Reflexiones sobre el llamado modelo de enseñanza concertada

El debate sobre el llamado modelo de enseñanza concertada se sustenta (por parte de sus defensores) sobre sus dos argumentos estrella:

1.- Hay que respetar la libertad de los padres a la hora de elegir la educación que desean para sus hijos.

2.- El modelo concertado ha demostrado ser más eficiente en términos económicos.

A primera vista, uno lee estas afirmaciones y si asumimos sus negaciones (el modelo contrario no respeta la libertad de los padres y además es menos eficiente económicamente –más caro–) parece evidente que en circunstancias normales apoyemos la bicoca y todas las bondades que este modelo nos ofrece, sin embargo, son varios los efectos perversos que este modelo genera y sobre los que debemos reflexionar.

En primer lugar, la educación debiera ser el garante de la libertad e igualdad de oportunidades de todas las personas que se están formando, y sin embargo, el modelo concertado lo que pone de relieve es una segregación por múltiples motivos, pero principalmente por motivos económicos.

En su espíritu, el modelo concertado garantiza la gratuidad de la educación en cualquiera de los centros concertados y, sin embargo, lo que se da en muchos casos (no en todos, es cierto) es una deshonestidad tremenda. Todos conocemos casos de centros concertados que aplican innumerables triquiñuelas (qué fea palabra y más si hablamos de centros educativos que debieran ser garantes de valores); estas triquiñuelas van desde aportaciones “voluntarias” (que de voluntario tienen poco) a obligatoriedad de pagar (y a qué precios) según qué servicios (transporte o comedor principalmente) aunque no los utilices, recomendación de recibir clases de refuerzo en asignaturas, pero claro, no externas al colegio y que por supuesto son de pago, y hasta la obligatoriedad de pertenecer a una cooperativa de padres con cuota mensual, por supuesto.

Con todas estas triquiñuelas consiguen que, lo que denominan exclusivamente educación, en esos centros sí sea gratuita, sin embargo, las familias de los estudiantes de esos centros deben “rascarse” el bolsillo, y con ello, pretendidamente (consciente o inconscientemente) se expulsa de este modelo a los hijos de las familias más desfavorecidas; no creo estar descubriendo nada nuevo ni escandalizar a nadie si afirmo que la relación que hay entre nivel económico de las familias y sus resultados académicos (que debiera ser también tema de reflexión) está ampliamente confirmada.

El llamado modelo concertado es básicamente un modelo privado que se financia mayormente con dinero público y en menor medida con dinero privado proveniente de las propias familias (también hay centros, me consta, que solo reciben dinero público).

Por ello la estructura de nuestro sistema educativo (centros públicos, centros concertados, centros privados) es claramente un sistema educativo clasista que cercena la libertad e igualdad de oportunidades de aquellas familias más desfavorecidas al empujarlas a unos centros donde, previsiblemente, su propia casuística, va a hacer que los rendimientos sean menores y la conflictividad mayor.

Aun siendo esto así, quizá debiéramos asumirlo, si no fuera por el pequeño detalle que los centros concertados contribuyen a esta desigualdad con dinero público que proviene de los impuestos de todos, también de aquellas familias más desfavorecidas que con sus impuestos financian unos centros que no se pueden permitir para que algunos que podrían pagar más, paguen menos.

Si, a pesar de lo anteriormente comentado, debemos apoyarnos en centros llamados concertados, dos deben ser las exigencias innegociables:

1.- Asegurar que en esos centros las familias no paguen absolutamente nada más de lo que pagarían en un centro público.

2.- Las admisiones a estos centros deben corresponder a organismos públicos y en ningún caso al propio centro.

Respecto al segundo argumento (eficiencia económica), me gustaría conocer (algo he leído pero no estoy en disposición de confirmarlo) un estudio comparativo serio y honesto sobre la relación entre la inversión pública por alumno de las distintas comunidades y el gasto que realizan las familias por alumno en esas mismas comunidades. Me gustaría poder confirmar si aquellas comunidades que invierten menos en educación por alumno, lo consiguen porque son más eficientes o porqué delegan una parte de esta inversión en las propias familias, lo que nuevamente sería un atropello a la igualdad de oportunidades.

También quisiera señalar el asombro que me produce que este mismo argumento de libertad de elección no lo esgrimamos en otras esferas de competencias públicas para intentar mantener nuestra libertad pero pagada con fondos públicos, por ejemplo, yo quiero mi libertad para elegir el juez que me va a juzgar, mi libertad para elegir la protección de mi residencia y no depender de las fuerzas de seguridad del estado, mi libertad para elegir el detective privado que debe investigar el robo en mi domicilio, mi libertad para elegir el médico que me va a tratar… ah, no, espera, esto ya lo intentó la Comunidad de Madrid (o algo similar)… a este respecto de la Sanidad, es realmente sorprendente cómo muchas personas que defienden el modelo concertado en enseñanza no quieren exportar ese mismo modelo a la Sanidad.

Nadie está en contra de la libre elección de las familias del centro escolar de sus hijos, lo que está en cuestión es quién debe pagarlo… Por último, señalar que hasta la enseñanza privada se queja de este modelo concertado por considerarlo competencia desleal… y, tal vez, no le falte razón.

El debate sobre el llamado modelo de enseñanza concertada se sustenta (por parte de sus defensores) sobre sus dos argumentos estrella:

1.- Hay que respetar la libertad de los padres a la hora de elegir la educación que desean para sus hijos.