Casado se desmarca de la “lealtad” al Gobierno: rechaza el plan anticrisis y empieza a aliarse con Vox en el Congreso

Bajo la premisa de que no quiere contribuir al “plan del Gobierno para arruinar España”, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha decidido desmarcarse de la “lealtad” que prometió al Ejecutivo al inicio de la emergencia sanitaria del coronavirus. El PP ha rechazado las principales medidas anticrisis aprobadas por el equipo de Pedro Sánchez, al que responsabiliza en exclusiva de los muertos durante la pandemia por “mentir” o actuar de forma “arrogante” e “ineficaz” frente a la COVID-19. Ahora descalifica también la hoja de ruta para la desescalada presentada por el Ejecutivo, tildándola de “sudoku” o “plan de desescalabro”.

Aunque por el momento el PP sí ha respaldado todas las solicitudes de prórroga del estado de alarma planteadas por el Gobierno, Casado mantiene en el aire ese apoyo para la nueva ampliación que propondrá el Ejecutivo en el Consejo de Ministros del próximo martes. “Esperaremos a ver el decreto”, aseguraba el jueves en una entrevista en Antena 3, mientras fuentes de la dirección del partido explican a este diario que “están abiertas todas las posibilidades”.

La nueva estrategia de los populares se ha ido esbozando en la última semana y pasa por unir fuerzas con la extrema derecha de Vox, formación con la que mantienen desde hace meses una pugna por el electorado más conservador y con la que compiten también en dureza contra el Gobierno.

El pasado miércoles se sumaron al partido de Santiago Abascal para no apoyar el decreto del Gobierno que protege a las víctimas de violencia machista durante la pandemia. Y el jueves presentaron la primera iniciativa conjunta para forzar que se sigan celebrando Plenos ordinarios en la Cámara Baja hasta que finalice el actual periodo de sesiones, el 30 de junio.

Las medidas rechazadas

La ruptura del PP del consenso mayoritario en la lucha contra los efectos de la crisis del coronavirus se inició el pasado 9 de abril, tres semanas después de que se decretara el estado de alarma. Los populares votaron entonces en contra de la convalidación del decreto que incluyó medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los efectos derivados del coronavirus, aunque la norma logró ser convalidada pese a la oposición de las derechas.

Este texto incluía, entre otras cuestiones, la obligatoriedad de mantener abiertos, como servicios esenciales, los centros sanitarios y de cuidados de mayores y dependientes; la prohibición del despido por causas relacionadas con la COVID-19; clarificaciones con respecto al mecanismo de los ERTE o la interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales. Asimismo, el decreto que rechazó el PP estableció la contratación pública para hacer frente a la epidemia.

También votaron 'no' los populares al real decreto que reguló el permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no prestaran servicios esenciales durante las dos primeras semanas de abril. La norma fue aprobada por el Ejecutivo con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra la COVID-19. Casado, que ha hecho de la bajada de impuestos una de sus principales banderas incluso durante la emergencia sanitaria, consideró que el texto implicaba cargar los “costes” de la crisis sobre los empresarios y no sobre el Estado.

El PP tampoco apoyó –se abstuvo– el decreto por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la pandemia. Se trata de un paquete con unas 50 actuaciones, que incluyó la prohibición de los desahucios de inquilinos durante seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma, la articulación de microcréditos para los inquilinos en situación vulnerable, la creación de un subsidio para empleadas del hogar afectadas por el cese o reducción de actividad, la concesión de moratorias en el pago de las cotizaciones sociales a empresas y autónomos –una medida exigida paradójicamente por el propio Casado–, y la prohibición a las empresas cortar los suministros básicos de ningún ciudadano durante el estado de alarma.

Contra la “agenda divisiva” del Ejecutivo

El pasado miércoles el PP se sumaba a Vox en su negativa a apoyar la convalidación del Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género ante la crisis del coronavirus, que lleva en vigor desde principios de abril y que el Congreso de los Diputados logró convalidar con el apoyo del resto de los partidos de la Cámara.

Los populares –que rompieron así el espíritu del consenso del Pacto de Estado contra la violencia de género– optaron por la abstención y, por tanto, evitaron respaldar una iniciativa que, entre otras medidas, implicó el refuerzo de los sistemas de atención a las víctimas de la violencia machista mientras dure el confinamiento, un periodo en el que muchas de esas mujeres están forzadas a convivir con sus maltratadores. Pilar Marcos, la diputada del PP encargada de defender la postura del partido durante el Pleno, argumentaba que el Gobierno de trata de imponer una “agenda divisiva”.

El decreto presentaba un paquete de medidas, entre las que se incluyen el refuerzo de los sistemas de atención telefónica y la introducción de un canal a través de WhatsApp, la consideración como esenciales de los servicios de atención a las víctimas de violencia machista, la garantía del normal funcionamiento de centros de emergencia y acogida, pisos tutelados y alojamientos seguros, así como la disponibilidad de establecimientos de alojamiento turístico en el caso de ausencia de vacantes en los centros designados durante el estado de alarma.

Casado también se opone al plan de desescalada presentado por el Ejecutivo, que se compone de cuatro fases que se irán adoptando en cada territorio –provincias o islas– en función de la evolución de la pandemia y que fija finales de junio como el plazo máximo para establecer la “nueva normalidad” en el conjunto del país.

“No podemos ser cómplices de la ruina”

“El PP estará siempre arrimando el hombro para salir de esta situación, apoyando a los presidentes autonómicos, a los alcaldes y al Gobierno cuando plantee medidas sensatas y positivas, pero no podemos ser cómplices de planes que nos llevan a una ruina económica y que no nos garantiza la protección sanitaria de la población. Así no”, enfatizaba Casado el jueves. “Más que un plan de desescalada es un plan de descalabro”, añadía.

La ruptura total con el Gobierno, solo interrumpida brevemente por el acuerdo alcanzado entre Sánchez y Casado el 20 de abril para crear una Comisión para la Reconstrucción en el Congreso, puede llevar al PP a dejar de apoyar más prórrogas del estado de alarma en la Cámara Baja. Existe un debate interno en las filas populares sobre si se debe seguir respaldando a un Ejecutivo que consideran contrario a los intereses de España.

El jueves, el portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, reconocía que existe un “rechazo interno” en las filas de su partido a que la formación esté apoyando las sucesivas prórrogas del estado de alarma solicitadas por el Gobierno ante la crisis del coronavirus.

“¿Usted sabe el rechazo que tenemos interno muchas veces entre muchos simpatizantes que no entienden que el PP dé su apoyo a los decretos de Sánchez con la que está haciendo Sánchez?”, le preguntaba Maroto a la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, durante la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado. Horas más tarde, Casado evitaba aclarar cuál será la postura de su partido en el próximo Pleno.

“Continúa la agenda radical del Gobierno”

A nivel interno, la dirección popular está preparando el terreno para justificar su ruptura del consenso. En un argumentario enviado la pasada semana por el equipo de Casado a todos los dirigentes del PP –al que ha tenido acceso eldiario.es– la cúpula del partido pide a sus cargos insistir en la idea de que “continúa la agenda radical del Gobierno”.

“Sánchez miente cuando dice que no están aprovechando la crisis para avanzar en su agenda radical. Ahí están ejemplos que se producen diariamente de su gobierno con ataques y amenazas a la oposición, al Rey, a la independencia judicial, a los medios de comunicación, a la libertad educativa o a la de expresión de los españoles en redes sociales”, sostienen esos documentos internos.