Sanidad, inmigración y opinión pública

Los españoles mantenemos, en general, opiniones bastante positivas en torno al fenómeno de la inmigración, en especial cuando nos comparamos con lo que indican para otros países europeos diferentes encuestas de opinión. De hecho, los partidos que hacen del discurso anti-inmigración un punto central de su programa o que se manifiestan abiertamente xenófobos han obtenido, por el momento, un éxito electoral muy limitado en España. Y a pesar de que la crisis económica, el aumento del desempleo y los recortes en ayudas sociales constituyen en muchos otros países un excelente caldo de cultivo para el fortalecimiento de estas formaciones, la politización de la inmigración en España sigue manteniéndose en niveles bajos en términos comparados.

Una excepción a esta tónica general de escasa politización ha sido el asunto del acceso de los extranjeros al sistema público de salud. Ya en el año 2000, recién aprobada la primera gran reforma de nuestra ley de extranjería con el respaldo de un amplio consenso parlamentario (Ley 4/2000), el Partido Popular decidió usar el asunto del acceso de los extranjeros a la sistema público de salud como la gran excusa que justificaba una reforma inmediata de una ley que apenas había entrado en vigor. Y decimos excusa porque aunque el Partido Popular efectivamente procedió a la reforma de la Ley 4/2000, el nuevo texto legal (Ley 8/2000) dejó intactos los preceptos relativos al acceso a la sanidad, que supuestamente motivaban la necesidad de reforma. De este modo, el acceso universal que consagraba la Ley 4/2000 se mantuvo. Muchos expertos en la materia de toda Europa consideraron la aproximación española al asunto como una buena práctica: el acceso a la sanidad era universal para todos los residentes en el país que se registraran en el Padrón Municipal, algo que no estaba limitado sólo a los residentes regulares.

Sin embargo, a finales de 2012, con la oleada de recortes sociales adoptados por el gobierno del PP y su mayoría absoluta, el decreto conocido como del ‘apartheid sanitario’ (RD 16/2012) puso fin al modelo universalista antes descrito. Como explicaba Javier Moreno aquí, esta reforma del Sistema Nacional de Salud se justificó con el argumento de acabar con el “turismo sanitario”, tanto de ciudadanos de la UE residentes en España como de inmigrantes extracomunitarios, y sirvió en la práctica para expulsar a los inmigrantes en situación irregular del sistema público.

La cuestión fue objeto de cierta polémica en el marco de las movilizaciones a favor de la sanidad pública lideradas por la marea blanca; ONGs y profesionales promovieron campañas de rechazo al decreto y objeción de conciencia, programas de televisión revelaron el absurdo burocrático al que se veían condenados incluso aquellos inmigrantes que intentaban contratar un seguro pagado de su bolsillo (el supuesto objetivo de la reforma), algunas comunidades autónomas buscaron subterfugios legales para evitar sus consecuencias prácticas… hasta que llegó la campaña electoral de las autonómicas de 2015 y hubo que poner, de nuevo, las cartas sobre la mesa. Prácticamente todos los partidos suscribieron una declaración en marzo de 2015 para la para la “restitución efectiva” del derecho universal a la salud y se comprometieron a incluir dicha medida en sus programas electorales de 2015 y 2016. Todos menos el PP y Ciudadanos.

Conocemos las posturas de los partidos, pero sabemos poco sobre qué opinan los españoles del acceso a la sanidad de los extranjeros. Por ello realizamos, con apoyo de la Fundación Alternativas y Fundipax, un breve cuestionario online a una muestra de 1000 individuos en toda España, en la que preguntábamos, entre otras cosas, cómo perciben los españoles el uso que los extranjeros hacen del sistema sanitario, el impacto que la inmigración tiene sobre la calidad del sistema, si la administración debería invertir más recursos allí donde se concentran más inmigrantes y si, en última instancia, los españoles piensan que debería arbitrarse algún sistema que garantice la preferencia nacional en el acceso al sistema nacional de salud. A diferencia de encuestas anteriores, a la mitad de los encuestados les formulamos las preguntas refiriéndonos a los inmigrantes o la inmigración en general, mientras que a la otra mitad se le formularon las mismas preguntas pero referidas a los “ciudadanos de países ricos de la UE”. La asignación a cada uno de estos dos grupos en que se divide la muestra fue estrictamente aleatoria. La ventaja de este pequeño matiz en la formulación de las preguntas es que permite aislar el efecto que el origen de los inmigrantes tiene en las opiniones reveladas por los encuestados, distinguiendo entre la imagen de “extranjero como inmigrante económico” que domina en el imaginario colectivo, y los procedentes de países ricos de la UE que podrían protagonizar el polémico fenómeno del “turismo sanitario”.

El gráfico que presentamos resume los resultados obtenidos una vez que las diferencias por sexo, edad, educación y auto-posicionamiento ideológico han sido neutralizadas. Cada uno de los paneles del gráfico se refiere a una de las preguntas que hemos mencionado en el párrafo anterior. El indicador azul refleja la probabilidad de que un individuo de nuestra muestra se manifieste de acuerdo con la afirmación en cuestión (p.ej: la presencia de extranjeros disminuye la calidad de la atención sanitaria) cuando se les preguntó por inmigrantes en general, y el indicador rojo cuando se les preguntó por los extranjeros procedentes de países ricos de la UE.

Probabilidad de estar de acuerdo con diferentes afirmaciones sobre el acceso de los inmigrantes al sistema de salud

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta Fundipax/Alternativas Noviembre 2015. Los indicadores son estimaciones calculadas a partir de regresiones logísticas controlando por sexo, edad, educación y auto-posicionamiento ideológico.

Varias cuestiones emergen con nitidez de lo representado en el gráfico. En primer lugar, la mayoría de los españoles rechaza la idea de que la atención sanitaria pierda calidad como consecuencia del acceso de extranjeros a ella; aún así, son un 40% los que consideran que la presencia de extranjeros daña la calidad del sistema y, además, no se aprecian diferencias en la percepción en función del origen de los extranjeros.

Sin embargo, un 50% de los encuestados afirma que los inmigrantes abusan de la atención gratuita, porcentaje que sube hasta el 65% cuando se pregunta sustituyendo inmigrantes por ciudadanos procedentes de países ricos de la UE.

Prácticamente uno de cada dos españoles cree que la administración debería invertir más recursos allí donde se concentran los inmigrantes. Pero si la pregunta se refiere a inmigrantes de países ricos de la UE el porcentaje de casos a favor de esta estrategia se divide por dos. O dicho de otro modo, la percepción de uso abusivo frecuente no genera un deseo generalizado de más inversión en aquellas zonas donde se concentran más extranjeros, especialmente si son procedentes de países ricos de la UE.

En cambio, algo bastante inquietante es que, al parecer, la percepción de uso abusivo por parte de los extranjeros, alimenta el apoyo a la preferencia nacional en el acceso a la sanidad, sobre todo respecto a los ciudadanos de otros países de la UE: 60% la apoyan , comparado con ‘sólo’ el 35% que la apoyaría respecto de los inmigrantes en general.

En definitiva, aunque más de la mitad de los españoles ve con relativa normalidad el acceso de extranjeros al sistema nacional de salud y no dramatiza el impacto que ello tiene en la calidad de la atención sanitaria, hay elementos preocupantes en la encuesta. A pesar de que profesionales tanto de la sanidad como de la investigación han mostrado que la población inmigrante usa la sanidad menos que la española, todo apunta a que el discurso sobre el abuso surte efecto. Es más, el elevado rechazo que genera el acceso de los extranjeros procedentes de los países ricos de la UE al sistema sanitario hace patente que el debate sobre el ‘turismo sanitario’ está dejando huella entre la población. Dos tercios de los encuestados consideran que son los extranjeros de otros países ricos de la UE son quienes abusan de la atención sanitaria gratuita en España y apoyarían la preferencia nacional ante ellos. ¿Por qué no proponer mecanismos efectivos para articular un sistema de cobro a los sistemas sanitarios del resto de países europeos por la atención sanitaria prestada a sus ciudadanos, y dejar de alentar actitudes xenófobas tanto hacia los estigmatizados ‘irregulares’ como hacia los nacionales de nuestros socios europeos?