En su libro “Los amigos políticos” el historiador José Varela Ortega nos cuenta, entre muchas otras cosas, como entre los coroneis o caciques brasileños se decía “para los amigos, la justicia; para los enemigos, la ley” (1977:356). Para el México de Juárez (y el posterior) también hemos escuchado y leído esa misma divisa. Y posiblemente, la España de la Restauración con sus operadores políticos y caciques, en la que en 1885 se dice “todo por y para los amigos” respondería los mismos patrones nepotistas. Nepotismo que en Grecia era “una obligación, más que una falta de moral”.
Pensaba en esto a raíz de la última jugada del gobierno brasileño. Hace unas pocas semanas, el anterior Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), fue arrestado e interrogado durante unas cuatro horas antes de ser puesto en libertad. Las autoridades brasileñas estaban investigando los 8.12 millones de dólares en donaciones que su fundación sin ánimo de lucro- el Instituto Lula- había recibido de empresas constructoras. Dichas empresas tenían una relación muy estrecha con la mayor empresa del país, Petrobras. Según la fiscalía brasileña, esos 8,12 millones son solo la punta del iceberg de un escándalo mucho mayor que lleva 133 detenidos, tanto grandes empresarios como políticos de los principales partidos de todo el espectro ideológico. Valga un ejemplo: el Secretario de Finanzas del Partido de los Trabajadores (PT), João Vaccari Neto, ha sido sentenciado a 15 años de prisión por recibir “donaciones irregulares”. Si bien la investigación ha sido objeto de instrumentalización política por parte de los jueces, el gobierno también está utilizando las instituciones en su favor – como el nombramiento de Lula como ministro para así ser aforado atestigua. Sin embargo, no me interesa el tira y afloja institucional brasileño, sino recalcar que esta no es la primera vez que en Brasil las relaciones entre política y finanzas (o negocios) devienen problemáticas (véase el caso Mensalao hace un par de años).
Lamentablemente, los escándalos entre el ámbito empresarial o financiero y la política, parecen ser más una constante que una excepción. En los últimos años, han surgido casos en Japón –donde hace menos de tres meses dimitió el ministro de economía y de por violar las leyes de financiación de partidos-; Corea del Sur – con suicidio del corruptor y lista de corrompidos incluido- o Indonesia, donde Transparencia Internacional dice que el mayor tipo de corrupción es la relacionada con las elecciones. No solo hay casos en Asia: ya hablé de Kenya, Reino Unido y Australia aquí. Hablar de España, después de toda la retahíla de los últimos años y toda la información que se ha conseguido, entre otros, desde eldiario.es nos llevaría cientos de ‘posts’.
Una de las preguntas más relevantes que debemos hacernos es qué papel tiene el dinero en la integridad de las elecciones. El dinero es fundamental para la política y generalmente se percibe como un problema tanto para el público como para los expertos. Desde el Electoral Integrity Project en la Universidad de Sydney, acabamos de presentar los principales resultados de nuestro informe anual en el que a partir de la opinión de más de 2000 expertos electorales, se evalúa la integridad electoral en 180 elecciones de 139 países. El informe, está disponible aquí y los datos son libres y gratuitos.
Definimos el concepto de integridad electoral en once dimensiones. La cuestión de las finanzas, es una de ellas. Como se ve en el gráfico de debajo, tenemos un problema global.
Gráfico 1
El gráfico muestra el desempeño de la dimensión de las finanzas en los países que han celebrado elecciones nacionales desde julio de 2012 hasta 2015. Se lee de la siguiente manera: cuanto más intenso es el verde, mayor es el grado de integridad electoral de la elección. Cuanto más rojo, peor. Las áreas en gris indican que o bien todavía dicho país no ha celebrado elecciones, o bien que ese país no celebra elecciones a nivel nacional (ej: China). Son muy pocas las elecciones que los expertos –tanto domésticos como internacionales- evalúan de forma positiva en lo que concierne a finanzas. De hecho tan solo hay tres países (Noruega, Alemania y Dinamarca) con o por encima de los 70 puntos (que calificamos de muy alto). Si existe un patrón, lo único que podemos decir es que lo negativo domina.
El grafico muestra un contraste muy grande cuando, además de las finanzas, incluimos el resto de las dimensiones que conforman el concepto de integridad electoral: leyes, procedimientos, fronteras electorales, registro de votantes, registro de partidos, medios de comunicación, proceso de votación, conteo, resultados y autoridades electorales. Para resumir todas estas dimensiones que, a su vez, se desagregan en 49 variables, creamos un índice de integridad electoral. El mapa inferior muestra el resultado global.
Gráfico 2
El contraste entre los dos mapas es muy relevante. A juicio de los expertos, Brasil tiene una integridad electoral alta (entre 60-69 puntos) pero muy baja (por debajo de 40) en lo que concierne a finanzas. Australia y Nueva Zelanda muestran una integridad electoral muy alta (por encima de 70) pero moderada (entre 50-59 puntos) en finanzas. Un patrón similar se observa con países africanos, europeos y asiáticos. Como en otras ocasiones, ser una democracia y/o tener un nivel de renta, ayuda a una mayor integridad electoral, pero no es condición imprescindible (por ejemplo, Mongolia o Bután).
Los expertos –a quienes desde estas líneas agradezco el tiempo dedicado a responder la encuesta- para el caso español otorgan una valoración alta (entre 60 y 69 puntos), donde hay algunas dimensiones muy bien valoradas (otras no lo son tanto). Las cuestiones relativas a las autoridades electorales, el procedimiento, el conteo y los resultados, consiguen resultados muy altos (por encima de los 80 puntos).
Gráfico 3
Sin embargo, además de lo relacionado con la financiación, hay tres asuntos en los que nuestro país puede mejorar: lo concerniente a las leyes electorales, a las fronteras de los distritos electorales (que en España son las provincias) y a los medios de comunicación. Respecto a los dos primeros problemas, recomiendo las entradas de Alberto Penadés en este mismo blog (aquí, o aquí y uno mío aquí). En lo que concierne a los medios de comunicación, que también es un problema en el resto del mundo, la principal queja de los expertos es con respecto al acceso y a la cobertura de los medios.
Si bien en lo que a las elecciones se refiere, la España de hoy está lejos de la que describe Varela Ortega, no cabe bajar la guardia y se deben habilitar mecanismos que aumenten la integridad de nuestras elecciones.
En su libro “Los amigos políticos” el historiador José Varela Ortega nos cuenta, entre muchas otras cosas, como entre los coroneis o caciques brasileños se decía “para los amigos, la justicia; para los enemigos, la ley” (1977:356). Para el México de Juárez (y el posterior) también hemos escuchado y leído esa misma divisa. Y posiblemente, la España de la Restauración con sus operadores políticos y caciques, en la que en 1885 se dice “todo por y para los amigos” respondería los mismos patrones nepotistas. Nepotismo que en Grecia era “una obligación, más que una falta de moral”.
Pensaba en esto a raíz de la última jugada del gobierno brasileño. Hace unas pocas semanas, el anterior Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), fue arrestado e interrogado durante unas cuatro horas antes de ser puesto en libertad. Las autoridades brasileñas estaban investigando los 8.12 millones de dólares en donaciones que su fundación sin ánimo de lucro- el Instituto Lula- había recibido de empresas constructoras. Dichas empresas tenían una relación muy estrecha con la mayor empresa del país, Petrobras. Según la fiscalía brasileña, esos 8,12 millones son solo la punta del iceberg de un escándalo mucho mayor que lleva 133 detenidos, tanto grandes empresarios como políticos de los principales partidos de todo el espectro ideológico. Valga un ejemplo: el Secretario de Finanzas del Partido de los Trabajadores (PT), João Vaccari Neto, ha sido sentenciado a 15 años de prisión por recibir “donaciones irregulares”. Si bien la investigación ha sido objeto de instrumentalización política por parte de los jueces, el gobierno también está utilizando las instituciones en su favor – como el nombramiento de Lula como ministro para así ser aforado atestigua. Sin embargo, no me interesa el tira y afloja institucional brasileño, sino recalcar que esta no es la primera vez que en Brasil las relaciones entre política y finanzas (o negocios) devienen problemáticas (véase el caso Mensalao hace un par de años).