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Nacionalizar Iberdrola: una cuestión de justicia, seguridad y soberanía
El pasado 6 de junio, Iberdrola vivió su primera huelga general en toda su historia. Más de 9.000 trabajadores de todo el país se movilizaron en defensa de algo tan básico como la dignidad: llevan más de una década con los salarios congelados, y la empresa, lejos de negociar un convenio justo, sigue batiendo récords de beneficios.
En 2024, Iberdrola ganó más de 5.600 millones de euros. La mitad de esos beneficios provienen de su negocio en España. Sin embargo, quienes garantizan el suministro eléctrico día a día —técnicos, ingenieros, operarios, personal de soporte— apenas han visto una subida del 2,8% en cuatro años, frente a una inflación del 19,4%. Esta brecha no es solo injusta: es peligrosa.
¿Queremos tener a los técnicos que operan nuestras centrales nucleares cobrando sueldos congelados? ¿Queremos que los profesionales en ciberseguridad que protegen nuestras redes eléctricas estén mal pagados, desmotivados o en fuga hacia el sector privado extranjero? ¿Qué nivel de resiliencia puede ofrecer un sistema eléctrico en manos de fondos que solo buscan rentabilidad?
Porque Iberdrola ya no es una empresa nacional. Su mayor accionista es Qatar Investment Authority (8,7%), seguido por BlackRock (6,6%), Vanguard (4%) y otros fondos especulativos. Más del 70% del capital está en manos de inversores extranjeros que no tributan aquí, no emplean aquí y no responden ante la ciudadanía española.
La presencia de estos fondos buitre en una infraestructura crítica es una amenaza a la soberanía energética. No se trata solo de dividendos: hablamos de seguridad nacional. La energía es esencial para hospitales, defensa, industria y vida cotidiana. No puede depender de las decisiones de accionistas anónimos en Nueva York, Londres o Doha.
Nacionalizar Iberdrola no es una consigna radical: es una respuesta necesaria. Significa recuperar el control sobre un bien esencial, invertir en talento técnico y profesional, garantizar precios justos y reinvertir beneficios en la transición ecológica del país.
Porque la energía no es un negocio, es un derecho. Y porque un país que no controla su energía, no controla su futuro.
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