¿Ese comunicado del CGPJ es una guerra o es sólo que te alegras de verme?

“War is hell”, dicen en muchas películas norteamericanas del género bélico. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido que es mucho peor retrasarla y no ha esperado mucho para iniciar el marcaje a Pablo Iglesias y los ministros de Podemos, con la vista puesta también en Pedro Sánchez y los planes que pueda tener sobre Catalunya.

Poco más de 24 horas después de que la derecha política y mediática denunciara que el nuevo Gobierno pretende acabar con la separación de poderes, la Comisión Permanente del CGPJ ha aprovechado una entrevista a Iglesias para enviar el primer aviso. No será el último. Ahora está más claro por qué el PP no quiere proceder a renovar el organismo que dirige el poder judicial. Tal y como está, con una mayoría conservadora, es un socio perfecto en la guerra contra el Gobierno.

En la entrevista en Antena 3 en la noche del martes, Iglesias rechazó la situación en que se encuentra Oriol Junqueras, encarcelado y sin posibilidad de tomar posesión de su escaño en el Parlamento Europeo y valoró de esta manera los reveses judiciales sufridos por los tribunales españoles en el resto de Europa: “Lo que ha ocurrido es que muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación para el Estado español”.

Iglesias estaba haciendo una descripción con evidente carga crítica de una situación bien conocida. No era un ataque directo a esos jueces que se quedaron compuestos y sin entrega de Puigdemont o vieron cómo el Tribunal de Justicia de la UE reconocía a Junqueras como europarlamentario, y por extensión a Puigdemont y Comín. Se pueden encontrar declaraciones de dirigentes de la derecha, indignados con las decisiones tomadas por jueces belgas y alemanes, que emplearon la palabra 'humillación'. Por ejemplo, Pablo Casado sobre el caso del rapero Valtònyc: “A España se le está humillando en Bélgica, que se diga que una sentencia firme no se puede cumplir me preocupa muchísimo”. O las fuentes del PP que calificaron de “gravísima y humillante” la decisión de la justicia alemana sobre Puigdemont.

Antes de ser vicepresidente, Iglesias no se cortaba nada para hablar de los jueces que intervinieron en casos relacionados con la libertad de expresión. “Desgraciadamente, hay algunos togados en nuestro país que algunas veces han puesto su ideología, que es muy respetable, por delante del Derecho”, dijo el 7 de enero a este medio.

La respuesta

En la respuesta en forma de comunicado a la entrevista de Antena 3, el CGPJ “apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial”. Por lo que hay deducir que cree que Iglesias vulneró todos o la mayoría de esos principios. 

La decisión la tomó por unanimidad la Comisión Permanente del Consejo, integrada por seis conservadores, incluido su presidente, Carlos Lesmes, y dos progresistas.

El CGPJ podía haber elegido otra fórmula más discreta para mostrar al Gobierno su desacuerdo con las palabras del vicepresidente. Ha optado por la más pública y agresiva. Sabe que eso puede identificarle como otro adversario del Gobierno de coalición, junto a la CEOE y la Conferencia Episcopal, pero parece que no le ha importado. 

Los jueces son muy celosos de su independencia, pero no han sido muy consistentes a la hora de defenderla en público a través del CGPJ. Este organismo ha respaldado en el pasado a algunos magistrados que fueron duramente criticados por su ejercicio profesional, pero no a otros. Además, a la democracia le conviene que los poderes ejecutivo y judicial tengan buenas relaciones, pero los segundos no pueden exigir a los primeros la ley del silencio más absoluto sobre sus actuaciones.

El CGPJ ha respondido directamente a las declaraciones de políticos con cargos en el Gobierno, no tanto si estaban en la oposición. En esos casos, los comunicados se suelen referir a las críticas en términos más genéricos.

El argumento de que el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia deberían ser muy cuidadosos en sus comentarios públicos tiene su peso. Lo vulneró Rafael Catalá, como ministro de Justicia del Gobierno de Rajoy, cuando criticó al magistrado que defendió con su voto particular a los condenados en la sentencia de 'La Manada' y se burló de la víctima. Catalá criticó también al poder judicial por no haberle sancionado antes por razones de lo que no habló en público. Ahí, el CGPJ le pidió “moderación” y fueron las asociaciones judiciales las que se lanzaron en tromba contra Catalá.

En este ambiente crispado que nos acompañará en esta legislatura, la idea de que no se pueda criticar a los jueces o referirse a las consecuencias negativas de sus actos está muy lejos de ser realista o aceptable para la opinión pública. En cuanto a los altos cargos al frente de las instituciones, no es exagerado pedir algo de autocontención a sus protagonistas. Pero si magistrados y fiscales han tenido una influencia masiva en la crisis de Catalunya, la crítica pública de sus acciones es legítima. Un Estado de derecho robusto debería permitírsela.

Un CGPJ caducado

Otro factor que pone al CGPJ en una situación vulnerable es el hecho de que su mandato terminó en noviembre de 2018. El PSOE y el PP no han pactado su renovación desde hace más de un año. Estuvieron cerca, pero el acuerdo se vino abajo a causa de los whatsapps de Cosidó, portavoz del PP en el Senado, esos en que presumía ante los senadores del PP de que pronto estarían “controlando la Sala Segunda (del Tribunal Supremo) desde detrás”.

Eso sí que cuestionó “la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad” de los magistrados. El CGPJ no montó un escándalo. El PP no obligó a Cosidó a dimitir. El senador del PP pidió disculpas y Pablo Casado dijo que había sido una “torpeza”. Fin de la historia.   

Los que estaban muy contentos de controlar la Sala Segunda ahora se niegan a pactar la renovación del CGPJ, que exige mayoría reforzada, con el argumento de que el PSOE busca “el control absoluto del poder judicial”.

Carlos Lesmes considera que el actual CGPJ no está en la misma situación de un Gobierno en funciones, por lo que no tiene limitadas sus atribuciones. Y eso que la duración de su mandato aparece de forma muy clara en la Constitución. Es curioso cómo algunas normas legales hay que aplicarlas como si estuvieran en las tablas que Moisés bajó del monte y otras sólo son unas simples directrices.