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De pensiones y de churras y merinas

Marcelo Noboa

17 de noviembre de 2022 15:17 h

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Hace unas semanas, escuchaba en la cadena SER, un debate sobre los pensionistas y los salarios de los trabajadores. Una de las tertulianas (que se define a sí misma como progresista) articulaba su discurso entorno a una confrontación que, en estos tiempos de desmantelamiento del Estado de Bienestar, se daba entre la cuantía de las pensiones y los salarios de los trabajadores. Había que revisar, decía, las “generosas” pensiones de las que disfrutan los afortunados pensionistas “que no tienen mayores gastos durante la última etapa de su vida”

Preocupante, muy preocupante es el que se vaya instalando el discurso de confrontación entre pensionistas y asalariados. Salvando las respectivas distancias, dicha confrontación tiene los ingredientes peligrosos de la confrontación entre las clases populares y los inmigrantes “que nos roban nuestros trabajos y nuestros servicios sociales”.

Los pensionistas no son los culpables de los bajos salarios y de las condiciones laborales de una gran parte de los asalariados de éste país. Es confundir las churras con las merinas.

En España hay 9 millones de pensionistas y 20 millones de trabajadores. Los primeros han trabajado entre 35/40 años para poder disfrutar de una pensión digna, acorde con su contribución al sistema y han luchado en la calle para defender sus derechos que, como el monstruo del lago Ness, aparece con demasiada frecuencia para cuestionarlo, porque los buitres de las privatizaciones acechan para repartirse la suculenta tarta. Los segundos, sufren las consecuencias del Real Decreto-ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral de Rajoy, que promovió el “despido exprés”, precarizó el mercado laboral y bendijo los contratos basuras de días, semanas o meses. Gracias a la reforma laboral impulsada por la ministra Yolanda Díaz, esta situación está cambiando, pero tardará en revertir la infamia del gobierno Rajoy. Pero de ello no tienen la culpa los pensionistas.

Con unos sindicatos desmovilizados, con una clase trabajadora poco o nada reivindicativa (el ejemplo más patético ha sido, que el gobierno haya tenido que legislar en contra de los propios trabajadores explotados, para darles derechos, con la Ley Ryder)

Finalmente, la tertuliana a la que he aludido y los que se apuntan a la tesis de lo “bien que viven los pensionistas” olvidan que una gran parte de estos pensionistas son dependientes y el estado carece de instrumentos y servicios que les ayude a soportar los costes que la dependencia implica: Residencias cuya gestión, en manos de las empresas privadas, buscan la mayor rentabilidad a costa de suprimir servicios y personal (véase el infame tratamiento dado a los mayores durante la pandemia, muertos en la soledad más absoluta y sin atención médica); Ayuda a domicilio escasa y la poca que llega es para los más vulnerables (solo para pensiones no contributiva y para las más bajas del sistema, mientras los pensionistas que no tienen derecho a ello, tienen que pagarlo con sus pensiones. Los costes de una residencia sobrepasan hasta para los que “gozan” de una pensión máxima y tienen que recurrir, para cumplimentarlo, a sus ahorros.

Si señora tertuliana, la vejez, lamentablemente, es muy cara.

Hace unas semanas, escuchaba en la cadena SER, un debate sobre los pensionistas y los salarios de los trabajadores. Una de las tertulianas (que se define a sí misma como progresista) articulaba su discurso entorno a una confrontación que, en estos tiempos de desmantelamiento del Estado de Bienestar, se daba entre la cuantía de las pensiones y los salarios de los trabajadores. Había que revisar, decía, las “generosas” pensiones de las que disfrutan los afortunados pensionistas “que no tienen mayores gastos durante la última etapa de su vida”

Preocupante, muy preocupante es el que se vaya instalando el discurso de confrontación entre pensionistas y asalariados. Salvando las respectivas distancias, dicha confrontación tiene los ingredientes peligrosos de la confrontación entre las clases populares y los inmigrantes “que nos roban nuestros trabajos y nuestros servicios sociales”.