En el marco del debate sobre la independencia de Cataluña aparece de forma recurrente como argumento pro-secesión la mejora institucional catalana tras la eventual separación. La lógica es que la independencia catalana permitiría hacer tabula rasa de la defectuosa institucionalidad española, grave lastre para el potencial económico (y no sólo económico) de Cataluña; y, en último término, diseñar un nuevo sistema, con los rasgos propios de los países institucionalmente más avanzados: respeto a los derechos de propiedad y al Estado de derecho, protección derechos minorías, poder judicial independiente, rigurosa defensa de la competencia, transparencia plena en la actividad pública y rendición de cuentas, etc.
Es difícil discutir que la calidad de las instituciones es un determinante fundamental del desempeño económico a largo plazo de los países. Así lo indican tanto los trabajos académicos (señaladamente, los de Acemoglu y Robinson) como la evidencia más o menos anecdótica (los países prósperos tienen -salvo contadas excepciones- instituciones sólidas).
No tenemos claro, sin embargo, que esa asociación entre una posible independencia catalana y la posterior mejora institucional sea obvia. En este post presentamos algunas de las preguntas que deben responderse. En la segunda parte del artículo nos centramos en el actual panorama institucional catalán.
¿Qué Instituciones y quién las diseña?
Un primer elemento a considerar es que la institucionalidad española, de seguro mejorable en muchos aspectos y ocasionalmente sonrojante en otros, también puede empeorar de forma sustantiva: a fin de cuentas España está situada en el 25% de países del mundo con mayor calidad institucional. En nuestro país, las escaleras del cambio institucional tienen numerosos escalones hacia arriba, pero muchos más hacia abajo. No está claro en absoluto que el camino catalán post-independencia haya de progresar en sentido ascendente; máxime en un contexto de fuerte división social, con un extendido fervor nacionalista y la pregonada convicción de que la mayoría lo puede todo al margen de las normas vigentes. Cualquier cambio en este sentido, obviamente, abre más interrogantes que certezas.
Por otra parte, los atributos de un buen sistema institucional son –también al sur del Ebro- sobradamente conocidos y, en sus rasgos básicos, escasamente controvertidos. El reto es conseguir que el poder político los haga suyos, dado que, en buena parte, se trata precisamente de limitarlo y controlarlo. Los teóricos de la mejora institucional catalana post-secesión parecen presumir que el diseño institucional de la Cataluña independiente sería un ejercicio cuasi-académico, protagonizado por brillantes personalidades catalanas como Mas Colell, Sala-i-Martín o Galí. Pero la conceptualización de las instituciones es la parte comparativamente más fácil: inventarse un sistema institucional técnicamente mejor que el español (o el británico, o el de EEUU) es algo casi trivialmente sencillo. Lo difícil es que ese diseño sea interiorizado por los agentes políticos y sociales, y que sobreviva con cierta coherencia a los procesos de negociación por los que debería pasar antes de materializarse. Para saber si eso es plausible, debemos mirar a los partidos (y colectivos sociales) que hoy día protagonizan el “procés”, pues son sus actitudes y planteamientos actuales los que nos pueden orientar sobre el futuro institucional que podría tener una Cataluña escindida de España.
¿Qué instituciones desean los independentistas?
La lista ‘Junts Pel Sí’ lamentablemente no nos permite responder la pregunta, ante la ausencia absoluta de programa que merezca el nombre de tal. Y esa ausencia es en sí misma reveladora: muestra que los partidos, colectivos y personas que la forman están de acuerdo solamente en la deseabilidad de la independencia: se trata de independizarse y luego ya se verá. ¿Por qué razón no hay un programa político? Porque los miembros de ‘Junts Pel Sí’ serían incapaces de ponerse de acuerdo en él. Algo en absoluto sorprendente en una lista tan variopinta (vg.“transversal”), pero que debe tenerse en mente cuando la academia independentista difunde sus proclamas sobre las seguras mejoras institucionales post-secesión.
Dado que la lista pro-independencia no nos ilumina, podemos “correr el velo” y analizar los planteamientos de los colectivos que forman parte de ‘Junts pel Sí’.
- En el caso de los movimientos sociales pro-independencia (tan importantes en tiempos recientes), su visión del “poble en moviment” que decide lo que quiere por mayoría (posición que se aproxima a lo que cabria llamar nacional-populismo), no parece el mejor presagio en el frente institucional, que requiere estabilidad, certidumbre, valores consensuados y un relativo aislamiento de los azares de la política. Como muestra, las declaraciones de Carme Forcadell, número 2 de la lista de ‘Junts pel Sí’, para quien no hay matiz, ni consenso, ni acuerdo posible: “ya no hay término medio: o estás con el sí, con el futuro y con Catalunya, o estás con el no, con el PP y con Rajoy”. 
- Entre los partidos independentistas, lo más llamativo es la ausencia de propuestas concretas de mejora en este campo: parecería que la independencia es la mejora institucional en sí misma. Aparentemente, conseguida la secesión, los órganos judiciales devendrán autónomos por arte de magia, los favores políticos a las empresas se terminarán y la corrupción cesará. Nunca llega a explicarse cómo se pasará de A a B, ni cómo ese óptimo régimen institucional resultará de la interacción entre los partidos soberanistas, o autodeterministas. Para la parte de la ciudadanía que perciba que entre ellos no faltan los beneficiarios del actual statu quo, con sus amplios márgenes de discrecionalidad y relativa falta de accountability, ni tenga en especial estima a los partidos de corte asambleario, con inclinaciones a veces estatistas, a veces vagamente antisistema, es difícil confiar en un buen arreglo institucional.
No debemos olvidar, por otra parte, el peso importante que la protección de minorías tiene en unas buenas instituciones. Un principio que forma parte de los criterios constitucionales básicos del Estado español y que (contra lo que la retórica nacionalista podría sugerir) nos parece que ha sido rigurosamente aplicado en la práctica, pues se puede discutir, y mucho, hasta qué punto el Estado español ha “hecho suyas” como debería las lenguas españolas distintas del castellano, pero es indiscutible que, más allá de algún caso esporádico o anecdótico, los hablantes de lenguas españolas minoritarias tienen en nuestro Estado una amplísima protección. ¿Sería este el caso para los castellano-parlantes en una hipotética Cataluña independiente? Como en otros ámbitos, no hay una posición oficial de ‘Junts pel Sí’ sino sólo opiniones personales de sus miembros: por ejemplo, el cabeza de lista (pero no presidenciable) Raül Romeva y la Vicepresidenta y portavoz de la Generalitat afirman que sí sería oficial. Sin embargo, la Presidenta del Òmnium Cultural, Muriel Casals - número 3 en la misma lista - piensa lo contrario, como bien nos contó en TV3 hace un par de años. ¿En qué quedamos? ¿Quedaría el castellano como lengua oficial o seguiría el criterio Casals “esto de dos idiomas oficiales es un poco extraño”? Sencillamente, no lo sabemos.
Atención al contraste: el nacionalismo catalán, con amplias competencias y protección legal dentro del Estado español para promover la lengua y cultura catalanas, se queja de la insuficiente deferencia a la minoría catalana por parte de ese Estado. Sin embargo, en su proyecto independentista la oferta de la mayoría pro-secesionista (caso de confirmarse esa mayoría) a la minoría de afinidad catalano-española es, en el mejor de los casos, ambigua y, en el peor, objeto de frívola improvisación personal según a quién se pregunte. El plan para estos ciudadanos parece ser primero retirarles la tutela del poder judicial español y luego “en parlarem”. Lo importante no es el realismo de este enfoque –es irreal y lo saben todos sus protagonistas- sino su contraste abierto con los principios mínimos que hay que exigir a un proyecto institucional.
En definitiva, se hace difícil encontrar algo en los planteamientos de los colectivos soberanistas que ofrezca mínima seguridad en torno a una elevación de la calidad de las instituciones catalanas post-secesión; por el contrario, aparecen algunos elementos importantes de incertidumbre que invitan a la cautela. Estas preguntas son importantes y los independentistas deberían responderlas para saber a qué futuro pueden optar los catalanes.
En el marco del debate sobre la independencia de Cataluña aparece de forma recurrente como argumento pro-secesión la mejora institucional catalana tras la eventual separación. La lógica es que la independencia catalana permitiría hacer tabula rasa de la defectuosa institucionalidad española, grave lastre para el potencial económico (y no sólo económico) de Cataluña; y, en último término, diseñar un nuevo sistema, con los rasgos propios de los países institucionalmente más avanzados: respeto a los derechos de propiedad y al Estado de derecho, protección derechos minorías, poder judicial independiente, rigurosa defensa de la competencia, transparencia plena en la actividad pública y rendición de cuentas, etc.
Es difícil discutir que la calidad de las instituciones es un determinante fundamental del desempeño económico a largo plazo de los países. Así lo indican tanto los trabajos académicos (señaladamente, los de Acemoglu y Robinson) como la evidencia más o menos anecdótica (los países prósperos tienen -salvo contadas excepciones- instituciones sólidas).