De dictadores y traidores

Año 2017. Tras la lluvia de insultos, boicots y sentencias del TC contrarias a Cataluña (champán en vez de cava, M punto Rajoy -supuestamente), a la Constitución y a cualquier principio democrático, el nacionalismo catalán transformado en independentista (por entonces, gobiernos independentistas y un 60% de los jóvenes catalanes apoyando), el Gobierno decidió aplicar el artículo 155 de la Constitución y enviar una legión de guardias civiles y policías nacionales a aporrear independentistas, con el corolario posterior de la persecución judicial de los muñidores del esperpento, similar al que hicieron estas mismas autoridades judiciales al reclamar a los huidos al extranjero.

Pedro Sánchez, ya Secretario General, criticó la medida porque consideraba que la violencia no era la respuesta, pero por responsabilidad de Estado, al entender que es competencia del Gobierno la seguridad interior, apoyó la medida, ganándose la crítica de casi toda la izquierda, crítica en la que me incluyo.

Con una estrategia de negociación a trompicones, no siempre sincera, pero efectiva, el sujeto ha demostrado que el camino actual funciona (un President de la Generalitat no independentista, estos sin mayoría parlamentaria ni electoral y solo un 10% de los jóvenes catalanes solicitando la independencia). Y en ningún caso sin señalar que la estrategia del PP era muy parecida a la de cualquier dictadura y sin poner en cuestión las competencias de los órganos y administraciones del Estado.

Año 2024. Allá por Venezuela, a Maduro le da por ponerse impositivo tras unas elecciones que aún nadie sabe quien ha ganado (salvo la entelequia de la oposición de que el 70% de las actas están en su poder y que en ellas, el 70% habría votado por Edmundo González) y perseguir a la oposición de forma sistemática.

El Gobierno, que tiene la potestad de dirigir la política exterior, se suma a la posición internacional que reclama la publicación de las actas electorales y, en su caso, la repetición de las elecciones, exigiendo garantías democráticas para que se respete la voluntad de los venezolanos y tratando de evitar sufrimientos al conjunto de su pueblo. Solo los más reaccionarios que en el planeta son piden reconocer a Edmundo González como presidente (al que supongo apreciarán poco, pues viene del chavismo), siendo su verdadera apuesta la señora Machado, una nueva cara de los reaccionarios de la oposición que tradicionalmente la han liderado y muy cercana a los postulados de Milei, Putin, Abascal y, en cada vez mayor medida, de Feijóo y su muchachada.

Siendo así la cosa, el Gobierno decide acoger como asilado político a Edmundo González, en un gesto que le honra, aunque nos gustaría un trato similar para todo tipo de perseguido político, tras haber conseguido a nivel internacional, en colaboración con la ONU, que su posición fuera la más seguida a nivel internacional y consiguiendo algo más difícil aún, la unanimidad de los miembros de la UE.

Y hete aquí que, aún sabiendo que el conflicto es peligroso e incendiario, que parte de sus reivindicaciones sobre Edmundo González se han cumplido y que existe un consenso internacional al respecto. bajo la dirección del único poder que tiene competencia en materia de política exterior, Feijóo y su muchachada no solo no se ponen de perfil, sino que hurtando la potestad gubernativa, revolcando en el fango sus esfuerzos por responder con moderación, pero con contundencia y con el acuerdo de la comunidad internacional, presentan una moción para que España reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, incluso quiere ir más allá del derecho internacional para que nuestro Gobierno acuse a maduro de crímenes contra la humanidad (¿alguien se acuerda qué han dicho sobre Israel y Netanyahu?), destrozando cualquier liderazgo internacional del Gobierno de España en este escabroso asunto.

Pero el foco se pone en si el Gobierno dice que Venezuela es una dictadura o no (hasta ahora sabemos que controla la justicia, cual vulgar Partido Popular español, y que, a través de ella, persigue a la oposición tratándolos como delincuentes y golpistas, pocas denuncias de torturas se han podido verificar y en los enfrentamientos callejeros que se suceden con cierta frecuencia en el país, no solo mueren opositores) y no en quien apoya o traiciona al Gobierno de España en circunstancias excepcionales y peligrosas.

¿Para cuándo un debate de quiénes son auténticos traidores a su país y admiradores de dictaduras?

Año 2017. Tras la lluvia de insultos, boicots y sentencias del TC contrarias a Cataluña (champán en vez de cava, M punto Rajoy -supuestamente), a la Constitución y a cualquier principio democrático, el nacionalismo catalán transformado en independentista (por entonces, gobiernos independentistas y un 60% de los jóvenes catalanes apoyando), el Gobierno decidió aplicar el artículo 155 de la Constitución y enviar una legión de guardias civiles y policías nacionales a aporrear independentistas, con el corolario posterior de la persecución judicial de los muñidores del esperpento, similar al que hicieron estas mismas autoridades judiciales al reclamar a los huidos al extranjero.

Pedro Sánchez, ya Secretario General, criticó la medida porque consideraba que la violencia no era la respuesta, pero por responsabilidad de Estado, al entender que es competencia del Gobierno la seguridad interior, apoyó la medida, ganándose la crítica de casi toda la izquierda, crítica en la que me incluyo.