública libre”. Y esta libertad es la que impiden los que descubren las mentiras: “Con la finalidad —rectius, pretexto— de asegurar que la información que se comunica y/o recibe sea veraz, los dos tipos mencionados de verificación de noticias falsas i) limitan la comunicación y/o recepción de información por razones partidistas y/o partidarias y/o de acción y/o propaganda gubernamental, y/o, ii) someten a control lo que no es información, sino opinión de quien la comunica y la difunde”.
Su tesis es que las empresas y periodistas que destapan los bulos lo que hacen es perseguir opiniones, por supuesto las de Vox, de ahí que su propuesta de ley establece la prohibición de “toda verificación de opiniones en redes sociales, blogs, sitios web en general, prensa impresa y digital y medios de comunicación audiovisual, sea llevada a cabo directa o indirectamente por sus titulares, sea gubernativa”. Pero posteriormente también se prohíbe la verificación de informaciones puesto que establece que “solo la autoridad judicial competente podrá adoptar decisiones sobre la verificación de noticias falsas, cualquiera que sea su modalidad, en redes sociales, blogs, sitios web en general, prensa impresa y digital y medios de comunicación audiovisual, en tanto garante de la opinión pública libre y de los derechos a la libertad de información y a la libertad de opinión”.
Si alguien se considera lesionado por la difusión de alguna mentira, que se vaya al juzgado: “Todo usuario, lector, oyente y/o espectador, así como cualquier lesionado por tales infracciones expresadas en el apartado 1 anterior, está legitimado para ejercer cualesquiera otras acciones judiciales que protejan sus derechos, incluidas las de justicia cautelar, ante el orden jurisdiccional que sea competente”.
Es decir, la proposición de ley de Vox es prohibir toda verificación a cualquiera que no sea el juez, de ese modo las mentiras pueden circular con impunidad y con prohibición de desmentido, y dejar a los jueces para desmentirlas cuando alguien inicie un proceso legal contra esa mentira. Vox, o cualquier otra organización o persona, podría estar difundiendo bulos y mentiras durante toda una precampaña o campaña electoral (o sea, como hace ahora) sin que legalmente nadie pudiera desmentirles. Ya después de las elecciones, e incluso años después, una sentencia judicial podría decir que aquello era mentira. Eso en un sistema legislativo como el español donde la difusión de una información no veraz no está regulada como delito.
Con esa legislación si alguien, periodista, medios o ciudadano mediante una red social, hiciera circular una mentira, no solo no le pasaría nada hasta que un ciudadano se vaya al juez y éste dicte una sentencia, sino que quién estaría cometiendo una ilegalidad es quién denunciase que se trata de una mentira.
Como han señalado desde el bufete de abogados Almeida, “¿cual es la mejor forma de difundir bulos sin que la información mendaz te perjudique? Legislar para prohibir la verificación de la información, prohibir la información veraz”.
En diversas ocasiones he denunciado que señalar que una información es mentira de poco sirve si la ley no garantiza la veracidad que establece el artículo 20 de la Constitución. Pero parece que con Vox el panorama siempre puede ir a peor, en este caso a prohibir a los verificadores. Como dice el bufete Almeida, “que los verificadores sean inútiles no da derecho a prohibirlos. La libertad de prensa y empresa también ampara vender cosas innecesarias”.