El Tribunal Supremo ha confirmado esta semana la condena de prisión permanente revisable que impuso el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco a un hombre que asesinó a una bebé de 17 meses en Vitoria. El asesinato se enmarca en un contexto de violencia machista: el agresor atacó a la madre de la criatura -con la que entiendo que había iniciado recientemente una relación- mientras éstas dormían, la golpeó al grito de “te voy a matar”, trató de tirarla por el balcón y terminó tirando a la niña. Algunos elementos que sostienen la confirmación de la sentencia son el hecho de que la víctima mortal sea una menor y que ese asesinato se sume al intento de asesinato de su madre. No es un caso excepcional, incluso hay un concepto para nombrar la violencia que ejercen los agresores machistas contra niños y niñas como forma de castigo a sus madres: violencia vicaria.
Recuerdo que, cuando el pasado mes de septiembre leí la noticia de la condena a este hombre, se me sumó al runrún que me había provocado otra noticia unas semanas antes: los Mossos d'Esquadra habían estrenado las pistolas eléctricas contra un maltratador.los Mossos d'Esquadra habían estrenado las pistolas eléctricas contra un maltratador. La Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña sostiene que es un arma no letal, y Amnistía Internacional responde que más de 700 personas han muerto desde 2001 en Estados Unidos después de recibir descargas de pistolas eléctricas tipo Taser. No me pareció casualidad que eligieran un caso de violencia machista en “el año del feminismo” para estrenar ese arma ni tampoco me pareció casualidad que fuera mujer la portavoz del cuerpo de policía catalán quien explicó su uso en los informativos y magazines de la mañana.
Ahí se me encendió la lucecita: ¿estaremos asistiendo a una instrumentalización de los derechos de las mujeres y de la lucha contra las violencias machistas para legitimar políticas represivas? ¿Cuánto tardarán las fuerzas de seguridad del Estado o de las comunidades autónomas en utilizar las pistolas eléctricas para reducir, pongamos, a manteros o a inmigrantes en Frontera Sur?
En realidad, en Pikara Magazine esa inquietud se ha planteado casi desde los inicios de nuestra revista. En 2012, M en conflicto, psiquiatra queer que escribía en ese momento en Pikara, alertó de ello en relación al caso de José Bretón, un hombre que desapareció y asesinó a sus hijos cuando su mujer le pidió el divorcio. Señalaba M en conflicto la tendencia a presentar a los agresores machistas como monstruos o como enfermos mentales irrecuperables en vez de enmarcar sus crímenes en el problema social de la violencia hacia las mujeres.
En 2013, Andrea Momoitio escribió sobre las reacciones a la derogación de la Doctrina Parot, una jurisprudencia que cronificaba las penas de cárcel y que el Tribunal de Estrasburgo consideró contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Desarrollada en juicios contra miembros de ETA, contaba Andrea que a muchas feministas les preocupaba que su derogación hubiera tenido como resultado la puesta en libertad de violadores. Lanzaba preguntas tan pertinentes como éstas: ¿Ser “violador” es una identidad inamovible? ¿Puede nuestra ideología estar por encima de los Derechos Humanos? ¿Estábamos más protegidas de la violencia patriarcal mientras esos hombres estaban en prisión?
En febrero de 2014, la periodista Meritxell Guàrdia i Serentill analizó la reforma del Código Penal impulsada por el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. Señalaba que la propuesta penal se había presentado como “una de las más 'proteccionistas' con las mujeres”, y respondía que ese proteccionismo no solo victimizaba sino que chocaba con el hecho de que el endurecimiento del Código Penal afectaría a las mujeres en situación de marginalidad o exclusión social, ya que aumentaba la presión punitiva ante el hurto o la prostitución.
Avanzamos hasta 2018. La prisión permanente revisable fue incorporada al Código Penal en 2015, y ante la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez la revoque, hombres conservadores liderados por padres de jóvenes asesinadas recogen firmas para mantenerla en el ordenamiento jurídico. El caso de Diana Quer reabre el debate y pedimos un análisis a la abogada penalista Laia Serra.
En un artículo imprescindible, Serra nos habla del “populismo punitivo”: “Se define como la estrategia ideológica, manipuladora y reaccionaria del Estado de explotar las inseguridades de la colectividad para neutralizar ciertos debates sociales y criminalizar selectivamente ciertas conductas y sectores sociales para ir restringiendo libertades fundamentales”. Añade que se basa un interés electoralista y se vale de la manipulación informativa, dando recetas fáciles, obviando datos objetivos y opiniones expertas: “La construcción de los problemas sociales en clave delictiva evita que el Estado se responsabilice de las consecuencias de sus políticas y ofrecer una solución tangible: el castigo al ”delincuente“. Se genera un aliviante efecto balsámico al ofrecer un chivo expiatorio contra el que proyectar toda la indignación y la ansiedad que generan las actuales condiciones de vida”.
La jurista señala como tercer eje del populismo punitivo “la instrumentalización del dolor de las víctimas y de las supervivientes y de la empatía social que suscitan”, algo que choca con la realidad: las carencias de las políticas institucionales a la hora de atender las necesidades de las víctimas y garantizar su acceso a la Justicia.
Hay un último y reciente artículo de Pikara que quiero recomendar, el de Alicia Murillo sobre los que denomina como “patriarcas coraje”, padres de mujeres asesinadas que están recabando apoyos a favor de la cadena perpetua y que, en algunos casos, han sido fichados por partidos de derecha y extrema derecha. Murillo observa “cómo se vive, desde la masculinidad hegemónica, la pérdida de una hija víctima de violencia machista”, y compara los discursos de estos hombres con los de las madres que, lejos de pedir un sistema judicial más represivo, señalan que precisamente ese sistema es patriarcal, citando a referentes como Susana Guerrero o Asun Casasola, que se han vinculado al movimiento feminista conscientes de que el problema es más profundo que la existencia de unos cuantos individuos desalmados.
Tecleo en Google “feminismo prisión permanente revisable” y, además de a Pikara Magazine, me lleva a los siguientes contenidos:
Decía que llevamos desde 2012 preocupándonos por esta deriva, pero en 2019 el caldo de cultivo es particular: un contexto de auge y protagonismo mediático del feminismo pero también de la extrema derecha y sus discursos punitivistas. Acabamos de ver cómo ahí se crean alianzas peligrosas, como la de la Asociación Clara Campoamor con los “patriarcas coraje”. Recuerdo haber leído a Begoña Zabala, emblemática activista feminista navarra, que en los años ochenta el movimiento feminista autónomo era decididamente antipunitivo y no esperaba soluciones en lo penal, consciente de que la justicia patriarcal era generadora de violencia patriarcal. Tres décadas después, el feminismo se ha vuelto de masas, pero esas masas piden condenas más largas para los agresores. Creo que ahora es especialmente importante que nos dotemos de un argumentario antiautoritario sólido y lo divulguemos.
Termino leyendo en alto a Angela Davis, que sigue siendo una firme activista por la abolición de las prisiones:
“¿Cuánto de transformador hay en mandar a alguien que ha cometido violencia contra una mujer a una institución que produce y reproduce la violencia? Las personas salen aún más violentas de la cárcel. Adoptar el encarcelamiento para solucionar problemas como la violencia de género reproduce la violencia que tratamos de erradicar".
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“El Estado ha amparado a un pederasta y ha desprotegido a una niña”, entrevista a Susana Guerrero.
Sobre este blog
Pikara Magazine es una revista digital que practica un periodismo con enfoque feminista, crítico, transgresor y disfrutón. Abrimos este espacio en eldiario.es para invitar a sus lectoras y lectores a debatir sobre los temas que nos interesan, nos conciernen, nos inquietan.
