Archivada la causa contra tres diputados de Unidas Podemos por altercados en una manifestación de trabajadores de Alcoa

La jueza que investigaba desde un juzgado de instrucción de Madrid a tres diputados de Unidas Podemos por los altercados ocurridos a las puertas del Congreso durante una manifestación de trabajadores de Alcoa el pasado mes de marzo ha decretado el archivo de las actuaciones contra los cargos públicos y buena parte de los encausados. La Fiscalía había pedido dicho sobreseimiento, mientras los diputados habían presentado una querella contra la propia jueza ante lo que consideran unas actuaciones cuando menos irregulares.

En un auto dictado por la jueza Raquel Robles el pasado 11 de diciembre, y al que ha tenido acceso eldiario.es, se “decreta el sobreseimiento provisional y archivo de las presentes actuaciones” contra los diputados Yolanda Díaz, Rafael Mayoral y Antón Gómez-Reino, así como contra la por entonces diputada Ángela Rodríguez y varios de los trabajadores investigados. La causa sigue abierta contra dos trabajadores, entre ellos el presidente del comité de empresa de Alcoa.

La jueza señala que no han quedado acreditado durante la instrucción “los hechos como constitutivos de infracción penal de desobediencia, resistencia grave o atentado a agentes de la autoridad”. Y se refiere a una escrito de la Fiscalía de Madrid del pasado 4 de diciembre en el que rechaza que la jueza traslade las actuaciones al Tribunal Supremo, el único competente para juzgar a los diputados nacionales, “al entender que los hechos a ellos imputados no revisten indicios delictivos”, siempre según el auto firmado por Robles.

La magistrada concluye así un procedimiento plagado de irregularidades que han obligado a la propia jueza a retractarse en varias ocasiones. Fuentes de Unidas Podemos consultadas por eldiario.es recuerdan que la jueza de primera instancia inició una investigación contra varias personas, entre ellas tres diputados aforados, sin dar traslado de las actuaciones y que se iniciaron las diligencias, es decir las investigaciones y la práctica de pruebas, sin que los implicados supieran de su existencia.

La jueza, además, llamó a declarar en varias ocasiones a los diputados investigados, amenazando con su detención si no se presentaban, pese a que no tiene competencias para hacerlo y a ser pública y notoria su condiciones de diputados. En todas las ocasiones tuvo que dejar sin efecto su propia orden.

Toda la investigación estaba basada únicamente en las declaraciones de los agentes de la Policía Nacional que participaron en el dispositivo de aquel 28 de marzo, quienes acusaron a los diputados de “arengar” a los manifestantes, de ayudarles a atravesar el cordón de seguridad y de participar en varias agresiones directas contra las unidades antidisturios.

Querella contra la jueza

Seis meses después, la jueza señala en su auto de sobreseimiento que “las manifestaciones de los propios agentes” describían hechos “inconcretos ,vagos genéricos y sin entidad suficiente” para continuar el procedimiento, que ya había agotado además el plazo normal de instrucción.

Las decisión de Raquel Robles ha llegado poco después de que los tres diputados de Unidas Podemos se hubieran querellado contra la jueza por sus actuaciones. Fuentes del grupo confederal señalan a eldiario.es que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid había iniciado la investigación reclamando al juzgado de instrucción 25 una copia de todas las actuaciones ordenadas por la magistrada.

Horas después, llegó el auto de archivo. Pero no el final del procedimiento abierto por la jueza Robles, que mantiene la causa abierta contra dos de los trabajadores investigados. Los tres diputados de Unidas Podemos también se ratifican en la querella contra ella, según confirman desde el grupo confederal a eldiario.es.

En declaraciones a los medios tras reunirse con representantes del comité de empresa de la propia Alcoa, Mayoral y Gómez-Reino han defendido que el Gobierno actúe para “solventar el precio de la energía industrial” para “garantizar una industria, como Alcoa, pueda continuar con su trabajo”.

Gómez-Reino ha recordado que en la causa “sigue habiendo compañeros y compañeras trabajadoras imputadas”. “Se pone de relieve que las imputaciones a los diputados de nuestro grupo eran cuando menos extrañas, sino irregulares”, ha señalado. “Pero igual de irregulares son esas imputaciones a trabajadores que defendían sus derechos”, ha concluido.