Impacto del nuevo Reglamento de Extranjería en España: riesgos, desafíos y soluciones

Nueva reforma de extranjería en España: oportunidades, riesgos y propuestas

El nuevo Reglamento de Extranjería aprobado en 2024 y que entrará en vigor en mayo de 2025 representa un cambio importante en la política migratoria española. La reforma busca facilitar vías legales de residencia y trabajo, simplificar trámites y reducir la irregularidad. Sin embargo, una de sus medidas más controvertidas es la llamada “regla de los seis meses”, que obliga a solicitantes de asilo denegados a permanecer medio año en situación irregular antes de poder regularizarse.

Esta vía extraordinaria, vigente solo durante el primer año, podría beneficiar a unas 900.000 personas en tres años, pero introduce una etapa obligatoria de vulnerabilidad. Durante esos seis meses, las personas no podrían trabajar legalmente ni acceder a derechos básicos, lo que expone a explotación laboral y exclusión social. Además, no se permite simultanear la solicitud de asilo con las vías de arraigo, lo que obliga a escoger un solo camino.

El contexto actual agrava este escenario: España recibió en 2023 más de 163.000 solicitudes de asilo, pero la mayoría son rechazadas. Solo entre enero y junio de 2023 hubo más de 21.000 denegaciones. La tasa de reconocimiento (refugiado o protección subsidiaria) fue de entre el 12% y el 18%, una de las más bajas de la UE. En contraste, colectivos como el venezolano han recibido permisos humanitarios tras la denegación, algo que no ocurre con nacionales de Colombia, Perú, Marruecos o Honduras, quienes quedan sin alternativas legales.

Se estima que hay más de medio millón de personas en situación irregular. La reforma intenta reducir esta cifra mediante cambios como el nuevo arraigo sociolaboral, que baja de tres a dos años la residencia necesaria y permite regularizar con un contrato. Las previsiones oficiales hablan de unas 300.000 regularizaciones anuales hasta 2028.

No obstante, el impacto real dependerá de la implementación. Si no se refuerzan los recursos administrativos, existe riesgo de colapso en las Oficinas de Extranjería, lo que retrasaría las resoluciones y prolongaría la irregularidad. Además, la exigencia del medio año sin papeles dejaría fuera a muchas personas cuyas solicitudes se resuelvan después de mayo de 2025 o que no acumulen ese tiempo.

Desde el punto de vista económico, mantener a cientos de miles de personas fuera del sistema formal es una pérdida: trabajadores que podrían cubrir vacantes en sectores con falta de mano de obra y aportar a la Seguridad Social. Se calcula que España necesita unos 250.000 inmigrantes adicionales cada año para sostener su sistema de bienestar. La regularización masiva, por tanto, podría ser una oportunidad económica, siempre que se ejecute con agilidad y sin exclusión.

Para las empresas, la nueva normativa permite contratar legalmente a migrantes ya presentes en el país. Sin embargo, el periodo de seis meses de espera puede generar incertidumbre, pérdida de empleo o empleo informal. Esto afecta tanto al trabajador (que queda desprotegido) como al empleador (que se arriesga a sanciones).

A nivel social, la regularización podría mejorar la inclusión, la estabilidad familiar y la convivencia. Pero si no se corrigen los vacíos del sistema, se perpetuarán situaciones de exclusión: menores escolarizados sin papeles, economías sumergidas o sobrecarga de servicios sociales y ONG.

Recomendaciones clave:

1.Refuerzo administrativo: Dotar a las Oficinas de Extranjería de más personal y recursos antes de mayo de 2025 para evitar colapsos. Campañas informativas y ventanillas únicas facilitarían el proceso.

2.Soporte transitorio: Ampliar la vigencia de la tarjeta roja o permitir trabajo temporal tras la denegación de asilo, evitando que las personas pierdan empleo o ingresos durante el periodo de espera.

3.Colaboración público-privada: Las empresas pueden identificar trabajadores migrantes en proceso de regularización y ofrecer contratos para facilitar el arraigo. Esto cubre vacantes y da estabilidad al personal.

4.Flexibilidad normativa: Evaluar el impacto real tras el primer año e introducir ajustes si fuera necesario. Por ejemplo, ampliar el periodo extraordinario o permitir contar el tiempo de espera del asilo en los arraigos futuros.

5.Protección a colectivos vulnerables: Refuerzo de redes de apoyo para personas fuera del sistema (mujeres, menores, familias). El acompañamiento social, legal y psicológico es clave para evitar su exclusión y facilitar su futura integración.