El fallido Campus de la Justicia pagaba 5.000 euros al mes a sus trabajadores

La Cámara de Cuentas de Madrid ha ratificado que el Campus de la Justicia fue un sumidero de dinero público sin control alguno. Tras analizar el macroproyecto, ha emitido este viernes un informe de fiscalización en el que repasa todos los agujeros por los que se filtraron 100 millones de euros de dinero público, en una estimación a la baja porque no han podido disponer de toda la documentación. Sueldos medios de 5.000 euros al mes en un organigrama con más directivos que trabajadores, despidos con indemnizaciones millonarias, inversiones millonarias sin control o concursos públicos bajo la sombra del amaño son algunas de las irregularidades detectadas en un proyecto que sigue perdiendo dinero estando ya liquidado.

La Cámara de Cuentas ha fiscalizado todos los años de vida del Campus, los que estuvo en funcionamiento y cuando ya era una sociedad fantasma, sin actividad pero con gastos. En cada epígrafe de sus conclusiones aparece el mismo lamento: no se han encontrado todos los papeles. Faltan contratos, hojas de contabilidad y documentación que acredite algunos pagos. Ante eso, el órgano fiscalizador admite que le ha sido imposible calcular todo el dinero público que se ha tragado el proyecto.

Ponen como ejemplo de sus dificultades que fueron los informáticos de la Cámara de Cuentas quienes tuvieron que acceder a la aplicación donde se encontraban los archivos de Excel con las cuentas del Campus, en uno de los ordenadores de la sociedad que lo gestionaba. Aún así, no encontraron la contabilidad de todos los años.

Más directivos cuando estaba en “declive”

Según el informe, la sociedad pública que gestionaba el Campus estaba descompensada. Tenía más directivos que trabajadores, una situación que se agravó a partir de 2008, cuando la compañía había entrado “inequívocamente en una situación de declive empresarial”. En ese periodo “la estructura directiva de la sociedad no solo no disminuye sino que, por el contrario, se incrementa en el seno organizativo”. Se da, añade el documento, “un incremento exponencial de cargos directivos” que provoca que su gestión no solo sea “inoperativa” sino que además es “antirrentable”, con el consiguiente perjuicio a las arcas públicas.

En el año 2007 por ejemplo, la empresa tenía 10 trabajadores: siete eran directivos y solo tres administrativos. Aunque no se han encontrado muchos de los contratos de trabajo, la Cámara de Cuentas calcula que cobraban de media unos 5.000 euros al mes, con subidas constantes que oscilaban entre el 30 y el 80%. “Lo que resulta sorprendente es que el núcleo incremental de los salarios se da, principalmente, durante el ejercicio 2008, que es cuando la actividad del proyecto de la Mercantil comienza a paralizarse”, destaca el informe.

También hubo descontrol a la hora de los despidos. Los consejeros señalan que no han encontrado la documentación que sustente las causas, pero han visto que en algunos casos se pagaba a los trabajadores indemnizaciones de entre 60 y 80 días por año trabajado, “superiores a las establecidas en la normativa laboral”. En tres casos se acabó pagando a los despedidos mucho más de lo que habían firmado con la empresa en el acuerdo de conformidad.

Edificios sin construir que generan gastos

La Comunidad de Madrid erró a la hora de diseñar el mecanismo que iba a servir para financiar el Campus. Su plan era vender los edificios judiciales antiguos e ingresar 200 millones de euros, que irían a sufragar las nuevas instalaciones. Sin embargo, solo vendieron, “obteniendo en su venta plusvalías de 31,5”. El informe recuerda que las nuevas construcciones -un edificio sin uso y los cimientos del resto- costaron más del doble, unos 80 millones de euros.

En este punto, la Cámara de Cuentas llama la atención sobre que esos inmuebles inservibles han seguido generando gastos. Se sorprenden especialmente de que los edificios del Tribunal Superior de Justicia y de la Audiencia Provincial “sin tener una sola piedra colocada, generaron unos costes de casi 19 millones de euros”.

El capítulo de gastos asciende a los 95,3 millones de euros, en muchas ocasiones sin justificar porque se hicieron en base a una documentación de la que ahora no hay ningún rastro. Ocurre, por ejemplo, con muchos gastos en publicidad. Ascendieron a 6,4 millones de euros destinados a propagar las bondades de la unificación de las sedes judiciales, pero en muchas ocasiones “no consta ni el contrato ni la copia de las inserciones concretas”.

La falta de contratos también afectó a las licitaciones públicas, donde la Cámara sospecha que pudieron producirse amaños. En algunos concursos se potenciaron requisitos para favorecer a compañías concretas o se produjeron concurrencias falsas, una práctica habitual para amañar concursos. Se presentan tres empresas a la oferta, pero las tres están vinculadas entre sí.

Sin datos de las entidades bancarias

El descontrol sobre los gastos es el hilo conductor de todas las conclusiones que han extraído los consejeros de la Cámara de Cuentas. Resaltan que han localizado una transferencia de nueve millones de euros que tardó nueve meses en apuntarse en la contabilidad, y no se apuntó la entidad de destino. Sobre otras transferencias ha sido imposible el control porque las entidades bancarias no han aportado todos los datos.

Con el mismo muro se han encontrado a la hora de fiscalizar los movimientos de las tarjetas de crédito de los directivos de la entidad. “No se ha podido disponer de los datos completos referidos a la operativa de una tarjeta Visa Platino, a pesar de los diversos requerimientos efectuados a la entidad bancaria correspondiente”, lamenta la Cámara de Cuentas, que solo ha podido comprobar que con esa tarjeta se gastaron 15.647 euros sin justificación.

Tampoco han podido saber los consejeros a qué responde el enorme gasto en comidas. “No aparece documentalmente justificado, en general, ni los participantes en esas actividades ni el motivo de las mismas, que permita claramente determinar la justificación de su abono por parte de la sociedad”. También les ha llamado la atención la aparición de unos pagos mensuales de 3.500 euros a un fotógrafo sin que mediase contrato alguno.

El Campus de la Justicia, el proyecto fraguado durante la época de Alberto Ruiz Gallardón, concretado por Esperanza Aguirre y continuado por Ignacio González fue liquidado en 2015 por Cristina Cifuentes. Como colofón, la Cámara de Cuentas recuerda que ya desde 2010 la sociedad pública estaba inmersa en causa de disolución. Eso no evitará que siga perdiendo dinero, porque según el informe aún debe al menos 4,3 millones de euros.

Todos los informes que realiza la Cámara de Cuentas terminan con el capítulo “recomendaciones”, que en este informe ocupa solo tres líneas a modo de resignación. “Al haberse extinguido la Sociedad Campus de la Justicia de Madrid, no se procede, en consecuencia, a realizar eventuales recomendaciones derivadas de los resultados de la fiscalización operada”, finaliza el escrito.