El gobierno griego contabiliza 48 campos de personas refugiadas esparcidos por su territorio. Esas son las cifras oficiales, aunque no se sabe con seguridad cuántos puede haber. Sin olvidar espacios ocupados y autogestionados como Notara en Atenas o Orfanotrofio en Tesalónica. Organizaciones no gubernamentales, asociaciones, iniciativas creadas con fines humanitarios y personas voluntarias de todo el mundo han acudido en los últimos meses hasta el país heleno para echar una mano. Material, infraestructuras, alimentos, medicamentos, traducción, salvamento. Las tareas que están llevando a cabo son numerosas e intentan abarcan los aspectos más básicos de la supervivencia. La labor es loable y demuestra que el ser humano no está perdido. Aún. El problema de fondo es que no soluciona la situación, sólo la alarga indefinidamente. El riesgo de que los campamentos pierdan su carácter de temporalidad sobrevuela en cada acción emprendida para paliar las condiciones de precariedad de estos recintos, una gran mayoría sin abastecimiento eléctrico y con acceso limitado al agua potable y a la sanidad. De la educación, mejor no hablar.
“No somos más que un parche”, sentencia Nerea Pla, matrona voluntaria. Estuvo en Eko, llamado así porque se ubicó en torno a una gasolinera con ese nombre, durante dos meses. Se marchó con la firme intención de no volver. “La sensación de complicidad con el sistema es enorme. Lo que hace falta es que estos campos desaparezcan, no ponerlos bonitos”. Esta enfermera valenciana lo tiene claro: “Hay que poner la energía en lo político”.
Coincide con ella Yara Blasco, que cambió su verano en Madrid por la cooperación. Colabora en el proyecto 'Baby Hammam', que se centra en apoyar y acompañar a mujeres embarazadas o que acaban de ser madres, en Sindos, un asentamiento a las afueras de Tesalónica. “Europa ha acogido solo a 2.200 personas de las 160.000 que prometió. La 'cuota' de España era de 16.000 y únicamente han llegado 124. No se trata de reubicarlas, sino de no querer asumir los gastos de sanidad, educación… Y en ese escenario, somos la cara amable de las políticas que se aplican”.
La ‘Caravana a Grecia: Abriendo fronteras’ ha vivido en su periplo las mismas contradicciones. Los objetivos de la iniciativa estaban definidos desde el principio: denunciar las políticas migratorias de la Unión Europea así como el acuerdo firmado el 20 de mayo con Turquía, en el aire a raíz del reciente golpe de estado fallido. Asimismo tenía especial relevancia visibilizar la violencia que sufren mujeres, niñas y personas transexuales en el trayecto y en los campos. “No vamos al país heleno a llevar comida, productos higiénicos ni a colaborar en proyectos de cooperación, sino a hacer ruido, a no dejar que la situación de las personas refugiadas y migrantes, distinción injusta que criticamos, quede en el olvido ahora que llega el verano y, sobre todo, a presionar a nuestros gobiernos para que cumplan con los tratados internacionales como el Convenio de Ginebra y defiendan de los Derechos Humanos y acojan”, subrayaba Anabel Sanz, integrante de FeministAlde y de la coordinación de la plataforma Ongi etorri Errefuxiatuak, impulsora de la iniciativa.
La insistencia desde la coordinación redujo en gran medida el afán de los participantes de viajar a Grecia a ayudar, esa extraña necesidad que nada entre el paternalismo, la tranquilidad de conciencia y la capacidad del ser humano para preocuparse por sus semejantes. Aún así, no fueron pocas las veces que durante los 2.500 kilómetros por carretera y las más de 3.000 millas por mar que recorrieron los cinco autobuses, varias personas de las casi trescientas que se habían sumado a la iniciativa, propusieron en las asambleas recaudar dinero o visitar algún campo de refugiados para echar una mano o mostrar solidaridad.
Las personas llegadas de Afganistán y Siria, una gran parte de ellas kurdas, tienen la 'fortuna' de poder esperar para ser reubicadas en alguno de estos asentamientos. Los migrantes cuyo países de origen se llaman Pakistán, Irak, Argelia o Marruecos es muy probable que sean encerrados en alguno de los seis centros de detención y deportación del país heleno. La Unión Europa solo reconoce el derecho de asilo a la ciudadanía de los países que se consideran en guerra.
La espera en estos recintos en los que se apilan las tiendas de campañas de Acnur se hace interminable. Sin nada que hacer, las horas y los días pasan lentamente. Demasiado tiempo para pensar, para dudar, para arrepentirse. “Nadie nos da una respuesta”, lamenta un joven que huyó de Damasco hacia Líbano, desde donde atravesó el Egeo. Estuvo en Kilkis, después en Idomeni hasta que fue desalojado y ahora ve en Diavata, a las afueras de Atenas, cómo su sueño se le escapa de las manos. Una mujer con cuatro hijos llora de desesperación por no poder reencontrarse con su marido, que les espera en Alemania. Ninguno quiere estar allí. No han huido de la guerra, de la violencia o de la pobreza para estar atrapados en tierra de nadie.
La solidaridad no debe engullir la denuncia política, la única capaz de presionar a las instituciones para que cambien sus políticas migratorias. “Algunas personas aseguran que para esto, mejor haberse quedado en su país, que aunque no era seguro, al menos, no estaban enjaulados. Así es cómo se sienten”, señala Nerea Pla, que reitera que “se ponen recursos en lugar de poner el foco en que puedan seguir su camino y se pierde el norte”. En Diavata están acondicionando una guardería y una escuela.
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