Alcalde de Galapagar hizo el mismo máster que Cifuentes pero tiene su TFM

El alcalde de Galapagar, Daniel Pérez Muñoz, ha confirmado que tiene el mismo título universitario que Cristina Cifuentes y Pablo Casado y ha asegurado que sí que fue a las clases en el año 2008 y que conserva el trabajo fin de máster (TFM).

El regidor cursó “presencialmente” el título de máster universitario en Derecho Autonómico y Local, fechado a 22 de julio de 2008, y que realizó desde finales de 2006, durante el año 2007 y principios de 2008, según señalan a Efe fuentes municipales.

Así, alcalde explica que en 2007 no era cargo electo, pero que desde esa fecha paso a ser concejal para un año después tomar posesión como alcalde de Galapagar, “varios meses después de la obtención del citado título”.

Pérez Muñoz ha afirmado tener a sus disposición pruebas, documentos, entre ellos su propio TFM según fuentes municipales, y testigos.

“Más de medio centenar de correos electrónicos entre compañeros del máster y al menos seis profesores, en relación a la metodología del curso, horarios de las clases, exposiciones o trabajos, entre otros asuntos”, detallan las mismas fuentes.

Asimismo, el alcalde recalca que tiene correos electrónicos con la Secretaría de la Universidad, el Instituto de Derecho Público, la asociación de antiguos alumnos o el Servicio de Información de la Universidad.

En este sentido, apela a misivas electrónicas en alusión a la entrega de su trabajo fin de máster y el propio documento.

“Todo ello deja de manifiesto que Daniel Pérez Muñoz asistió a clases, aprobó el curso, realizó el TFM y obtuvo el título acreditativo del mismo”, explican fuentes municipales a Efe.

Para concluir, el regidor ha recordado que los datos de un expediente “son datos de carácter reservado” y se puede incurrido en un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Por todo ello, Pérez Muñoz ha anunciado en un comunicado que se reserva el derecho a iniciar las actuaciones judiciales oportunas en defensa de su honor y sus intereses personales y de interponer la correspondiente denuncia ante la Fiscalía y la Agencia de Protección de Datos contra las personas que hubiesen podido cometer los hechos y los posibles delitos anteriormente mencionados.