La jerarquía católica sigue resistiéndose a colaborar con el esclarecimiento del escándalo de los abusos sexuales cometidos contra menores en el seno de la Iglesia. La Fiscalía General del Estado solicitó a finales de noviembre a las 70 diócesis que informaran de aquellos casos de pederastia de los que tuvieran conocimiento a través de las oficinas de atención a las víctimas que les obligó a abrir el papa Francisco. Tres meses después, han respondido menos de la mitad (29) y sólo cuatro han aportado datos significativos, como nombres de víctimas, según datos del Ministerio Público a los que ha tenido acceso elDiario.es. Son las diócesis de Barbastro, Barcelona, San Feliu y Vitoria. 41 ni siquiera respondieron.
Las otras 25 diócesis que sí contestaron al requerimiento de la Fiscalía lo hicieron con evasivas y siguiendo un modelo de respuesta configurado por la Conferencia Episcopal Española (CEE), que ha tratado de controlar y limitar la información que estas entidades ponían a disposición de la institución pública. 18 respondieron con el primer modelo de carta, pensado para aquellas diócesis que no tienen constancia de denuncias ni testimonios. Y otras siete lo hicieron con el segundo, reservado para los supuestos en los que las denuncias o testimonios recabados “ya han sido puestos oportunamente en conocimiento de la Fiscalía competente”. En sus respuestas se remitían, por tanto, a lo ya enviado a las fiscalías provinciales.
Además, ninguna diócesis informó de los posibles casos de abusos en los distintos institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica que dependen de ellas, como los colegios. El argumento es que no son competentes para ello porque se trata de “entidades autónomas con personalidad jurídica propia” y distinta a la del obispado. Investigaciones periodísticas han documentado en los últimos años decenas de casos de abusos en centros educativos y congregaciones.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, avanzó parte de estos datos en una comparecencia este jueves en el Senado, donde lamentó la “escasísima información” recibida. Anunció que en los “próximos días” se dirigirá directamente a congregaciones y entidades religiosas a las que aluden las contestaciones de la Conferencia Episcopal “para recabar datos sobre abusos de los que la fiscalía todavía carece y sobre los que no ha sido informada”. Según fuentes del Ministerio Público, se solicitará información a 23 órdenes religiosas entre las que está el Opus Dei, Legionarios de Cristo o Camino Neocatecumenal. También a otras congregaciones que ya han admitido casos de abusos como jesuitas, escolapios o maristas.
En un comunicado, la Conferencia Episcopal aseguró que las diócesis “mantienen una decidida relación de colaboración con la Justicia, y en concreto, con la Fiscalía, dentro de los límites que la propia ley permite”. No obstante, los obispos reconocieron que la petición del fiscal general de que informaran de los casos de pederastia que conocen les produjo “extrañeza” a la vista de “las funciones recogidas en el Estatuto orgánico del ministerio fiscal”.
Las instrucciones de los obispos
La información aportada en sede parlamentaria por el fiscal general revela que las diócesis han seguido a rajatabla las directrices de la Conferencia Episcopal en el sentido de que debían limitar la información que ponían a disposición del Ministerio Público. En una carta, el secretario general de la CEE, César García Magán, aconsejó a las diócesis que no comunicaran a la Fiscalía General del Estado ningún caso que no estuviera previamente comunicado a la fiscalía provincial y que la respuesta fuera coordinada por la procuradora que representa a esta organización. E incluso para facilitar esa respuesta unánime adjuntaba los citados modelos de carta que han utilizado la mayoría de ellas.
La Fiscalía preguntó a las diócesis por indicación de la propia Conferencia Episcopal, a quien se había dirigido previamente tras haber recibido en junio de 2022 un escrito que reproducía la investigación realizada por El País sobre estos abusos. “Valorando ese gesto” —explicó este jueves García Ortiz—, la Fiscalía pidió a la Conferencia Episcopal que informara “de aquellos casos de los que tuvieran conocimiento” para poder “dimensionar el fenómeno” y “valorar cada caso de forma individual”.
Pero los obispos replicaron que no tenían “competencia” para hacerlo e indicaron que se debía contactar con cada diócesis de forma individual. Meses después se ha demostrado que esa vía tampoco ha sido efectiva para arrojar luz sobre el drama de los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia.
El fiscal general también reveló que la institución que preside está elaborando un estudio “sobre las alternativas procesales para reparar a las víctimas, en casos de hechos prescritos” y en los que el agresor haya fallecido. “Dicho estudio analizará los referentes internacionales y autonómicos, siempre teniendo presente que lo central es dotar a las víctimas de una plataforma de escucha, reconocimiento y posterior reparación por los hechos sufridos”, explicó. La obtención de información para elaborar este informe motiva las frustradas peticiones de información a las diócesis.
Uno de los principales escollos de la denuncia y el enjuiciamiento de la pederastia en la Iglesia son los plazos de prescripción. Esta es una circunstancia a la que pone remedio, en parte, la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que aumenta el plazo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra menores. Desde su entrada en vigor, el tiempo que tiene la víctima para denunciar empieza a contar a partir de que cumple 35 años.
Antes, ese límite estaba fijado en la mayoría de edad. Dependiendo de la gravedad de los hechos, la prescripción de estos delitos se sitúa entre los 5 y los 15 años. Es decir, hasta la aprobación de esta ley, como máximo, una víctima podía denunciar hasta los 33 años en el caso del delito sexual con mayor pena y ahora ese margen se alarga hasta los 50.
Hace un año, la acumulación de testimonios de víctimas elevó la presión institucional sobre el escándalo de la pederastia en la Iglesia. Entonces, la Fiscalía General del Estado ordenó a los 17 fiscales superiores que informaran de los procedimientos penales abiertos en ese momento referidos a agresiones y abusos sexuales a menores de edad en congregaciones, colegios o cualquier institución de la Iglesia. A mediados de febrero, la Fiscalía informó de que se habían detectado 68 investigaciones en marcha.
Semanas después, en marzo, el Congreso encargó al Defensor del Pueblo una investigación sobre los casos de abusos sexuales en instituciones católicas en las últimas décadas. El mandato fue aprobado por todos los grupos de la Cámara, salvo Vox. El equipo para investigar este asunto está dividido en “tres ámbitos de actuación”: una comisión asesora de expertos, un foro de diálogo con las asociación de víctimas y la Unidad de Atención a las Víctimas (UAV). En sus dos primeros meses de vida, este último organismo atendió a 201 víctimas.
De forma paralela, la Conferencia Episcopal encargó al despacho Cremades & Calvo Sotelo una auditoría privada sobre estos abusos. elDiario.es informó este jueves de que esa investigación apunta a una cifra de alrededor de 4.000 víctimas, ocho veces más de las reconocidas hasta ahora por los obispos y una cifra mucho más alta que la presentada por distintas indagaciones periodísticas.
La tarea del bufete se ha dirigido en estos meses en dos direcciones. Por un lado, a hablar con víctimas, lo que se ha concretado en unas 120 entrevistas. Y, por otro, a repasar los archivos eclesiásticos con el fin de elaborar un mapa de lo acontecido en los últimos sesenta o setenta años. El límite, un tanto difuso, se coloca en torno a la década de los cincuenta.
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