Apenas veinte días después de que el Consejo de Ministros diera luz verde al anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujeres Embarazadas abanderado por Alberto Ruiz-Gallardón, la dirección nacional del PP y el gobierno se encuentran con una “patata caliente”. El planteamiento de Gallardón de excluir la malformación del feto, de los supuestos en los que se podría abortar legalmente, ha generado un fuerte debate interno dentro del Partido Popular. Destacados dirigentes como Alberto Núñez Feijóo o José Antonio Monago han mostrado públicamente su malestar con este planteamiento. Otras destacadas voces, como la de la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, han reconocido, de forma más o menos explícita, ser poco partidarias de volver a una ley de supuestos (frente a la vigente legislación de plazos), que, de prosperar tal y como está planteada por Gallardón, sería más restrictiva que la de 1985. Y no pocos cuestionan dentro del Partido Popular la idoneidad de lanzar esta iniciativa ahora que el Gobierno empezaba, con cierto éxito, a poner el foco de atención en el discurso de la recuperación económica.
Al debate y la polémica generados dentro del PP, se unen los datos demoscópicos que se han conocido en las últimas semanas. El pasado 3 de enero El Mundo publicó un sondeo realizado a finales de diciembre en el que ya se constataba un amplio rechazo social a esta reforma. Así, el 73,7% de los encuestados se mostraba partidario de mantener la actual ley del aborto, frente a un 15,5% que estaba a favor de la reforma planteada por Gallardón. Una opinión que, aunque en diferentes magnitudes, también compartían los votantes del PP, ya que, según los resultados de ese sondeo, la mayoría (el 52,9%) de ellos se muestra a favor de mantenerla actual legislación del aborto, frente a un 31,6% que apoya la reforma de Gallardón.
Otra encuesta realizada por Metroscopia, entre el 8 y el 9 deenero, para El País apunta en la misma dirección. Casi 8 de cada 10 encuestados consideran que esta reforma no es necesaria, ni hay una demanda social que la justifique y, opinan, por el contrario, que el Gobierno la ha impulsado para “complacer a los sectores más conservadores de la Iglesia católica”. Una opinión que es compartida por la mayoría de los votantes del PP. Y es que el contenido de la reforma planteada por Gallardón parece contar con pocos adeptos. El 84% del total de encuestados (el 70% de los votantes del PP y el 59% de los que se definen como católicos practicantes) consideran que la malformación del feto debe mantenerse como un motivo para poder abortar legalmente.Y el 86% (porcentaje que en el caso de los votantes del PP es del 68% y en el delos católicos practicantes del 60%) está de acuerdo con la afirmación de que “toda mujer embarazada debe tener derecho a decidir libremente si quiere seguir o no con su embarazo”.
Asimismo, el amplio rechazo social a la reforma de Gallardón parece perjudicar las expectativas electorales del PP. Siguiendo con los resultados del sondeo publicado en El País, en un mes el PP habría pasado de estar a más de 2 puntos por delante del PSOE en voto estimado, a estar ahora 1,5 puntos por detrás. Así, mientras en diciembre se estimaba que el PP podía obtener un 33,9% de los votos, frente al 31,5% elPSOE, ahora el PSOE recabaría un 33,5% de apoyo electoral, frente al 32% del PP. Se trata de un pequeño cambio que puede ser totalmente coyuntural, pero que es “cualitativamente” importante, ya que refleja que la cuestión del aborto puede movilizar el voto anti-PP y ser una baza para el PSOE.
En cierta medida, resultan paradójicos los resultados que arrojan estos sondeos cuando la lectura que se ha impuesto es que el PP trata de agradar, con esta reforma, al electorado más conservador compensando el descontento que éste puede sentir con la aparente falta de contundencia del gobierno de Rajoy en otras áreas (como en la política antiterrorista). Según esa lectura, el PP trataría de evitar la desmovilizaciónde estos votantes en las elecciones europeas (en las que los partidos, en general, tienen que conjurar el fantasma de la abstención y al PP le bastaría con sacar un voto más que el PSOE para aparecer como gran vencedor).
Pero resulta dudoso que el impulso de esta reforma responda a una lógica electoral de este tipo. En primer lugar, porque los votantes más conservadores, además de ser cuantitativamente menos numerosos que los moderados, a los que este tipo de medidas puedeahuyentar, son cualitativamente más fieles.
El PP compite por el electorado que se sitúa más a la derecha de la escala ideológica, en la derecha, en el centro derecha, en el centro izquierda y en electorado que no declara ideología. Los barómetros del CIS muestran que, a lo largo de estos dos años de gobierno de Rajoy, el PP ha visto erosionados sus apoyos en todos sus nichos electorales (ver gráfico). Pero es en los electorados de centro izquierda y sin ideología en los que, en términos relativos, sus pérdidas han sido mayores, quedando sus apoyos reducidos casi a una cuarta parte. El electorado más escorado a la derecha es, por otra parte, menos proclive a abstenerse que el de centro. Así, por ejemplo, mientras un 7,3% de los votantes que se sitúan en la extrema derecha declaraba en octubre pasado su intención de abstenerse si en ese momento se hubieran celebrado elecciones generales, en el electorado de centro izquierda esa cifra se elevaba al 24,9%, en el electorado de centro derecha al 17,3% y en los votantes sin ideología al 38,5%.
Fuente:Barómetros del CIS.
Y, en segundo lugar, porque los efectos colaterales negativos de esta reforma superan con creces las supuestas ganancias electorales, puesto que:
-Con esta reforma, el PP pierde la imagen de partido moderado, tanto a nivel nacional como internacional, al aparecer como un partido ultraconservador.
-Esta cuestión divide internamente al PP.
-Puede despertar el voto anti-PP en el electorado de centro y de izquierda.
-Puede contribuir a fortalecer al PSOE como alternativa política. Hasta ahora la debilidad política del PSOE ha sido la principal baza del PP.
-Desplaza el foco de atención de la economía, dificultando la activación del voto económico, que tantos réditos da al PP al permitirle atraer bajo la misma bandera a los diferentes electorados por cuyo apoyo compite.
¿Cabe pensar que en el cuartel general de Génova o en La Moncloa no eran conscientes de los peligros que entrañaba plantear esta reforma? Es cierto que en el programa con el que concurrieron a las elecciones generales de 2011, los populares incluían el compromiso de reformar la ley del aborto, pero con una redacción muy general (“cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para proteger el derecho a la vida, así como de las menores”). La mayor polémica que suscitó, en su momento, la ley aprobada por el gobierno socialista era la posibilidad de abortar de las adolescentes de 16 y 17 años sin consentimiento de sus padres. En ese sentido, el electorado del PP podía esperar una modificación de la legislación del aborto, pero no un cambio tan radical y restrictivo como el que plantea Gallardón. Y, por tanto, lo más beneficioso para los populares, desde el punto de vista electoral, era impulsar un cambio moderado.
En cualquier caso, la estrategia electoral del PP pasa por activar el voto económico. La principal razón que, de acuerdo con la encuesta postelectoral del CIS, esgrimieron los electores que votaron al PP en 2011 era la de considerar a este partido como el más capacitado para gobernar. De este modo, mientras que las cuestiones morales como la del aborto dividen al electorado del PP, la economía y la capacidad de gestión les une.
Desde el pasado verano, el gobierno de Rajoy, favorecido por unos indicadores macroeconómicos más positivos, ha centrado su discurso en el mensaje de que la recuperación ya está en marcha. En ese contexto, ¿tiene sentido que el PP decida cambiar el foco de atención hacia un tema que le supone más peligros potenciales que beneficios?;¿han podido cometer los populares un error tan abultado?
Cabe pensar que la reforma del aborto impulsada por el gobierno es una apuesta personal de Gallardón y del sector que él representa, con la que tratan de complacer a algunos de sus grupos de presión. A lo largo de 2012, Gallardón dejó bien claras sus intenciones de restringir al máximo el aborto. Pero durante 2013 el PP buscó un perfil bajo en esta cuestión porque sabe que ésta erosiona su base electoral y crea tensiones dentro de su partido. Un perfil bajo que también trató de buscar el gobierno de Rajoy en la aprobación del anteproyecto, al elegir el penúltimo Consejo de Ministros del año para hacerlo; una fecha de baja intensidad política y mediática.
Si Rajoy ha permitido ahora que la reforma de Gallardón tome impulso es porque, una vez que ha decidido sacarla adelante para satisfacer a determinados grupos de presión, tiene menos costes políticos hacerlo en este momento, que más tarde (con la cita electoral de las autonómicas y locales más próxima).
No se puede descartar que calculadamente el proyecto planteado por Gallardón contenga el “programa máximo”, para que durante la tramitación parlamentaria el texto quede suavizado y se acepte finalmente que la malformación del feto sea una razón para abortar legalmente. Eso permitiría al PP recuperar una imagen de mayor moderación, al tiempo que de facto estaría endureciendo la ley de 1985 al dificultar, con otras medidas incluidas en la reforma, el proceso para abortar.
Quizás lo que calibró mal Rajoy, cuyos buscados silencios no ocultan que es él quien tiene la última palabra a la hora de aprobar unos proyectos y no otros, era el ruido que se iba a generar dentro de su propio partido. Un ruido que tratará de apaciguar volviendo a su estrategia de que sólo se hable de economía.
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Nota sobre el gráfico: El enunciado de la pregunta que se formula a los encuestados para pedirles que se ubiquen en la escala ideológica es el siguiente: “cuando se habla depolítica se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?”. La escala ideológica va de la posición 1 a 10, donde 1 es el extremo que está más a la izquierda y 10 el más a la derecha. Consideramos aquí: electorado de extrema derecha (posiciones 9-10 de la escala). Derecha (posiciones 7-8). Centro derecha (posición 6). Centro izquierda (posición 5). Bajo la categoría de electores “sin ideología” incluimos a los electores que no saben o no contestan cuando se les pide que se posicionen en esa escala.
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