La Generalitat se ha pronunciado. Rechaza la reclamación que la hija de Raquel E. F., la interna de Brians que se estranguló en su celda el abril del 2015, interpuso a través de Irídia, Centro para la Defensa de los Derechos Humanos. Esta alegaba que Serveis Penitenciaris era responsable de la muerte de la interna porque no aplicó el protocolo de prevención de suicidios que corresponde a la Institución, pese a que la interna se había autolesionado en repetidas ocasiones y su salud se había agravado tras haber pasado seis meses en régimen de aislamiento.
La resolución niega el nexo entre el suicidio de Raquel E. F. y la diligencia de la institución penitenciaria, aduciendo que esta no mostraba una conducta suicida y que su acción no se pudo prever. Los argumentos que se desprenden del texto y los extractos de los informes médicos incluidos en él son la sustancia de nuestros prejuicios sociales acerca del suicidio. Hay que destapar esos sesgos.
Los que ahora pueden pronunciarse y decidir sobre los actos sobre la interna escriben que el protocolo no se aplicó porque esta no estaba en riesgo de suicidio. En los informes está bien claro que ella manifestó su deseo de quitarse la vida pero ellos hicieron caso omiso. No es extraño que el deseo de morir no se tome seriamente. La muerte es un tabú en esta sociedad y no podemos concebir que alguien la elija verdaderamente.
Los que ahora pueden pronunciarse argumentan que Raquel E. F. tenía “una actitud victimista e hipermostrativa”, un “carácter claramente manipulador” y que no tenía una “auténtica intencionalidad autolítica”. Esta valoración, frecuente en los discursos del suicidio, está en consonancia con el estereotipo sexista que presenta a las mujeres como manipuladoras y victimistas. También se apoya en las estadísticas. Según los datos del INE, las mujeres cometen más tentativas de suicidio que los hombres y, sin embargo, son muchos más los hombres que culminan el acto. “Lo que quieren es llamar la atención”, dicen algunos.
Pero ya que usamos la estadística, usémosla rigurosamente. Si las mujeres no culminan el acto de suicidio tanto como los hombres es, frecuentemente, porque usan métodos autolíticos menos letales que ellos. El INE registra el uso de armas de fuego, estrangulamiento y otros métodos altamente agresivos por parte de los hombres frente al envenenamiento y la ingesta de sedantes y drogas por parte de las mujeres. Asociar la letalidad de los métodos autolíticos con la intención de morir es un error.
Desafortunadamente, los prejuicios influyen en nuestras acciones. Raquel E. F. incendió su propia celda pero ni esa, ni otras acciones autolíticas se trataron con seriedad. No se atendió a la interna como a una persona en situación de riesgo, ni se le proporcionaron las condiciones adecuadas para mejorar su estado.
Los que ahora pueden pronunciarse escriben, también, que Raquel E.F. no presentaba síntomas psiquiátricos y que “a pesar de su conducta disruptiva, la interna no presentaba ninguna enfermedad mental que alterase su juicio de la realidad”. El vínculo entre psicopatología y suicidio es otro de los prejuicios sociales que, además, se refuerzan desde el ámbito de la salud. Psicopatologizar el suicidio es una forma de entender que nadie elige morir por voluntad propia. Impide reivindicar la agencia de la persona que ha decidido quitarse la vida.
Además, la interna tampoco mostraba signos de depresión. Por contra, ella gritaba, exhibía su ira y usaba la fuerza. Este comportamiento choca contra el prejuicio de que las personas que se quitan la vida están tristes, no luchan y no aplican resistencias. Los profesionales que trataron con Raquel E. M. afirman que “nunca manifestó una intencionalidad autolítica porque se mostraba luchadora”. Ellos juzgan, como esta sociedad, que la suicida legítima es la persona derrotada que “no exige ni pide nada, tampoco exterioriza ningún otro tipo de problema”. Olvidan que el suicidio puede ser una acción fuertemente política contra determinadas condiciones de vida. Y que a menudo, es el último acto de agencia frente la privación de libertad.
Por eso, la resolución concluye que la muerte de Raquel E. M “no fue el resultado de la actividad o inactividad de la Administración penitenciaria o del personal a su servicio”. No ve más allá de lo que ve.
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