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Callosa presenta alegaciones contra la paralización de la retirada de la cruz
El ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante), dirigido por el PSPV-PSOE, IU y Somos Callosa, ha presentado alegaciones al auto del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) que ordena paralizar la retirada de la cruz franquista de los caídos, que fue desmontada ayer.
En rueda de prensa, el alcalde del municipio, el socialista Fran Maciá, ha indicado que han presentado alegaciones a esa resolución del TSJCV con toda la documentación que tienen, según la cual, ha expuesto, acredita que lo que han hecho hasta el momento es “legal”.
Maciá ha precisado que los trabajos de la retirada del monumento continuarán paralizados hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia valenciano y que actuarán conforme marque la ley.
El auto de paralización del TSJCV fue notificado a las partes interesadas después de que ayer por la mañana se retirara la cruz con un fuerte dispositivo policial, que acabó con dos detenciones por resistencia a abandonar el lugar y también por lanzar petardos a los guardias civiles.
La cruz, donde figuran inscritos los nombres de los callosinos del lado franquista que murieron durante la Guerra Civil española, fue retirada en un camión con una grúa.
Los trabajos, no obstante, aún no habían concluido cuando se conoció ayer por la tarde la orden del alto tribunal, ya que queda pendiente la retirada del pedestal, de mármol blanco al igual que la cruz.
La decisión del TSJCV accede a la petición formulada por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz, representada en los tribunales por la Asociación Española de Abogados Cristianos, frente “a la actuación administrativa por vía de hechos” del consistorio de Callosa de Segura, que, a su vez, se sustentaba en un acuerdo plenario.
Los recurrentes pretenden que la cruz de los caídos sea restituida en su lugar original, junto a la iglesia arciprestal de San Martín, en la plaza de España.
El gobierno local acordó en 2016 la retirada de este monumento para cumplir con la Ley de Memoria Histórica que prohíbe símbolos franquistas en lugares públicos.
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