Blindar los derechos fundamentales de las personas que viven en las zonas despobladas de Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, en sus reflexiones sobre la Constitución, ha sostenido que, en vez de cambiarla, habría que blindar los derechos sociales. Es decir, que el derecho al trabajo y a una vivienda digna, tengan el mismo valor que el derecho a la vida y a la libertad.  

Si se adoptara la propuesta de blindar los derechos, de Emiliano García-Page, los poderes públicos se verían obligados a esforzarse mucho más para que la ciudadanía tuviera trabajo y vivienda. Pero una comunidad como Castilla-La Mancha no puede, por sí sola, blindar los derechos sociales, porque no tiene las correspondientes competencias.  

Sin embargo, el gobierno regional sí posee competencias para solucionar el problema de un derecho que ya está blindado por la Constitución y no disfrutan muchas personas de las zonas despobladas de Castilla-La Mancha. Me refiero al derecho fundamental, recogido por el artículo diecinueve de la Constitución, de elegir libremente la residencia y circular por el territorio nacional.  

En efecto, el derecho a elegir libremente la residencia es un derecho que vincula a los poderes públicos y está blindado por la Constitución, teniendo una protección jurídica reforzada. Pertenece al grupo de derechos que, como la vida y la libertad, están tutelados mediante el recurso de amparo, ante el Tribunal Constitucional.  

Es tan importante este derecho, que el Gobierno estatal no puede, por sí solo, dictar una ley para impedir que nos movamos por el territorio nacional y elijamos nuestro lugar de residencia. Como hemos visto durante la pandemia de la Covid-19, para suspender el ejercicio de este derecho, el Gobierno ha tenido que declarar el estado de alarma, contando con la aprobación del Congreso.  

Sin embargo, teniendo el reconocimiento de fundamental el derecho a elegir libremente la residencia, la mayoría de las personas nacidas en los pueblos de las zonas despobladas de Castilla-La Mancha, han estado o están privadas del derecho que se les ha reconocido.  

Ciertamente, la mayoría de las personas de las zonas despobladas de la región se han visto obligadas a emigrar o, lo que es lo mismo, su derecho a la libre elección de residencia solo han podido ejercerlo yéndose de su tierra. Este sinsentido jurídico, de dar libertad para emigrar, mientras se niega la libertad para permanecer, significa la negación de un derecho fundamental. 

Las difíciles condiciones económicas, sociales y laborales, existentes en las zonas despobladas, son las que han impedido a las personas elegir con libertad su permanencia y las ha forzado, contra su voluntad, a abandonar su pueblo, para irse a vivir a otro lugar. Este es y ha sido el drama de muchas personas, nacidas en Castilla-La Mancha: se han visto expulsadas de su tierra, empujadas por la necesidad, y no han tenido el derecho a fijar en el pueblo su residencia.  

Esta emigración por motivos económicos ha producido despoblación y la vulneración de un derecho fundamental blindado por la Constitución. La despoblación es una manifestación de la desigualdad entre territorios que los poderes públicos no han sido capaces de gestionar. Los gobiernos no han promovido un desarrollo sostenible, no han mantenido las infraestructuras (trenes) y han desmantelado los servicios públicos (centros de salud, escuelas y servicios sociales), olvidando que las zonas despobladas son una fuente de riqueza ecológica, económica, cultural y social, mermada en los últimos años. 

La grave situación de atraso y abandono hace difícil que, por sí mismas, las zonas despobladas de Castilla-La Mancha puedan desarrollarse y salir de su depresión. Tampoco podemos esperar que las rescate la mano invisible del mercado, porque los actores del mercado, empezando por los bancos, abandonan los pueblos cuando dejan de ser un negocio.   

Por tanto, es el Gobierno regional, en coordinación con la Unión Europea, el Estado y los municipios, quien debe revitalizar y promover un desarrollo económico sostenible de las zonas despobladas. Uno de los retos de la próxima ley contra la despoblación, debería ser que todas las personas que vivan en Castilla-La Mancha, puedan disfrutar del derecho a elegir libremente su residencia, es decir, no solo el derecho de emigrar, sino también el de permanecer en el pueblo de una región, que ofrece auténticas oportunidades vitales.  

El presidente de Castilla-La Mancha, en sus reflexiones sobre la Constitución, ha sostenido que, en vez de cambiarla, habría que blindar los derechos sociales. Es decir, que el derecho al trabajo y a una vivienda digna, tengan el mismo valor que el derecho a la vida y a la libertad.  

Si se adoptara la propuesta de blindar los derechos, de Emiliano García-Page, los poderes públicos se verían obligados a esforzarse mucho más para que la ciudadanía tuviera trabajo y vivienda. Pero una comunidad como Castilla-La Mancha no puede, por sí sola, blindar los derechos sociales, porque no tiene las correspondientes competencias.