¿Puede plantearse una cuestión prejudicial cuando la cosa ya está juzgada?

La pregunta se responde sola. Si la cuestión es “pre-judicial” es eso precisamente, que un juez o tribunal eleve al TJUE una cuestión “pre-judicial” o lo que es lo mismo, antes de juzgar, porque tiene dudas de que el derecho interno a aplicar entre en contradicción con la normativa comunitaria. Pero claro, si la Audiencia Provincial de Sevilla ya sentenció, y culminado el proceso judicial, los afectados plantean un recurso de amparo constitucional al Tribunal constitucional, que recordemos es el máximo garante de la constitución, para que tutele y garantice los derechos constitucionales que entienden vulnerados, y este tribunal los ampara, anula la sentencia y devuelve el caso a la Audiencia Provincial de Sevilla para que resuelva pero, respetando los derechos fundamentales vulnerados, este órgano judicial solo tiene una opción válida en Derecho, dictar resolución eliminando los elementos vulneradores de derechos fundamentales amparados. ¿Y qué es lo que dijo la Audiencia Provincial? Pues algo tan aberrante como que dos expresidentes de la Junta de Andalucía malversaron y prevaricaron (en el caso de Griñán) y (la prevaricación en el caso de Chaves) en la aprobación del proyecto de presupuestos de la Comunidad autónoma de Andalucía. Alumnos de 1° de Derecho resolverían esta cuestión en minutos. Un presidente de un Consejo de Gobierno autonómico o nacional, no puede cometer delito de prevaricación administrativa en la aprobación política del proyecto de presupuestos, es así de simple, de la misma manera que los 109 diputados andaluces que aprobaron las partidas presupuestarias no cometieron delito alguno. Cuestión distinta es que en la ejecución de las partidas presupuestarias aprobadas se desvíen fondos o se malverse en su distribución, pero no es el caso de la sentencia de la Audiencia provincial contra los dos expresidentes. Pues bien, el TC ha devuelto el asunto a la Audiencia provincial de Sevilla para que resuelva preservando los derechos vulnerados y la AP de Sevilla se rebela, se niega a ejecutar la sentencia del TC y planea plantear una cuestión prejudicial al TJUE que no tiene competencias en este sentido...Es evidente que la decisión de la AP de Sevillla es política, ahora que el gobierno de Juanma Moreno está imputado por un fraude 100 veces mayor que el de los ERE, y con ello lo que quieren es ganar tiempo para dar a la máquina de mentir de la derecha mediática y llegar así a las elecciones autonómicas andaluzas con munición (de fogueo) pero que hace el mismo ruido. Porca miseria...