El fracaso de la coordinación europea en la gestión sanitaria de la epidemia ha dejado solos a los gobiernos nacionales en la tarea de coordinar a los actores públicos, privados y de la sociedad civil en la lucha para contener la pandemia. Según un estudio reciente, los ciudadanos prefieren que sea así, pues se muestran más favorables a que la gestión de la pandemia recaiga en los gobiernos nacionales que en la Unión Europea.
La centrifugación del poder en periodos de crisis también es consistente con lo que sabemos hasta hoy sobre el impacto de grandes cambios en el reparto de poder. Por ejemplo, la exposición de los países a los procesos de globalización está asociada a una mayor centrifugación del poder a través de una mayor centralización fiscal.
La revitalización del papel del gobierno nacional durante esta crisis plantea distintos retos e interrogantes en los países donde la fragmentación de competencias obliga a una actuación política concertada entre distintos niveles de gobierno. Los estados federales y descentralizados se sostienen sobre un delicado equilibrio entre el poder central y el poder de las regiones y por eso esta crisis plantea algunos desafíos y preguntas que reviso a continuación respecto al caso español:
1. Coordinar significa imponer costes de manera desigual
El primer reto es el de la coordinación de la actuación frente al virus cuando las competencias sobre políticas sanitarias y de salud pública están en manos de los gobiernos autonómicos.
Como ya revisé en otras páginas, las dificultades en esta coordinación se deben tanto a elementos coyunturales –como el alto grado de confrontación y polarización política en el que emerge esta crisis– como a elementos estructurales, como las divergencias en la forma de generar datos entre Comunidades Autónomas o la ausencia de interlocución previa con la que se vuelve a convocar la Conferencia de Presidentes. Estos elementos, siendo estructurales, son susceptibles de reforma y seguramente formarán parte del conjunto de lecciones que deban incorporarse a los órganos de cooperación intergubernamental tras la crisis.
Lo complicado en esta situación es sincronizar una desescalada común a pesar de que la crisis tiene un impacto sanitario y económico desigual entre Comunidades Autónomas. La ideal para cada gobierno autonómico sería diseñar un procedimiento de desescalada del confinamiento “a medida”, es decir, con un ritmo y extensión de acuerdo con las condiciones sanitarias y económicas específicas de su territorio.
Pero para garantizar que la salida en cada Comunidad Autónoma no imponga externalidades negativas en el resto es necesario armonizar esas estrategias. Coordinar, en este contexto, significa imponer costes: los que para cada territorio implica renunciar a su óptima estrategia de salida.
2. ¿Revival centralista?
Un interrogante sobre los efectos sobre la cuestión territorial de la crisis del coronavirus es observar si las dificultades de una actuación coordinada en el ámbito sanitario y los efectos económicos provocan un aumento de las preferencias por una mayor centralización del Estado Autonómico. En Alemania existe en la actualidad un debate sobre si sería necesario recentralizar algunas competencias para mejorar la coordinación federal en un momento de crisis. En el caso de España, el debate sobre la cuestión territorial lleva abierto mucho tiempo, y la crisis abre una oportunidad para transformarlo. La cuestión es en qué dirección puede modificarse.
Durante la anterior crisis económica de 2012 se produjo un repunte muy significativo de las preferencias de los ciudadanos por un Estado centralizado que fueron reduciéndose paulatinamente con la mejora de la situación económica.
¿Preferirán los ciudadanos un gobierno central más potente y con más capacidad para afrontar una futura pandemia o los costes económicos que se deriven de la actual? En la actualidad las percepciones sobre la cuestión territorial en España están polarizadas ideológicamente. Si las preferencias se recentralizan, es posible que la polarización ideológica se reduzca. Pero esto es compatible con una mayor polarización de las preferencias entre territorios.
3. ¿Cómo se repartirán las responsabilidades?
Finalmente, está el interrogante de cómo se repartirán las responsabilidades sobre la gestión sanitaria y económica de esta crisis. La respuesta frente a la pandemia depende de múltiples factores, y uno de ellos tiene que ver con el estado de los servicios sociales y sanitarios en cada Comunidad Autónoma ante la llegada de la epidemia. Sin embargo, el gobierno central ha adquirido durante esta crisis una visibilidad en la que las responsabilidades autonómicas se diluyen.
Los datos de opinión pública parecen apuntar a que la valoración de los gobiernos resulta inversamente proporcional al grado de responsabilidad que han adquirido en la gestión de la crisis: menos favorables a medida que transitamos de la evaluación de los ayuntamientos a la del gobierno central, pasando por la de los gobiernos autonómicos.
La centrifugación de la autoridad en el gobierno central durante la crisis puede alterar el normal funcionamiento del control democrático de los gobiernos autonómicos. No es sólo una ocasión para estos para exonerarse de la responsabilidad sobre los fracasos, también una oportunidad perdida de reclamar el mérito de sus éxitos.
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