Hace unos días, el Ministro de Defensa Pedro Morenés se refirió en una entrevista a la “extraña paradoja” de que, siendo el Ejército una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos, se esté planteando recortes en su presupuesto. Para empezar, lo verdaderamente extraño es que a un miembro del Gobierno se le haya ocurrido tal silogismo. Si los recortes se diseñaran respondiendo al grado de desapego de los ciudadanos hacia las instituciones, a los partidos políticos no les llegaría ni para fotocopias.
En segundo lugar, las dificultades presupuestarias del Ministerio no son el resultado de la austeridad impuesta por la crisis. Si la crisis no existiera, Defensa seguiría estando cerca de la quiebra. El origen y mantenimiento del agujero financiero en el Ministerio no es económico, sino institucional y político. Es el resultado, por un lado, del déficit democrático del sistema político en España - falta de transparencia y de control sobre la contratación de las administraciones públicas. Por otro lado, es consecuencia (y un ejemplo más) del reparto desigual en los sacrificios para salir de la crisis, que impone austeridad a los ciudadanos mientras con el presupuesto público se protege de las pérdidas a grupos de interés poderosos, sea el poder financiero o las empresas de armamento.
Como muy bien explica el investigador Bernardo Navazo en su excelente documento “El impacto de la crisis económica en la defensa”, publicado por la Fundación Alternativas, el problema financiero en Defensa tiene su origen en la delirante política de modernización de equipamientos militares emprendida por el primer gobierno de Aznar (en el que Morenés participó como Secretario de Estado de Defensa). Se trata de los célebres Programas Especiales de Armamento. Para impulsar esos programas, el Ministerio de Industria otorgó un préstamo a interés cero por valor de 14.000 millones de euros a las empresas encargadas de fabricar los nuevos sistemas. Estos préstamos se contabilizarían como I+D, aunque la propia Secretaría de Defensa, en un informe elaborado en 2011, pone en duda tal naturaleza, al reconocer que muchas ocasiones simplemente se trata de transferencias de I+D de otros países.
Los contratos benefician casi en exclusividad a tres empresas: General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas para el Ejército de Tierra, Navantia para la Armada y EADS y sus consorcios para el Ejército del Aire. El calendario de pagos se establece para el 2012-2025 por un valor de 27.000 millones de euros que, incluyendo sobrecostes y modificaciones de contratos, suman entre 31.000 y 37.000 millones de euros. Es decir, nada más y nada menos que alrededor de un 3,5 por ciento del PIB. A pesar del volumen de la inversión, no existe (ni entonces ni ahora) un documento marco estratégico que ampare dicha iniciativa en criterios de prioridad, coste-eficiencia o de relevancia estratégica.
¿Cómo se pudo comprometer de esta manera los recursos públicos y por tanto tiempo? Según Navazo, la combinación de la falta de transparencia de la contratación pública en Defensa, la débil capacidad fiscalizadora del Ministerio y la desigual relación entre suministrador (empresa) y contratista (Ministerio), a favor del primero, hacen de la Defensa un ámbito especialmente vulnerable a la captación por parte de los grupos de interés del sector. Cabe pensar que a ello tampoco ayuda el habitual salto de profesionales de empresas del sector armamentístico a la administración, una puerta giratoria de la cual el propio Ministro Morenés es un buen ejemplo.
¿Cómo pretende el Gobierno solucionar este agujero? De momento, como los pagos son del todo inasumibles para Defensa, el Ejecutivo va parcheando con créditos extraordinarios (los cuales, por cierto, no se contabilizan en el Presupuesto de Defensa, lo que hace que los recursos del Ministerio parezcan menores de los que en realidad son). A diferencia de otros países, el Ministerio no se ha planteado ninguna reducción o cancelación en el número de unidades comprometidas en los programas (algo que sí han hecho en Reino Unido, Alemania y Francia). Al contrario, la opción ha sido blindar a los contratistas, refinanciando o retrasando las entregas. Se trata de un ejemplo más de cómo las medidas de austeridad imponen enormes sacrificios a los ciudadanos, mientras con el dinero público se protegen los intereses de ciertos grupos económicos.
Finalmente, esa protección a las empresas del sector armamentístico se produce, además, a costa de las partidas destinadas a mantenimiento y operatividad, que son las que están concentrando el ajuste presupuestario del Ministerio. Esto nos conduce, paradójicamente, a un Ejército con una brutal inversión en modernización, pero incapaz de ser operativo.
Afirmaba Morenés en su entrevista en Antena 3 que la valoración ciudadana del Ejército se debe a que “no ha dado escándalos”. Sin embargo, en los orígenes y gestión de los desmanes financieros del Ministerio de Defensa los ciudadanos pueden encontrar muchos motivos para escandalizarse.
Hace unos días, el Ministro de Defensa Pedro Morenés se refirió en una entrevista a la “extraña paradoja” de que, siendo el Ejército una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos, se esté planteando recortes en su presupuesto. Para empezar, lo verdaderamente extraño es que a un miembro del Gobierno se le haya ocurrido tal silogismo. Si los recortes se diseñaran respondiendo al grado de desapego de los ciudadanos hacia las instituciones, a los partidos políticos no les llegaría ni para fotocopias.
En segundo lugar, las dificultades presupuestarias del Ministerio no son el resultado de la austeridad impuesta por la crisis. Si la crisis no existiera, Defensa seguiría estando cerca de la quiebra. El origen y mantenimiento del agujero financiero en el Ministerio no es económico, sino institucional y político. Es el resultado, por un lado, del déficit democrático del sistema político en España - falta de transparencia y de control sobre la contratación de las administraciones públicas. Por otro lado, es consecuencia (y un ejemplo más) del reparto desigual en los sacrificios para salir de la crisis, que impone austeridad a los ciudadanos mientras con el presupuesto público se protege de las pérdidas a grupos de interés poderosos, sea el poder financiero o las empresas de armamento.