Alfredo Prada: el primer imputado del equipo de Casado y el padrino que lo introdujo en política en 2003
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que desde su triunfo en las primarias ha presumido de una política de “tolerancia cero” con la corrupción, ha visto este martes como una investigación judicial salpicaba a un miembro de su dirección, Alfredo Prada, imputado por el juez que investiga las irregularidades en la construcción de la fallida Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid. Prada es un dirigente de la máxima confianza de Casado, que fue además su padrino político.
En 2003, siendo vicepresidente y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid que presidía Esperanza Aguirre, otra de las madrinas políticas de Casado, Prada nombró al hoy líder del PP asesor parlamentario. Casado tenía entonces 23 años y aún no había terminado la carrera de Derecho. El de asesor en la Asamblea de Madrid del hoy exconsejero imputado fue el primer trabajo del actual presidente de los populares en el sector público y su salario rondaba los 50.000 euros brutos anuales.
Casado había logrado su primer sueldo público tan solo dos años después de haberse afiliado a Nuevas Generaciones –las juventudes del PP– y sin haber completado siquiera la licenciatura. Mantuvo ese puesto durante los cuatro años de la legislatura, hasta 2007, cuando fue incluido en las listas para la Comunidad de Madrid por la entonces presidenta regional y logró convertirse en diputado de la Asamblea de Madrid.
Nada más alcanzar la presidencia de los populares, el pasado mes de julio, Casado decidió recompensar la confianza depositada 15 años atrás por Prada incluyéndolo en su equipo directivo. Al hoy imputado lo nombró presidente de la Oficina del Cargo Popular, órgano que, paradójicamente, trata de detectar prácticas corruptas dentro del partido.
Creada en el congreso del PP de febrero de 2017, cuando el partido aún lo presidía Mariano Rajoy, la Oficina del Cargo Popular se encarga de “supervisar el cumplimiento de todos los trámites y requisitos necesarios para acceder a un cargo público u orgánico en representación del PP”, de “aprobar el formulario homologado del resumen de la Declaración de IRPF y de Patrimonio” de los miembros del partido o de “gestionar los registros de actividades y de bienes y derechos patrimoniales de los cargos”.
El órgano que preside Prada vela además “por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades” del PP y se encarga de “dar cuenta al Comité de Derechos y Garantías de cualquier anomalía o irregularidad que pudiera detectar en el desarrollo de sus funciones”, es decir, es el encargado de denunciar cualquier práctica corrupta que se pueda dar dentro de la formación conservadora. El PP ha informado esta tarde de que mantendrá a Prada en su puesto hasta que se le abra juicio oral, porque no es un cargo público.
100 millones de dinero público dilapidados
El caso que llevará a Prada a declarar en la Audiencia Nacional indaga en el macroproyecto que ideó Esperanza Aguirre. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ideó la unificación de todas las sedes judiciales de la región en un mismo terreno, albergadas en edificios vanguardistas que diseñarían los mejores arquitectos del mundo, entre los que estaban Zaha Hadid y Norman Foster. El presupuesto para las sedes era de 500 millones de euros.
Lo que iba a ser un paisaje de construcciones circulares erigidas en joyas de la arquitectura es ahora un enorme solar lleno de socavones y con un único edificio en pie. La sede del que iba a ser el Instituto de Medicina Legal está terminada pero nunca se le ha dado uso. A pesar de ello, su mantenimiento cuesta cada año 19 millones de euros de dinero público.
El camino recorrido entre la idea que tenía Aguirre y el definitivo fracaso del proyecto es un auténtico manual de despilfarro de dinero público. Ese manual tiene 240 páginas, en su portada aparece como autor la Cámara de Cuentas de Madrid y es la base para la actual investigación que desarrolla el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.
Ese informe de la Cámara de Cuentas dice que la Ciudad de la Justicia se ha tragado al menos 100 millones de dinero público y hace un repaso exhaustivo de todas las vías por las que dilapidó el presupuesto. Por ejemplo, el gobierno regional tuvo que pagar a los arquitectos por sus diseños, que nunca fueron construidos, y a las empresas a las que se encomendó su construcción hubo que pagarles para rescindir los contratos.
El Gobierno se dejó también grandes sumas de dinero público en la promoción del proyecto, con la compra de espacios publicitarios y la organización de eventos y exposiciones. El juez destaca que el presupuesto para estos actos promocionales se disparó sin que haya justificación ni factura alguna. En muchas contrataciones públicas no han aparecido los expedientes de licitación. En otras, De la Mata sospecha que se organizaron falsas licitaciones: se invitaba a empresas que en realidad estaban vinculadas entre sí.
Todas aquellas decisiones las tomó un equipo que tenía más cargos directivos que trabajadores de administración. En 2007, por ejemplo, la sociedad tenía 10 trabajadores: siete eran directivos y solo tres administrativos. La Cámara de Cuentas calculó -porque no se localizaron los contratos- que cobraban de media unos 5.000 euros al mes, con subidas constantes que oscilaban entre el 30 y el 80%. La mayor parte de estas subidas se dieron cuando la sociedad había entrado “inequívocamente en una situación de declive empresarial”.
