Las 48 horas en las que Bruselas busca deshacer cuatro años de bloqueo del PP al Poder Judicial

¿Mediador, facilitador? “Vengo de un país donde tenemos todo un diccionario de términos de este tipo; no quiero utilizar ninguno, sólo estoy ahí para favorecer el diálogo entre los distintos responsables españoles”, responde el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, horas antes de coger un avión para Madrid. El comisario, liberal y belga, viene de un país que ha tenido gobiernos en funciones durante más de 500 días y en el que las coaliciones son multipartitas y mezclan comunidades diferentes, como la valona y la flamenca.

Reynders se ha atribuido un papel de mediador nuevo entre los miembros de la Comisión Europea, que no suelen bajar tanto a la arena política de los Estados miembro. En el caso de España, el belga tendrá una intensa agenda entre miércoles por la noche, jueves y viernes por la mañana, con ministros, oposición, asociaciones de jueces y diputados en el Congreso. Con todos ellos intentará superar el bloqueo del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ya dura cuatro años.

El comisario europeo se reunió a escondidas con el negociador popular, Esteban González Pons, hace un par de semanas en Estrasburgo, lo que ha molestado al Gobierno por encontrarse con la oposición antes del viaje a España. Y es que Reynders está desempeñándose con una autonomía e independencia inusual, hasta el punto de, en ocasiones, parecer que su discurso no va alineado con el del informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea y las palabras de la vicepresidenta del ramo, Vera Jourová.

Este miércoles, Reynders ha lanzado un confuso mensaje, posteriormente matizado por fuentes de la propia Comisión Europea: “La finalidad del viaje es ver cómo se puede ayudar a través del diálogo a ejecutar las recomendaciones [del informe del Estado de Derecho: renovación inmediata y abordar la reforma]. Lo ideal no es únicamente que haya una reforma de cara al futuro y se cumplan las recomendaciones que formula la Comisión, que son resultado de una decisión del Consejo de Europa. Lo ideal sería que dicha orientación figurara ya en el nombramiento de los miembros del CGPJ. Hemos pedido el nombramiento para que se trate de un Consejo que pueda funcionar y que se empiece a trabajar sobre la reforma”.

¿Qué quiere decir que lo ideal sería que dicha orientación figurara ya en los nombramientos? ¿Que se apliquen criterios de la futura reforma con la ley actual? ¿Que se ponga en marcha la reforma mientras se renueva el CGPJ? Porque el informe del Estado de Derecho es claro: “Que se proceda a la renovación del Consejo General del Poder Judicial con carácter prioritario y que emprenda, inmediatamente después de la renovación, una reforma del proceso de nombramiento de los vocales elegidos entre jueces y magistrados, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la materia”.

Fuentes de la Comisión Europea aclaraban posteriormente: “Lo que quiso decir es que se designe a los miembros del CGPJ lo antes posible y se acuerden los principios de una reforma. A continuación, que se acometa la reforma completa”. Las mismas fuentes añaden: “Reynders es consciente de que una reforma no puede llevarse a cabo de la noche a la mañana. Llevará algún tiempo finalizar todos los pasos legales para que se concluya. Sin embargo, ya pueden ponerse de acuerdo sobre los principios de la reforma”.

De hecho, el comisario belga había dicho: “Diferenciemos entre la designación que tiene que hacerse y la reforma que deseamos aplicar. El principio está muy claro, figura en la recomendación. Es la regla de que una mayoría de miembros sea elegida por sus pares [los 12 de los 20 vocales de origen judicial]. Pero puede haber otras formulaciones distintas. Lo vamos a tratar in situ”.

Reynders se reunió a escondidas el 13 de septiembre con Pons en Estrasburgo, después de que el eurodiputado del PP hubiera enviado varias cartas a Jourovà y al propio Reynders en las que reclamaba una “reunión urgente” para expresar su punto de vista, que pasa por acusar al Gobierno del bloqueo que lleva ejerciendo el PP cuatro años con la excusa de una reforma del sistema de elección de los jueces por los propios jueces.

La propia vicepresidenta Jourová escribió hace dos semanas una carta a Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, en la que exigía la renovación inmediata del órgano de gobierno de los jueces. En su misiva, denunciaba que el Poder Judicial es “rehén” del bloqueo.

En su visita, que arranca este jueves, Reynders tiene la siguiente agenda: dos asociaciones de magistrados; la vicepresidenta Nadia Calviño; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; el ministro de Consumo, Alberto Garzón; la ministra de Justicia, Pilar Llop; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal; el portavoz del PP, Esteban González Pons; la Fundación Hay Derecho; el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes; y el presidente del TC, Pedro González Trevijano.

En el caso de las asociaciones judiciales se trata de la Asociación Profesional de la Magistratura y la Francisco de Vitoria, ambas conservadoras, las dos con mayor representación en la carrera judicial y las que han solicitado al comisario encontrarse con él en Madrid. Francisco de Vitoria solicitó la reunión el pasado mes de septiembre, con motivo de una visita de Reynders a San Sebastián, pero no fue posible por cuestiones de agenda, informan desde la asociación. APM asegura que solicitó el encuentro hace “unas semanas”.

“Conozco perfectamente cómo se pueden alterar los ánimos antes de una visita a las capitales”, decía Reynders este miércoles ante la incomodidad del Gobierno por su reunión previa con Pons: “Lo que puedo decir es que mi intención es reunirme con varios miembros del Gobierno para ver cómo es posible avanzar hacia esa reforma. También se trata de hacerlo con el Parlamento y con los representantes de las principales formaciones. Los cambios en España tendrán que ser decididos por las formaciones políticas españolas. Nosotros intentamos fomentar ese diálogo cuando es necesario ante las mayorías necesarias. Pero no tenemos más ambiciones que conseguir que las recomendaciones que figuran en nuestro informe sobre el Estado de Derecho que se publicaron en julio se apliquen”.

Reynders ha explicado que su agenda de entrevistas “se trata de contactos separados, con lo cual el programa estará bastante apretado ante el número de reuniones previstas”. Son 48 horas en las que Reynders intentará deshacer cuatro años de bloqueo del PP al poder Judicial. ¿Lo conseguirá?