Un 66% de la población reclama que se fijen topes a los precios del alquiler

El precio del alquiler en Madrid ha subido en torno a un 10% en el último año. En ciudades como Málaga han visto incrementarse los alquileres en un 50% en los últimos seis años. Los jóvenes de Euskadi tienen que dedicar el 80% de su sueldo si quieren independizarse. En Palma el cálculo es que el alquiler mensual se acerca ya a los 900 euros. Y eso a pesar de las medidas del Gobierno para limitar temporalmente el alza de los precios.

Ese panorama lleva a una mayoría de la población a reclamar que las administraciones establezcan límites a los precios del alquiler. Así lo piden el 66% de los ciudadanos encuestados por Simple Lógica. Sin embargo, la reclamación no encuentra por ahora respuesta política. La ley de vivienda que ha salido del Consejo de Ministros solo establece topes para los grandes tenedores de vivienda (a partir de diez inmuebles) y eso no convence a los socios del Ejecutivo y ha provocado tensiones entre los dos partidos del Gobierno.

Según el sondeo de Simple Lógica para elDiario.es, entre quienes reclaman la imposición de esos topes están, en un porcentaje muy alto, los votantes del PSOE, que trata ahora de convencer al resto de partidos para desatascar la norma en el Congreso.

Esos datos muestran además una clara brecha generacional, pero no necesariamente entre jóvenes y mayores, sino más bien entre una franja de edad contra el resto: quienes tienen entre 45 y 54 años son los menos proclives a fijar precios máximos a los alquileres.

Los datos de Simple Lógica señalan, en primer lugar, que entre los entrevistados hay un 16,3% que vive de alquiler, mientras que un 66,4% lo hace en un piso de su propiedad y un 15,7% habita en un piso que es propiedad de otro familiar.

El total de entrevistados se muestra a favor de los topes al alquiler. Un 40,1% está muy a favor de que se fijen y un 26,1% lo está 'bastante'. En total, es un 66% el que en mayor o menor medida reclama a la administración esos límites, frente a quienes están poco (11,8%) o nada (22%) de acuerdo con esa afirmación.

Por partidos, en la derecha, aunque hay una mayoría contra la intervención de los precios, hay más votantes de Vox favorables a esa medida que electores del PP. Los más entusiastas con la medida son los votantes de Unidas Podemos, de los que un 93,2% reclama el control de precios, pero el dato significativo es el de quienes votaron al PSOE en 2019: un 77,9% respalda la limitación de los alquileres, con su partido enfrentado al resto de socios parlamentarios por ese punto de la ley.

Una norma varada en el Congreso

La de vivienda es una de las grandes leyes varadas de la legislatura. Motivo de enfrentamiento recurrente entre los socios de coalición, el denominado Anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda se encuentra a la deriva en el limbo de la tramitación parlamentaria diez meses después de que el Consejo de Ministros le diera luz verde. Ese texto pactado en el seno del Ejecutivo entre el PSOE y Unidas Podemos sigue sin contar con apoyo suficiente de los aliados en el Congreso, que exigen una política de control de precios de las viviendas de alquiler mucho más ambiciosa que lo que recoge la redacción actual de la norma.

En el anteproyecto se hace una distinción respecto a los propietarios de los inmuebles que es la clave del actual desencuentro entre el PSOE y el resto de sus socios. El texto especifica que para que una administración pública competente pueda entrar a limitar los precios de los alquileres en las denominadas “zonas tensionadas” el arrendador debe ser un gran propietario. O lo que es lo mismo, estar en posesión de diez o más viviendas o una superficie total de más de 1.500 metros cuadrados.

Ese requisito, en la práctica, limita el impacto del control de los alquileres teniendo en cuenta, además, que la regulación no sería de obligado cumplimiento (ayuntamientos y comunidades autónomas gobernadas por el PP ya han anunciado que no aplicarán la regulación en el ejercicio de sus competencias). 

Desde el Gobierno siguen confiando en encontrar una salida a la ley antes de que acabe el año. Por el momento, con el plazo de enmiendas ya cerrado desde hace meses, el texto sigue a la espera de un acuerdo que impulse su tramitación. Según varias fuentes parlamentarias, el PSOE se ha comprometido a remitir a sus aliados una propuesta concreta que ayude a desbloquear uno de los proyectos legislativos emblema del mandato de la coalición. Según esas mismas fuentes, los contactos entre los grupos podrían producirse de manera inminente, después de que el ala socialista del Ejecutivo se negase en esta ocasión a que la ley de Vivienda fuera moneda de cambio en la negociación de los Presupuestos como ya ocurrió en años anteriores.

Un 'bache' de apoyo según la edad

El detalle de los datos de la encuesta revela también diferencias por edades. Aunque en todos los tramos el apoyo a la medida supera el 50%, el porcentaje sufre un 'bache' entre quienes tienen de 45 a 54 años. En esa franja los favorables a la medida descienden del 70,9% al 56,5%, para recuperarse ya en el siguiente tramo –de 55 a 64, y mayores de 65–.

Ese descenso 'bache' se refleja también cuando Simple Lógica pregunta por si, además de apoyar unos precios máximos al alquiler, los encuestados están de acuerdo con que las administraciones fuercen a los propietarios a sacar al mercado los pisos que lleven mucho tiempo vacíos, por ejemplo mediante una subida mayor de los impuestos a quienes tengan inmuebles sin habitar. La ley de vivienda contempla un recargo del 150% del IBI a esos pisos, pero son los ayuntamientos quienes tienen que decidir si lo aplican o no.

Aquí hay una división casi total. Un 49,7% se muestra muy o bastante de acuerdo con la medida, mientras que un 50,3% la rechaza. Además de las diferencias obvias que se observan entre quienes están de alquiler o viven en un piso en propiedad, la franja de edades vuelve a mostrar el mismo hundimiento según se avanza en edad: el apoyo en los menores de 44 años supera el 50%, pero cae hasta el 35,1 en quienes tienen entre 45 y 54, para recuperarse en el siguiente segmento (48,1% de apoyo entre 55 y 64) y volver a superar el 50% en los mayores de 65.

Si se mira el recuerdo de voto, de nuevo los partidos de izquierda muestran apoyo a la medida. Los votantes del PSOE en 2019 se muestran favorables en un 57,4%, mientras que los de Unidas Podemos lo hacen en un 81,2%. La derecha se muestra mayoritariamente en contra.