Alvise Pérez se lanzó a la carretera el pasado 28 de mayo para promocionar su candidatura a las elecciones europeas. Recorrió toda la geografía nacional hasta culminar su campaña, austera y basada en el “boca a boca”, en un multitudinario acto en la Plaza de Colón de Madrid. Un día antes de empezar su gira, el hoy eurodiputado recibió 100.000 euros en metálico, tal y como ha asegurado el empresario que se los proporcionó y acreditan los mensajes éste ha puesto a disposición de la Justicia. Ahora la Fiscalía estudia si existió una financiación ilegal de la campaña de Se Acabó la Fiesta (SALF) y tiene en sus manos contestar a la pregunta clave: cómo se financia Alvise.
Alvise trabajó durante un tiempo a las órdenes de Ciudadanos y Toni Cantó en la Comunitat Valenciana hasta que dejó la política y se centró en su canal de Telegram, donde a día de hoy acumula más de 710.000 seguidores. Personas que, día tras día, consumen mensajes con bulos, racismo, machismo, así como sus consignas políticas. Y que también responden a las peticiones del agitador de extrema derecha para recibir dinero y poder financiar su “lucha”.
Hasta la fecha, Alvise nunca ha detallado de qué vive, mezclando explicaciones sobre su propio dinero con esas supuestas donaciones. Tampoco ha explicado con qué dinero ha pagado algunas de sus acciones a pie de calle, como las marquesinas de autobús que usó para hacer un falso experimento contra el Gobierno o las diversas pancartas gigantes que ha colgado de edificios en estos años. Ni con qué ingresos sufraga sus múltiples pleitos judiciales, algunos ya concluidos con sentencias firmes en su contra.
Ese enigma se trasladó a su campaña electoral para las europeas: una campaña que, según dijo una y otra vez, se basó en el “boca a boca” con pequeños actos en plazas sin apenas logística, armado con un megáfono y papeletas impresas. En su puesta de largo como final de campaña en la madrileña plaza de Colón fue acompañado de personal de seguridad y exhibió varias pancartas. Pero la puesta en escena estaba lejos de los grandes actos de PSOE, PP y Vox en lugares como Fuenlabrada o València.
Su estrategia económica, desde hace años, se basa en pedir dinero a través de su canal de Telegram para poder financiarse sin el supuesto riesgo de que los bancos bloqueen sus ingresos. Pero nunca ha dicho ni cuánto dinero tiene ni qué hace con las donaciones de sus seguidores.
Los mensajes revelados por elDiario.es ponen algunos números sobre la mesa: unos días antes de empezar su campaña electoral por 16 ciudades españolas obtuvo 7.000 euros en donaciones a través de varias ‘wallets’ de criptomonedas y también recibió 100.000 euros en efectivo de Álvaro Romillo, un empresario que utilizaba en redes el seudónimo de Luis ‘Cryptospain’ y que es conocido por sus posiciones contra el “Estado ladrón” y a favor de la elusión fiscal. Su negocio estalló el pasado 16 de septiembre tras no poder hacer frente a las altas rentabilidades (de entre el 30 y el 53%) que prometía a sus inversores.
Entre ambos se fraguó durante meses una especie de relación casi mercantil en la que el candidato buscaba dinero para financiarse y el empresario tener acceso a su comunidad para publicitar sus negocios. “Tu discurso es absolutamente idéntico al mío contra el Estado, y por eso quiero apoyarte”, llegó a decirle Alvise, que le preguntó si conocía gente que pudiera estar interesada en apoyar su comunidad, que definió como “de libertad y lucha de éxito contra la corrupción”.
El empresario le contestó que él conocía a “gente que tiene dinero” y que podría estar interesada no tanto en su proyecto político, sino en hacer aportaciones como una especie de “inversión” o “colaboración” a cambio de que él hiciera publicidad de sus negocios entre sus seguidores. Alvise se mostró “encantado” de hacer alguna “promo semanal” o de “grabar cosas muy virales con invitados e influencers”, aunque en los mensajes aportados a la Fiscalía no figuran los términos exactos de esa supuesta colaboración.
En las semanas previas a recibir los 100.000 euros en mano, el ahora eurodiputado llegó a explicitar al empresario que necesitaba, como mínimo, unos 300.000 euros para impulsar su carrera hacia Bruselas, de acuerdo a los mensajes que ambos se intercambiaron. Según su relato, ya había puesto 100.000 euros de su bolsillo y los 7.000 que había recibido de donaciones eran insuficientes. Llegó a explicitar incluso sus “necesidades” ante la petición de concreción del empresario. Por encima de todas, destaca una: “Fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” para pagar mítines, publicidad y actos de campaña. Los mítines y actos políticos eran solo una primera parte de la ecuación, pero también necesitaba fondos para hacer frente, según sus propias palabras, a “ciertas multas por revelación de secretos contra el Estado y Protección de Datos”.
La documentación en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo, el único competente para investigarlo dada su condición de aforado, apunta a que Alvise logró su doble objetivo: obtener fondos y hacerlo, además, de la manera opaca que reclamaban. El propio empresario le había trasladado en otro mensaje que “lo más interesante” sería hacerlo en cash. “Si nosotros vinculamos a tu cuenta bancaria una transferencia desde una sociedad, pues la vamos a poner en el foco porque tú vas a estar absolutamente en el foco. Y eso a nosotros, seguramente, no nos interesa”. “En cash es irrastreable, sí. Ok.”, responde Alvise al donante, que casi cuatro meses después ha decidido contarlo todo a la Fiscalía.
A las cuatro de la tarde del pasado 27 de mayo, en plena campaña, el empresario citó al entonces candidato en el barrio más exclusivo de Madrid para entregarle los 100.000 euros. Concretamente, en las oficinas de su sociedad Sentinel, una firma dedicada a facilitar intercambios de dinero bajo una promesa de total confidencialidad que maneja 5.000 cajas de seguridad en una fortificación blindada en pleno centro de la capital. Todo a espaldas de Hacienda y sorteando las medidas antifraude a las que están obligadas las entidades financieras.
Esos 100.000 euros, contó entonces Alvise, le iban a permitir poner en marcha “una parte urgente de la campaña”, según un mensaje que escribió a su financiador cuando éste le dijo que había estado “repasando” y que ya tenía a su disposición esos fondos. La entrega, que realizó un empleado de Romillo, se llevó a cabo con éxito. “Ya me han dicho que todo ok”, escribió el empresario. “Todo ok! 100.000 gracias, Luis”, respondió Alvise, según la relación de mensajes aportada a la Fiscalía. Este jueves, el eurodiputado ha reconocido en un mensaje en su canal de Telegram que cobró ese dinero “como autónomo y sin factura”.
Un día después de coger el dinero, el agitador de extrema derecha empezó una gira que arrancó en Valladolid y culminó en Madrid tras pasar por ciudades como Barcelona, València, Málaga o Bilbao. Fue una campaña caracterizada por la austeridad de la que presumió el propio Alvise: una gorra, un megáfono y papeletas impresas por él mismo para prevenir un supuesto fraude electoral que nunca se produjo.
El dinero y la financiación no volvieron a ser un tema de conversación entre los dos en las semanas siguientes. Sin embargo, en sus conversaciones previas Alvise sí había explicado al empresario que su objetivo era obtener fondos que no tuvieran que pasar por el Tribunal de Cuentas y evitar los límites que imponen las normas sobre financiación de partidos políticos.
Ahora la Fiscalía del Tribunal Supremo tiene que decidir si abre una causa para investigar, precisamente, si usó 100.000 euros de dinero en efectivo procedentes de un club de inversiones de criptomonedas para, como decía en sus mensajes, financiar su “aventura” política o, incluso, pagar sus multas y causas pendientes con la Justicia. Mientras, una parte de los afectados por el cierre de Madeira Invest Club que han presentado denuncias en la Audiencia Nacional contra su fundador, Álvaro Romillo, apuntan también a Alvise, al que piden imputar. Solo el Supremo es competente para hacerlo
La ley de financiación de partidos prohíbe las donaciones anónimas y establece que los partidos políticos no pueden aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros anuales, ni tampoco donaciones procedentes de personas jurídicas. Además, todas las donaciones superiores a 25.000 euros deben notificarse al Tribunal de Cuentas por el partido político en el plazo de tres meses desde su aceptación.
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