Un país a la zaga: la condena de los móviles en clase

Llevo más de una década tronando y actuando para que en los institutos de enseñanza secundaria en los que he trabajado y trabajo, primero en Italia y luego en España, las autoridades educativas, desde los equipos directivos hasta las mismísimas consejerías de Educación de los gobiernos regionales se posicionen para prohibir y desterrar definitivamente los móviles de las aulas. Por el camino, Suecia prohíbe ya los smartphones en las aulas desde hace años, recientemente lo ha hecho Francia y, en nuestro país, Cataluña, que siempre va a la vanguardia en tantos aspectos, acaba de hacer lo propio.

El resto del país, ya sea las islas Canarias en donde resido y trabajo como docente público desde 2016, como mi nativa Extremadura, va a la zaga, porque, simplemente, como en todo, somos reacios a la innovación, a la apertura mental catalana. Los móviles nunca fueron un avance ni un futuro, sino puro retroceso educativo que nunca debió suceder. Lo dije cuando empezaron a aparecer los móviles en los centros y lo repito hasta el hastío ahora que las pruebas me dan, por desgracia, cada vez más la razón.

Sin embargo, en este país, en donde la mentalidad franquista se filtró siempre y nos caló hasta los tuétanos, prohibir (que no es más que marcar el límite que necesita todo buen proceso educativo) suena a “ser facha”. Todo porque seguimos sin estar vacunados contra la verdadera intolerancia o pasotismo (dos cuartos de lo mismo): implicarse es hacer equilibrio para hallarse en el justo medio, el laxismo es, más bien, acomodo funcionaril y una pura hipocresía, no forma parte de la educación que muchos buenos profesionales tenemos en la cabeza.

Para ello, se nos hace comulgar con ruedas de carro: según la teoría vigente, muy canallesca pero muy útil a las autoridades fácticas que repiten el mantra (falso, obviamente) de que no hay recursos (tradúzcase: dinero), el uso de los teléfonos inteligentes ahorran al erario público grandes recursos cuya falta se hace pesar de modo insolidario y subrepticio sobre las espaldas de las familias. Se tira de que “como todo el alumnado tiene móvil”, es más fácil cumplir con la llamada “competencia digital” que ha nacido como un hongo en la formulación de las últimas leyes educativas: no importa que luego la wifi funcione un día sí y otros dos no, o que los cables crucen la mitad de la pared descascarillada de un aula construida de modo obsoleto, oscura, o fría, o calurosa, o todo junto.

Por si fuera poco, se obvia, por ejemplo, que en la escuela o el instituto público una familia pudiente compre a su hijo un Iphone 15 mientras que la familia del compañero le provea del móvil de segunda mano que puede o malpuede porque ni siquiera está en grado de proporcionar un desayuno adecuado a su hijo antes de marcharse a clase. Por el camino, como la conciencia políticamente correcta truena, los equipos directivos ponen a disposición de las pocas ovejas negras que quieren o tienen que salirse del redil con tablets obsoletos con los que los sufridos hijos de papás pobres o rebeldes (tradúzcase: que no quieren que sus hijos usen el móvil en el instituto) tienen que bregar para estar al paso de esa insolidaria y mal llamada competencia digital.

También, por el camino, como somos muy modeLnos (con L mayúscula intercalada), las consejerías de educación obligan a los docentes a sacarse una especie de habilitación de competencia digital por niveles, pero no hacen lo propio, por ejemplo, con habilitaciones para tratar a alumnos con NEAE, que objetivamente es algo mucho más imperioso, urgente y solidario, además de obligatorio según la ley.

La educación de países en vías de desarrollo educativo como el nuestro se sigue basando en normativas superguais, pero la realidad del aula y de los pasillos se estampa con la realidad más cruda, como que, por ejemplo, en mi ciudad de nacimiento, Almendralejo, tan sufrida, menores de edad sufran con dolor las consecuencias de una vista tan gorda por parte de ejércitos de educadores poco comprometidos, esos que hacen la vista gorda cuando el alumno anda haciendo fotos por los pasillos.

¿Se prohibirán los móviles en España? Pues claro. Lo llevo diciendo desde 2016 cuando volví. Por entonces, calculé quince años de fuego antes de que la ley se promulgue. Nada de profecías: se trata sólo de observar que siempre corregimos los errores con la misma lentitud. Quizás para enseñar mejor haya que empezar, algún día, a aprender más rápido. Pero, claro, eso sería soñar con otro país.

Llevo más de una década tronando y actuando para que en los institutos de enseñanza secundaria en los que he trabajado y trabajo, primero en Italia y luego en España, las autoridades educativas, desde los equipos directivos hasta las mismísimas consejerías de Educación de los gobiernos regionales se posicionen para prohibir y desterrar definitivamente los móviles de las aulas. Por el camino, Suecia prohíbe ya los smartphones en las aulas desde hace años, recientemente lo ha hecho Francia y, en nuestro país, Cataluña, que siempre va a la vanguardia en tantos aspectos, acaba de hacer lo propio.

El resto del país, ya sea las islas Canarias en donde resido y trabajo como docente público desde 2016, como mi nativa Extremadura, va a la zaga, porque, simplemente, como en todo, somos reacios a la innovación, a la apertura mental catalana. Los móviles nunca fueron un avance ni un futuro, sino puro retroceso educativo que nunca debió suceder. Lo dije cuando empezaron a aparecer los móviles en los centros y lo repito hasta el hastío ahora que las pruebas me dan, por desgracia, cada vez más la razón.