Una compañera feminista por la que llegué en 2013 a Nicaragua me envía por mensajería instantánea este goteo de noticias. Ya no sé ni qué contestar, más allá de agradecerle que no deje de difundir los abusos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ahora que ya no reciben apenas atención de la prensa internacional.
Dos años y medio después de la llamada Revolución de Abril, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CNDH) alerta de que “la represión gubernamental en Nicaragua nunca ha cesado, sin embargo es cíclica y se acentúa en fechas claves”. Una de esas fechas clave es septiembre, mes en el que se conmemora la independencia de Nicaragua de la Corona de España. El pasado 18 de septiembre, medio centenar de organizaciones internacionales expresaron mediante un comunicado su preocupación ante “el recrudecimiento de la represión por agentes del Estado” en estas fechas: “Personas activistas vinculadas con organizaciones civiles, periodistas, personas excarceladas y sus familias han denunciado haber sido víctimas de detenciones, uso excesivo de la fuerza, allanamientos de vivienda, criminalización, hostigamiento, amenazas de muerte, daños a sus propiedades, campañas de desprestigio y estigmatización en redes sociales”.
Destacaban también que la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) registró, entre el 1 y el 14 de septiembre, 165 agresiones dirigidas a mujeres activistas y defensoras de derechos humanos. IM-Defensoras denuncia que algunas de esas agresiones fueron sexuales, incluida una violación cometida por integrantes de los grupos armados pro-gubernamentales.
Por las mismas fechas, el partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), preparaba un combo de medidas para debilitar aún más a la disidencia. Por un lado, el pasado 22 de septiembre presentó en la Asamblea Nacional una iniciativa de Ley de Agentes Extranjeros que, de ser aprobada, “podría ser usada como instrumento de represión en contra de las personas y organizaciones de derechos humanos que reciben recursos de la cooperación internacional en el país”, denuncian una treintena de organizaciones internacionales en otro comunicado en el que reclama a la Comunidad Internacional que ayude a frenar este proyecto de ley contrario a los derechos civiles.
El FSLN se vale de su retórica antiimperialista y alega el afán de velar por la seguridad del Estado frente a la injerencia extranjera. Bajo ese manido argumento, prohíbe a entidades extranjeras financiar “actividades políticas internas en Nicaragua”. En cambio, los inversores seguirán siendo bienvenidos, ya que esta norma pondrá en el punto de mira a oenegés, agrupaciones ciudadanas y los pocos medios de comunicación independientes que siguen informando desde dentro del país, pero no a los grandes empresarios. Recordemos que uno de los megaproyectos por los que el movimiento campesino y el ecologista se alzaron contra Ortega y Murillo es la construcción de un canal interoceánico con capital de un empresario chino.
En un país empobrecido económica y políticamente, los fondos de la cooperación al desarrollo son fundamentales para el tejido asociativo; solo aquellas fieles al partido pueden optar a ayudas estatales. Pero, además de cerrar ese grifo, la iniciativa busca poder perseguir también a título individual a las y los activistas más incómodos, que deberán registrarse como “agentes externos” ante el Ministerio de Gobernación, exponiéndose a controles de sus actividades y sus recursos. Las organizaciones proderechos humanos señalan que la redacción de esta propuesta de ley es tan vaga que abonará el terreno poder multar, sancionar o incluso atribuir delitos contra la seguridad del Estado a quien le resulte incómodo.
Por si esto fuera poco, el Ejecutivo había iniciado dos semanas antes el trámite de una reforma para establecer cadena perpetua. En un claro ejemplo de lavado morado ('purplewashing', utilizar la lucha por la igualdad de género para justificar políticas represivas), el FLSN aprovechó una ola de feminicidios para anunciar esta medida. En su discurso por el día de la Independencia, Ortega insinuó (de nuevo con expresiones vagas) que el tipo penal de “crímenes de odio” serviría para castigar a quienes atenten “contra la paz”, lo que se ha interpretado como una amenaza para la disidencia social y política.
El tercer elemento de este combo es una Ley Especial de Ciberdelitos que el grupo parlamentario del FSLN propone para castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y pedir la extradición de quienes atenten contra la seguridad del Estado. De nuevo, las organizaciones proderechos humanos han señalado la vaguedad de artículos como el siguiente: “Quien, usando las tecnologías de la información y de la comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor o zozobra en la población, o en un grupo o sector de ella a una persona o familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión”. El proyecto de ley también establece penas de 3 a 5 años de prisión y multas a quien “incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público o la seguridad soberana”. La iniciativa de ley también pretende dar alas a la Policía Nacional y al Ministerio Público, previa orden judicial, para que “puedan intervenir los sistemas y equipos utilizados en la comisión de estos delitos, así como los procedimientos de incautación y depósito de sistemas informáticos o dispositivos de almacenamiento de datos”.
“Y no ha terminado… En estos momentos la policía persigue y captura a mujeres en la zona de metrocentro q pretendían manifestarse contra la violencia sobre las mujeres. Las infos son confusas hasta ahora…”
“Al parecer 15 jóvenes mujeres fueron capturadas y llevadas detenidas a la central policial de Plaza El Sol. De momento a estas horas de la noche no hay más noticias al respecto”.
“Sí, está la cosa complicada, y mucha paranoia de parte de ellos, pero también de parte nuestra, porque ahora sí que nos pueden joder incluso personalmente, nos pueden hasta confiscar nuestras casas, inspeccionar nuestras cuentas bancarias, lo que quieran”.
Leo estos mensajes, cuyas autoras bien podrían ser perseguidas por la Ley Mordaza, y me pregunto cómo podemos mantener el interés de la ciudadanía de este lado del charco hacia una crisis sociopolítica que ya dura dos años y medio. El goteo de noticias alarmantes es tan incesante que hasta la periodista más implicada e involucrada personalmente (como es mi caso) se ve arrastrada por el llamado efecto narcotizante.
Y me acuerdo de lo que me decía la activista antirracista Daniela Ortiz: “El racismo implica una normalización de la violencia contra los cuerpos migrantes y racializados”. El paso de la impotencia, a la resignación y de esta a la indiferencia es demasiado fácil, sobre todo cuando la violencia ocurre en “esos países” que solo salen en nuestras televisiones cuando hay masacres.
Las activistas feministas nicaragüenses, muchas en el exilio, siguen gritando por Nicaragua, pero cada vez se las escucha menos. A este lado del charco, apenas las escuchan los machos de izquierda obtusa que les devuelven insultos racistas y machistas en nombre de Sandino, que probablemente se esté revolviendo allá donde descanse.
Sobre este blog
Pikara Magazine es una revista digital que practica un periodismo con enfoque feminista, crítico, transgresor y disfrutón. Abrimos este espacio en eldiario.es para invitar a sus lectoras y lectores a debatir sobre los temas que nos interesan, nos conciernen, nos inquietan.
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