Cámaras en colegios para evitar agresiones sexuales: la idea de la Fiscalía se topa con una oposición total

Colocar cámaras de videovigilancia en el interior de aulas y despachos de centros educativos con el objetivo de combatir la creciente cifra de abusos y agresiones sexuales a menores. La propuesta, deslizada en la memoria que la Fiscalía General del Estado presentó esta semana, ha generado un intenso debate y una oposición total de juristas, expertos y colectivos que trabajan con menores.

El rechazo ha sido frontal en la comunidad educativa, donde se reclaman protocolos para detectar estos abusos, más formación para el profesorado y una mejor educación sexual. Tampoco ha gustado en el Ministerio de Educación ni en la Agencia Española de Protección de Datos, que la califica de “desproporcionada”. E incluso ha causado división en la Fiscalía. La fiscal general del Estado, María José Segarra, no se refirió a este asunto en su discurso durante el acto solemne de Apertura del Año Judicial en el que presentó la citada memoria. Y en una intervención posterior en TVE, cuando ya se había montado revuelo, aseguró que se trataba de una “reflexión” de un fiscal concreto y que la propuesta no estaba “asumida” por la Fiscalía General del Estado. No explicó, sin embargo, por qué una propuesta no consensuada había acabado en el documento. 

A preguntas de eldiario.es, el fiscal de sala coordinador de Menores, Javier Huete, es todavía más tajante. Mantiene que la propuesta “no es razonable” y que hacer una instalación “sistemática e indiscriminada” de estos dispositivos en el interior de centros educativos es una medida “restrictiva” porque afecta a la imagen y la intimidad, que son derechos fundamentales. La ministra de Educación, Isabel Celáa, la calificó directamente de “terrible” porque, a su juicio, “sería como poner un Gran Hermano permanente”, al tiempo que no valdría para gran cosa, pues “no es precisamente en las aulas donde se producen esas agresiones”.

La propuesta recogida en la memoria anual de la Fiscalía se produce en un contexto de aumento de los procedimientos abiertos por agresiones sexuales (violaciones) en los que las víctimas son menores. Su número se ha incrementado en un 44%: de 451 en 2017 a 648 el año pasado. Y la polémica medida se justifica en el documento por la dificultad de probar la comisión de delitos de carácter sexual por producirse en entornos de estricta intimidad ajenos a otros compañeros o a testigos y por llevar aparejados un componente de vergüenza por parte de la víctima. 

Huete, sin embargo, insiste en que es una reflexión que “no está lo suficientemente explicada”. “La instalación de cámaras en el interior de centros educativos no se puede normalizar. Otra cosa es que se puedan colocar ante un supuesto concreto, pero siempre que se realice bajo autorización y control judicial y se lleve acabo bajo principios de proporcionalidad”, subraya. El fiscal señala, además, que tendría que tenerse en cuenta en estos casos la aplicación de la normativa de protección de datos, que es más restrictiva cuando se trata de menores.

La propia Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) considera “desproporcionada” que la colocación de sistemas de videovigilancia dentro de las aulas, donde se entiende que los docentes ya ejercen labores de control. “Además de una intromisión en la privacidad de los alumnos, podría suponer un control laboral desproporcionado de los profesores”, puede leerse en una guía especifica el respecto. Desde Protección de Datos se apunta que sí cabría la opción de que, fuera del horario lectivo y en los supuestos de desocupación de las aulas, se pudieran activar estos mecanismos con la finalidad de evitar daños en las instalaciones y materiales. 

La abogada Paloma Llaneza, experta en protección de datos, cree que habría que hacer un “análisis exhaustivo” sobre la pertinencia de colocar estos dispositivos teniendo en cuenta su impacto sobre la privacidad y si es una medida “ponderada” para el fin que se persigue. En este sentido, recuerda que la legislación establece una serie de restricciones como señalizar su colocación, que los dispositivos sean lo menos intrusivos posible, que no graben en espacios como baños, vestuarios o salas de profesores o que las imágenes sean borradas una vez al mes. 

El rechazo de la comunidad educativa  

La Fiscalía subraya también que la cuestión de los delitos contra la libertad sexual en edades adolescentes reviste, paulatinamente, aspectos más “inquietantes”. Entre ellos, la actuación en grupo, reproduciéndose en diversos lugares las conocidas últimamente como manadas; o el hecho de que cada vez aparezcan implicados menores de más corta edad. En este sentido, la fiscal delegada de Madrid, Antonia Guijarro, apunta a la “gran precocidad y comportamientos y relaciones altamente sexualizados entre menores de muy corta edad”, con significativas cifras de archivos de diligencias por ser los investigados menores de 14 años. 

Esta realidad preocupa en la comunidad educativa, aunque las voces consultadas resaltan que la solución no pasa por la instalación de sistemas de videovigilancia en las aulas. “No es una medida que vaya a mejorar el clima de convivencia de los centros y que tampoco va a resolver el problema de fondo, que es la falta de recursos humanos y materiales producto de las políticas de recorte de los últimos años”, señala Francisco García, secretario de Enseñanza de CCOO.

La propuesta deslizada en la memoria del Ministerio Público se ha topado con el rechazo de los padres y los alumnos. Leticia Cardenal, presidenta de la confederación de asociaciones de padres mayoritaria de la escuela pública, CEAPA, desconfía del uso que se pudiera hacer de esos datos. “¿Quién tendría acceso a esas imágenes y cómo se utilizarían?”, se pregunta. A su juicio, hay que tomar otras medidas contra los abusos y agresiones a menores, como poner en marcha protocolos exhaustivos de detección de este tipo de conductas.

Ana García, portavoz del Sindicato de Estudiantes, califica la idea de “sin sentido”. “No hay que grabar las agresiones que se puedan producir, si no evitar que tengan lugar”, subraya. Para eso, García apuesta por la prevención a través de una mejor educación sexual y afectiva. “Llevamos tiempo reclamando una asignatura específica de educación sexual inclusiva y en libertad, pero nunca hemos tenido respuesta”, lamenta. 

Aunque la memoria de la Fiscalía General del Estado lo ha sacado de nuevo a la luz, el debate sobre la instalación de sistemas de videovigilancia en los centros educativos no es estrictamente nuevo. Estuvo de actualidad en enero de 2017, cuando a la vuelta de las vacaciones de Navidad los alumnos de un instituto de La Seu d'Urgell (Lleida) se encontraron con cámaras en un aula a la que se supone que asistían jóvenes conflictivos. Ante el toque de atención del Departament d’Ensenyament, el centro las retiró antes de que empezaran a funcionar. La Fiscalía de sala de Menores no llegó a actuar en este caso, aunque su máximo responsable asegura que lo hará de producirse algún hecho similar.