655 días de exilio, dos regularizaciones fiscales y un juicio pendiente en Londres por acoso a Corinna
Juan Carlos de Borbón ha vuelto a España 655 días después de anunciar su marcha. Un año y 10 meses en los que su hijo, Felipe VI, ha hecho todo lo posible para desligarse de su legado más polémico y en el que la Fiscalía ha archivado la triple investigación que le llevó a abandonar el país rumbo a los Emiratos Árabes Unidos. Un tiempo en el que, también, los tribunales británicos le han enseñado el camino del banquillo de los acusados por, supuestamente, acosar a su examante Corinna Larsen. Una etapa en la que, además, el Ejecutivo y Zarzuela han puesto en marcha una “hoja de ruta” para mejorar la transparencia de la Casa Real y, en definitiva, dejar atrás una herencia de comisiones y cuentas bancarias off shore.
La Casa Real anunció su marcha en un comunicado emitido el 3 de agosto de 2020. “Guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España”, decía la misiva. El monarca no mencionaba en su carta la razón por la que había recorrido más de 5.000 kilómetros para instalarse en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos: la Fiscalía del Tribunal Supremo había hecho público que asumía las investigaciones contra él por su fortuna dos meses antes.
La investigación no era nueva: Anticorrupción tenía puesta la lupa sobre las comisiones del AVE a La Meca desde 2018. Y el distanciamiento con la Casa Real de su hijo Felipe tampoco lo era: en marzo de ese mismo año, apenas unos meses antes y en pleno aluvión informativo sobre su fortuna, Felipe VI le retiró la asignación y renunció a su herencia.
Juan Carlos I vuelve a España judicialmente tranquilo, al menos dentro de las fronteras nacionales. Después de varios años de pesquisas, la Fiscalía decidió archivar la triple investigación que abrió paso a paso sobre su patrimonio. Mientras el monarca estaba en Abu Dabi, elDiario.es informó de la apertura de una segunda investigación sobre el uso de fondos opacos por parte del monarca y algunos de sus familiares. Eso fue en noviembre de 2020, y unos días más tarde la Fiscalía anunció la apertura de una tercera investigación, esta vez sobre un trust ligado al monarca y ubicado en el paraíso fiscal de Jersey.
La investigación avanzó bajo secreto mientras su abogado, Javier Sánchez-Junco, era debidamente informado de cada apertura de diligencias y mientras, desde miles de kilómetros al este, el rey emérito intentaba evitar el banquillo a toda costa. Su defensa presentaba dos pagos ante Hacienda por un valor de cinco millones de euros repartidos entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. El dinero que había dejado de ingresar por usar fondos opacos del empresario mexicano Sanginés-Krause y por todos los vuelos que su primo Álvaro de Orleans, a través de la Fundación Zagatka, le había pagado a lo largo de los años.
Todas estas actuaciones, que el rey emérito seguía desde la distancia, se solapaban con el perfil público de la Casa Real. El Gobierno de coalición abría la puerta a una posible ley de la Corona para profundizar en reformas a favor de la transparencia, pero terminó renunciando al proyecto, así como a la idea de modificar la inviolabilidad de los monarcas que ha protegido a Juan Carlos I hasta las últimas consecuencias. En público, el discurso público de los miembros del ala socialista del Ejecutivo era claro: Felipe VI había roto con el pasado y estaba siendo un ejemplo de transparencia.
El rey emérito también siguió los discursos de su hijo desde los Emiratos. Una de las pocas veces en las que el monarca hace alusión a asuntos relacionados con la actualidad y unos discursos en los que, veladamente, se alude a los asuntos de corrupción que han tocado a la Casa Real en los últimos años. Y en ese 2020 no hubo referencia explícita al exilio de su padre ni a la triple investigación de la Fiscalía.
“Ya en mi proclamación me referí a los principios morales y éticos que los ciudadanos reclaman de nuestras conductas. Unos principios que nos obligan a todos sin excepción, y que están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares. Así lo he entendido siempre, en coherencia con mis convicciones, con la forma de entender mis responsabilidades como jefe del Estado y con el espíritu renovador que inspira mi Reinado desde el primer día”, dijo en las fiestas de 2020.
Archivo en Madrid, juicio en Londres
Las buenas noticias y las malas han ido trufando la vida de Juan Carlos de Borbón en Abu Dabi. Desde el primer momento en que su defensa intentó hacer las paces con Hacienda, desde la Fiscalía se deslizó la idea de que el archivo de la triple causa era cuestión de tiempo. Esa noticia llegó en marzo de 2022, cuando Anticorrupción entendió que la inviolabilidad de la Corona, la prescripción y los pagos a Hacienda hacían imposible cualquier tipo de querella contra él.
Pero para entonces, el rey emérito tenía otro frente abierto al que deberá enfrentarse en esta nueva etapa en la que seguirá residiendo en Abu Dabi pero pasando tiempo en España. Los tribunales británicos rechazaron en marzo que su inviolabilidad monárquica le protegiera de la denuncia civil por acoso de Corinna Larsen, su examante y protagonista en la gestión de su fortuna millonaria en el extranjero a espaldas de la Hacienda española.
La decisión de la Alta Corte de Justicia de Reino Unido llegó a finales del mismo marzo. El magistrado Matthew Nicklin dejó claro en su resolución que Juan Carlos no puede ampararse en ninguno de los tres artículos de la ley británica de 1978 que regula los supuestos en los que puede aplicarse la inmunidad. “Sea cual sea su posición constitucional después de su abdicación, no es el jefe del Estado de España. Desde su abdicación no está protegido por la inmunidad personal”, decía por ejemplo el escrito.
Juan Carlos I, por tanto, vuelve a visitar su país con un juicio todavía pendiente en Reino Unido. Un proceso civil en el que no se juega una condena de cárcel pero sí una condena económica. En su acusación, Corinna Larsen le acusa de haber puesto en marcha una estrategia de acoso tanto a ella como su entorno en varios países y utilizando como intermediario a Félix Sanz Roldán, en ese momento director del Centro Nacional de Inteligencia.
La vuelta temporal del rey emérito para visitar Sanxenxo, localidad gallega donde ha veraneado históricamente, coincide con más intentos de su hijo para alejar la Casa Real de su legado reciente. Fue el pasado mes de abril cuando la institución hizo público el patrimonio de Felipe VI de un total de dos millones y medio de euros. También ha salido adelante el real decreto que reforma el funcionamiento de la Casa del Rey y que tenía una principal novedad: el Tribunal de Cuentas auditará por primera vez a la Casa Real. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, habló entonces de una “auditoría externa”.
Juan Carlos de Borbón vuelve así a España casi dos años después de su marcha, movimiento precipitado por el archivo de la triple investigación contra él, pero no lo hace con el historial inmaculado: sigue pendiente de juicio por acoso a su examante, con la Casa Real pisando el acelerador de la transparencia para dejar atrás su legado y, finalmente, con los decretos de archivo de la Fiscalía que, eso sí, dejan claro que amasó una parte de su fortuna en los peores momentos de la crisis económica de 2007.
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