A quién le importa lo que yo haga
Un periodista es como un perro de presa o así me lo enseñaron. Un tema se sigue y se persigue. Un tema no se abandona. Por eso cuando les conté en Los otros enjuagues del CGPJ, la trayectoria opaca y con claros indicios de corrupción que movía los hilos de la designación de jueces para posiciones en proyectos de cooperación jurídica internacional estaba suscribiendo un acuerdo implícito con el lector de contarle lo que averiguara sobre esta cuestión y a eso me pongo.
Di con un caso paradigmático pero ahora puedo asegurarles que es solo un botón de muestra de un modus operandi que se ha llevado a cabo en muchas ocasiones. Les anunciaba ese día que José Elías Gadea Francés sería el juez que llevaría a cabo la actividad remota del proyecto ICrime en Centroamérica y así ha sido, pero tengo que contarles cómo, para que todos, lectores y magistrados, tengan claro cómo funciona la zanahoria podrida del CGPJ. Esta zanahoria en concreto ronda los 9000€ netos, libres de impuestos, durante el mes de noviembre que sumar a los emolumentos habituales de Gadea y sin moverse de Madrid. Este mes cobra más que Lesmes. Esta es la historia de cómo un juez que ha sido destinado a dedo -Los jueces Bovril- al juzgado de García-Castellón, por la enorme carga de trabajo que este soporta, que dicen obliga a ponerle dos apoyos, va a estar todo el mes de noviembre sin trabajar ni un día en el juzgado de García-Castellón. Se me escapa cómo José Ramón Navarro, presidente de la AN, y Concha Espejel no vieron esta perversión del doble comisionado porque informaron a favor y es de cajón que perjudicaba a la Audiencia. Esta es la historia, con nombres y apellidos, de cómo se utiliza dinero de la UE para beneficiar a personas concretas saltando sobre todos los baremos de objetivación previstos. Pasen y vean la paradoja de cómo España designa expertos judiciales para enseñar a los centroamericanos precisamente cómo legislar contra la corrupción, el cohecho y el tráfico de influencias mediante métodos sospechosos de eso mismo.
El último día de agosto la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) comunicó al Ministerio de Justicia la petición de la UE de dos expertos para este proyecto, uno juez y otro fiscal. Así, se remitió a Fiscalía y Consejo, para que se publicitara entre la bolsa de expertos el tipo de curso y el plazo para solicitarlo y se recabaran los curricula. En la convocatoria no aparece el baremo de méritos que sí existe y que Justicia envió al Consejo. Tras recibirse las peticiones, el día 13 de septiembre, el CGPJ, a través de su Servicio de Relaciones Internacionales, le comunica al Ministerio que los seleccionados son Joaquín Gadea Francés y Ricardo Vicente Puyol, ambos de la conservadora APM sin hacer ninguna referencia a sus puntuaciones. Al día siguiente, según confirma Justicia, el CGPJ envía un nuevo correo para rectificar y decir que solo hay un candidato: Gadea Francés para que borren al otro. No hay explicación ni nadie la pide. Lo cierto es que Puyol está a punto de ser propuesto por Ciudadanos para director de la Oficina Antifraude de Andalucía, con una considerable tormenta política, ya que PP, Ciudadanos y Vox no logran sacar su nombramiento con 3/5 de la cámara en la primera convocatoria y tienen que esperar a hacerlo con mayoría ante la oposición del resto de fuerzas parlamentarias. Esta es otra historia, que ha llevado a la Junta a concederle un sueldo superior al del presidente Bonilla, para que no pierda respecto a los 86.777€ brutos que cobraba en la Audiencia de Granada.
Realizada esa modificación -sin explicación alguna por parte del Servicio de Internacional del CGPJ, cuyo jefe es el letrado Álvarez de Benito- Joaquín Gadea es el único nombre que se comunica a FIIAPP y así lo trasladan al jefe del proyecto en El Salvador, el magistrado jubilado francés Robert Ampuy, ex fiscal general de Andorra. Una semana después el Consejo remite un correo al resto de jueces peticionarios y les comunica que Gadea Francés es el elegido. Estamos a 20 de septiembre.
Solo que el caso es tan flagrante que las aguas empiezan a removerse. ¿Cómo es que un señor con 11 años de antigüedad en la carrera judicial ha pasado por delante de candidatos tan señeros como Eloy Velasco, Rodríguez-Medel, Ricardo De Prada o Ruíz Yamuza? Canta, hasta el punto de que en la Comisión Permanente presidida por Lesmes el día 7 de octubre se lleva la aprobación de una designación que ya está totalmente hecha, como han visto, y tras un debate agitado se decide remitir para ese puesto al Ministerio de Justicia todos los CV presentados con especial indicación de la terna formada por: Joaquín Gadea Francés, Florentino Ruiz Yamuza y José Ricardo de Prada. Este acuerdo se remite al Ministerio de Justicia que a su vez lo envía a FIIAPP y estos a los responsables del curso pero, claro, ajenos a los movimientos para vestir el muñeco, contestan que ya han dado la selección por hecha con el nombre que se remitió de forma unilateral y que no queda tiempo para variarlo. Está totalmente acreditado que este último paso se dio para revestir de formalidad legal una designación que no tenía vuelta atrás.
Pero ¿quién puntúa a los candidatos? Las normas comunitarias son exquisitas con la valoración de méritos, según requerimientos previos que deberían ser transparentes y que no lo son. Ese baremo figura en la documentación del Ministerio y era el siguiente:
Por experiencia profesional/antigüedad: De 10 a 14 años, 10 puntos; de 15 a 20 años, 20 puntos y más de 20 años, 30 puntos.
Por experiencia como formador de jueces o fiscales: 35 puntos.
Por experiencia en cooperación internacional: 15 puntos.
Por experiencia en programas de fortalecimiento institucional: 10 puntos.
Por experiencia en países de América Latina: 10 puntos.
Teniendo los curricula de la terna propuesta hasta yo puedo decirles que Gadea Francés es el peor posicionado. Con 11 años de carrera judicial se queda en 10 puntos, mientras que los otros dos tienen 30 por este concepto. Su única experiencia en cooperación internacional es, según él mismo, “llevar en solitario las solicitudes de cooperación internacional en Tarragona” y un curso teórico de cooperación. Está bien, súmenle los 15 puntos si quieren, no pasa de 25. Aún así los otros dos candidatos tienen que añadir a sus 30 puntos los de cooperación internacional, programas de fortalecimiento y los de experiencia en América Latina y se sitúan por encima de 60 tirando por lo bajo.
¿Quién tomó la decisión de proponer exclusivamente a Gadea en el Servicio de Internacional del CGPJ siendo el peor candidato? ¿Quién aplicó y supervisó esta baremación? Al frente del servicio llevaba 7 años el todopoderoso letrado Pedro Félix Álvarez de Benito. He de decirles que casualmente esta pasada semana el Pleno del CGPJ decidió no renovarle en su puesto, aunque podía haberlo mantenido durante 3 años más. Lo que sí se puede afirmar es que Justicia afirma que no realiza comprobaciones dado que da por supuesto que el CGPJ ha realizado con lealtad institucional y legalidad la propuesta y lo mismo sucede con FIIAPP. Una vez que el Consejo da un nombre, nadie vuelve a repasar si responde a los parámetros de mérito y transparencia exigidos. La propia FIIAPP confirma que es más que habitual que les lleguen candidatos únicos para los proyectos.
¿Quién es responsable de no aplicar el baremo debido?
¿Por qué se lleva a cabo un aparente proceso de legalidad con los candidatos cuando ya está seleccionado definitivamente Gadea?
¿Da puntos desconocidos ser miembro de la APM o estar en su Ejecutiva?
¿Es totalmente ajeno el beneficiario del procedimiento o ha realizado algún tipo de acción para lograr esa preferencia?
¿Por qué han apoyado desde la Audiencia Nacional perder a un comisionado que lo está exclusivamente en función de la inaplazable carga de trabajo de García-Castellón? ¿Hay informe del Servicio de Inspección sobre la carga de trabajo que asume Gadea?
¿Es ajeno Lesmes y los vocales a estos tejemanejes? ¿Por qué a posteriori los revisten de legalidad? ¿Han realizado algún control interno o auditoría de estos procesos?
¿En cuántos casos más se producen estas arbitrariedades o nepotismos dentro del CGPJ?¿Lo controla alguien?
¿Cómo se agradece este trato preferente?
¿Por qué el Ministerio, del signo que sea, no supervisa estas decisiones del CGPJ? ¿Por qué no lo verifica o audita FIIAPP, fundación de la que es patrona la ministra?
¿Quién vigila al vigilante?
Muchos de los que conocen que esta arbitrariedad es tónica habitual -en cursos de cooperación, participación en cursos, designación de ponentes- callan, porque si protestas por una injusticia lo más normal es que no vuelvas a entrar en la rueda. Otros porque no quieren problemas con sus propios compañeros. Hay indicios más que claros de corrupción. Hay un procedimiento que se pretende meritocrático y transparente que no se aplica y hay dinero de la UE por medio. Por mucho menos que esto se abren investigaciones a muchos políticos ¿las abrirán los jueces a sus compañeros? ¿no nos dicen que entre ellos y sin políticos se controlarían mejor?
Tengo toda la documentación de lo que digo por si esto pudiera considerarse noticia criminis. Hay irregularidades manifiestas que no son una mera excepción sino que afectan al procedimiento seguido habitualmente. Pero yo soy un mero perro de presa y ejerzo ese control difuso que en democracia se atribuye al Cuarto Poder. Es al Tercero al que le corresponde investigar y en su caso corregir estas acciones. No tengo mucha esperanza, como no la tenía cuando publiqué el insólito caso de la persona que pudo cambiar de juez a fiscal en La hija de Marchena.
Ser perro de presa es a veces desesperanzador, pero al menos no nos alimentan con pútridas zanahorias.