Operación contra una trama de desvío de fondos públicos que Interior vincula al procés
Más de un centenar de agentes del Cuerpo Nacional de Policía despliegan un operativo en Catalunya que respondería a una investigación por el presunto desvío de fondos públicos al proceso soberanista, según fuentes próximas a la investigación. Fuentes judiciales han explicado que la causa, por el momento, no está relacionada con la financiación del referéndum o el proceso soberanista. Las pesquisas se centran en subvenciones irregulares en cooperación al desarrollo desde la Diputación de Barcelona a través de diferentes entidades afines a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Hay una treintena de detenidos.
La operación está coordinada por el juzgado de instrucción 1 de Barcelona, que ha declarado la causa secreta, y la Fiscalía Anticorrupción de esa ciudad. Desde círculos judiciales se apunta a que el desvío está cifrado en un mínimo dos millones de euros, y fuentes de la investigación sostienen que podría alcanzar los 10 millones. La causa se abrió hace más de un año ante la sospecha de que pudo haber un desvío millonario de fondos destinados inicialmente a cooperación internacional.
Entre los arrestos que ya se han producido figuran el del expresidente de la Diputación de Barcelona 2011 y 2015, Salvador Esteve (CiU); el del actual alcalde de Tordera y diputado provincial, Joan Carles Garcia (PDCAT); y el exresponsable de relaciones Internacionales de CDC, Víctor Terradellas.
El objetivo de las detenciones es garantizar la ejecución de la veintena de entradas y registros ordenados por el juez, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Los agentes registran una veintena de oficinas profesionales, despachos, domicilios y empresas en Barcelona, Manresa, Olot, Tordera, Cabrils y Reus, entre otras poblaciones.
La causa está abierta por los delitos de malversación, prevaricación, negociación prohibida a funcionario público, falsedad y fraude en subvenciones. La trama habría defraudado un mínimo de dos millones de euros a través de subvenciones irregulares en materia de cooperación al desarrollo con países de América Latina, Marruecos o Bosnia entre los años 2012 y 2015, bajo el mandato de Esteve.
La Diputación de Barcelona se habría concertado con distintas fundaciones, ONG y entes para desviar los fondos. La actual presidenta de la Diputación y sucesora de Esteve, Mercè Conesa (PDeCAT) ha afirmado que hace un año el ente ya entregó toda la documentación que le requirió el juzgado. Asimismo, ha definido la operación como “un show mediático para mostrar que las instituciones catalanas no son trigo limpio”, y ha defendido la “integridad” de Esteve.
La práctica totalidad de los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía se han desplazado desde Madrid para participar en los registros y detenciones. Fiscales de Catalunya y secretarios judiciales participan igualmente en la operación, que se ha denominado 'Estela'.
Además de la Diputación de Barcelona, los investigadores sitúan en el centro de la trama las fundaciones CATmón y Acción Solidaria IGMAN, fundadas por Terradellas. Esta última entidad también fue fundada por Francesc de Dalmases, actual diputado de Junts per Catalunya (JxCat), que también está bajo el foco de la investigación.
Los investigadores de la UDEF han detectado un presunto flujo anómalo de dinero entre las cuentas bancarias de IGMAN , CAtmon y la sociedad mercantil Discatimat S.L. Ese dinero podría acabar reintegrado, según fuentes de la investigación, en efectivo o destinado a pagar costes del procés o acabar en cuentas de algunos investigados.
Entre los objetivos de los registros, que serán una veintena, está la Diputación de Barcelona, pero la operación también se extiende a las provincias de Tarragona y Girona. Además de dependencias administrativas, se registran entidades sin ánimo de lucro y empresas, por ejemplo en la sede de la patronal de la pequeña y mediana empresa Pimec.
