Juicio a dos comunistas españoles que combatieron al ISIS “en primera línea de fuego”

Los dos jóvenes españoles que viajaron en la Navidad de 2014 a Siria para combatir al ISIS “en primera línea de fuego” se sientan a partir de este lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional. La Fiscalía pide para ellos y cuatro presuntos colaboradores penas que van de los dos años y medio hasta los ocho y medio de cárcel por pertenecer a una “organización criminal” y tenencia de explosivos.

Pablo D.O. y Álvaro F. R. partieron el 25 de diciembre de 2014 hacia la región siria de Rojaba para alistarse durante seis meses en una organización paramilitar dependiente del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y combatir al ISIS. Junto a los otros cuatro acusados, la Fiscalía considera que los dos brigadistas conformaron una organización criminal en el seno del Partido Marxista Leninista-Reconstrucción Comunista, una pequeña formación de apenas sesenta militantes que fue ilegalizada durante un año. En su escrito, la fiscal Teresa Sandoval insiste en el carácter de organización terrorista que la Unión Europea confiere al PKK turco. 

El Ministerio del Interior publicitó en julio de 2015 las detenciones de los dos brigadistas acusándolos de pertenecer a una organización terrorista, cargo que no ha cuajado durante la instrucción. La Fiscalía acusa a los brigadistas de pertenencia a organización criminal y deja abierta la posibilidad de rebajar la acusación al delito de asociación ilícita. Según la nota que hizo pública Interior en su día, los arrestados habían participado en un conflicto armado extranjero sin la autorización del Estado, poniendo en grave riesgo con su participación los intereses nacionales.

Los dos acusados habían aparecido en un vídeo en el que anunciaban su incorporación a las tropas de los peshmerga kurdos que defienden la región de Rojava. Los jóvenes se identifican en la grabación como militantes marxistas-leninistas, tienen el rostro cubierto, ropas militares y están flanqueados por una bandera de la República española y otra roja con la hoz y el martillo. En castellano, explican los motivos que les han llevado a unirse en la lucha armada contra el “fascismo” del llamado Estado Islámico.

Entre los cuatro acusados que no viajaron a Siria figura el líder de Reconstrucción Comunista, Roberto V. A., sobre el que el juez mantiene que “seleccionó” personalmente a ambos jóvenes por sus “conocimientos de artes marciales” y su “carisma” en el grupo y que les “obligó” a portar armas. De hecho, Roberto V.A. se enfrenta a la mayor petición de prisión por parte de la Fiscalía: ocho años y medio por los delitos de pertenencia y liderazgo de organización criminal y tenencia de explosivos.

El magistrado sostiene también que este último supervisaba la obtención de las “armas, defensas y explosivos” que se guardaban después en un “habitáculo de máxima seguridad” situado en la planta subterránea de la sede del partido en Madrid. No obstante, en su escrito de acusación, la fiscal Teresa Sandoval admite que, individualmente analizados, las sustancias y elementos que la Policía encontró en ese local “carecen de propiedades explosivas”, si bien señala que mezcladas entre sí “dan como resultado productos que producen fuertes reacciones exotérmicas”.

La fiscal cita expresamente la presencia de “pilas, mechas y artefactos pirotécnicos” con los que, mediante las manipulaciones oportunas, “pueden confeccionarse artefactos explosivos improvisados”. En el registro de la sede del partido los agentes encontraron también “quince tapas de cubo con cuerdas anudadas” que, a juicio de los agentes, “presentan apariencia para ser utilizadas como escudo”; así como cordón rígido, rollos de alambre o tres paquetes de azúcar, elementos que sostienen que pueden ser potencialmente utilizados para la confección de explosivos.

En su escrito de acusación, la fiscal mantiene que los acusados crearon, dentro del Partido Marxista Leninista-Reconstrucción Comunista, una “organización criminal” que “absorbió y se mimetizó con el propio partido” y que estaba dirigida a la comisión de delitos de lesiones, amenazas o coacciones “contra toda persona que no asumiera sus ideales políticos o que dentro del partido disintiera de ellos”. 

“Instrucción militar” 

Según el juez Eloy Velasco, una vez en Siria, los dos jóvenes, Pablo D.O. y Álvaro F. R., recibieron “instrucción militar” para entrar en combate contra el ISIS y se integraron “temporalmente” en la llamada YPG, en cuyas filas participaron “activamente” en los combates “desde la primera línea de fuego”. El magistrado sostiene que YPG es una organización paramilitar dependiente y subordinada del órgano de dirección del PKK con quien comparte los máximos representantes. Los acusados, sin embargo, defienden que no está vinculada al PKK y ensalzan su “labor incontestable” en la lucha contra el ISIS. 

En el auto de procesamiento, el juez recuerda que uno de ellos, Pablo D.O., colaboró activamente con las autoridades en la obtención de pruebas y resolución de la causa, por lo que entiende que se le debe aplicar dicho atenuante. Esta circunstancia también es tenida en cuenta por la fiscal, que pide para él un año de cárcel por su supuesta pertenencia a organización criminal; en lugar de los dos años y medio que reclama para Álvaro F. R. por este mismo delito.

Respecto a la presunta tenencia de explosivos en su modalidad de cooperadores a la formación, la fiscal pide para Pablo D.O. un año y seis meses de prisión y para Álvaro F. R., cuatro años. En total, el brigadista que colaboró con la Justicia se enfrenta a una petición total del Ministerio Fiscal de dos años y medio de cárcel y el otro, de seis años y medio. 

También se sentará en el banquillo Nizamettin G., de nacionalidad turca, y al que el juez Velasco procesó por, supuestamente, haber desempeñado en España actos de captación de voluntarios y difusión de las actividades del PKK y por haber participado en el “mantenimiento” y la “financiación” de los viajes de los dos brigadistas a Siria. El magistrado cita entregas de dinero de cifras de 1.500 euros al líder de Reconstrucción Comunista. Se enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años de prisión. 

También serán juzgados Carlos Javier V. V. y Adrián D. G., para los que el Ministerio Público pide hasta ocho años y medio de prisión por los delitos de pertenencia a organización criminal, tenencia de armas y tenencia de explosivos. En los domicilios de ambos, la Policía encontró armas clasificadas como prohibidas (spray pimienta, defensas extensibles, navajas plegables de doble hoja...). 

En sus escritos de defensa, los acusados insisten en que son militantes de una organización legal que intenta hacer proselitismo de una concepción ideológica, pero sin causar daños a nadie y sin realizar acto delictivo alguno. Y mantienen que es una “aberración” que se les impute el delito de captación, adoctrinamiento o adiestramiento para la incorporación de terceros a estructuras terroristas “por ayudar a un pueblo víctima del terrorismo salvaje” del ISIS.